Home Page > News Item > Honduras debe demostrar un compromiso genuino con la libertad de expresión en la revisión de la ONU

7 de mayo de 2015

PEN International ha dicho hoy que el Estado de Honduras debe cumplir las promesas hechas a la comunidad internacional de proteger a los periodistas, luchar contra la impunidad de los ataques y proteger la libertad de expresión, dando un testimonio honesto de sus avances y limitaciones en las Naciones Unidas en Ginebra el viernes.

El segundo Examen Periódico Universal (EPU) del historial de derechos humanos de Honduras se llevará a cabo en el contexto de la espiral de violencia contra periodistas existente en el país y las crecientes restricciones en la capacidad de estos para trabajar con libertad, a pesar de las promesas hechas en sentido contrario en la revisión anterior en noviembre de 2010.

El EPU de Honduras del 8 de mayo no debe tratarse solo de hacer discursos para maquillar la imagen internacional del país”, dijo Dina Meza, presidenta de PEN Honduras. “Exigimos acción y no palabras”.

Además de la aceptación de las recomendaciones, el Estado hondureño debe presentar un cronograma de acciones planificadas que puedan ser monitoreadas por la comunidad internacional con el objetivo de dar una respuesta rápida a las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto”.

La revisión de mañana es probable que incluya la discusión y aprobación, por parte del Congreso de Honduras del 15 de abril 2015, de una ley para proteger a los periodistas, a los comunicadores sociales, a los defensores de derechos humanos y a los profesionales de la justicia, después de casi dos años en proyecto. La aprobación de una ley destinada a proteger a los periodistas es un paso positivo que PEN ya había pedido con anterioridad.

Sin embargo, el mecanismo oficial de protección establecido por la presente ley sólo se puede implementar de manera significativa si se asignan suficientes recursos financieros, humanos y técnicos y si incluye la plena participación de periodistas y otros organismos representativos de la sociedad civil.

Por otra parte, ningún mecanismo de protección puede mejorar la seguridad si se permite que persista la impunidad de los ataques a periodistas.

A pesar de los compromisos asumidos por el Estado de Honduras en el último EPU, las administraciones actuales y anteriores han mostrado una falta de voluntad política para investigar violaciones de la libertad de expresión y proteger a los periodistas. Por otra parte, las numerosas iniciativas para luchar contra la impunidad han dado escasos resultados concretos.

Al menos 30 periodistas han sido asesinados en Honduras desde el último examen periódico universal y al menos 48 desde 2003. Sólo se han obtenido condenas para cuatro de estos asesinatos. Los 44 restantes siguen sin resolver —una tasa de impunidad de casi el 92 por ciento—. Incluso en los casos de condenas, la justicia es solo parcial y ninguno de los autores intelectuales ha sido procesado.

Entretanto, hay nuevas leyes y prácticas introducidas desde el último EPU que restringen cada vez más la capacidad de los periodistas e investigadores para trabajar libremente en Honduras.

La Ley Especial de 2011 sobre la interceptación de comunicaciones privadas ha sido criticada por ser contraria al derecho a la privacidad y por permitir potencialmente la vigilancia arbitraria por parte del Estado.

La Ley de 2014 de secretos oficiales y clasificación de la información deroga efectivamente la ley de acceso a la información de 2006, lo que hace que dicho acceso sea arbitrario y que dependa de la voluntad de los funcionarios individuales.

Es preocupante que el actual gobierno haya quitado también la prioridad a una promesa hecha por la administración anterior para despenalizar parcialmente la difamación, que todavía se castiga con hasta cinco años de prisión. Esto tiene un efecto amedrentador sobre los periodistas, contra los que a veces se llevan a cabo dichas demandas con la intención de silenciarlos —como ilustra el caso del periodista de TV Globo, Julio Ernesto Alvarado, miembro fundador de PEN Honduras.

Alvarado fue condenado a una pena de 16 meses de prisión y se le prohibió trabajar durante el mismo periodo de tiempo en diciembre de 2013 por informar sobre las denuncias de corrupción de un decano de una universidad estatal. El Estado de Honduras ha ignorado hasta la fecha un fallo de noviembre de 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de suspender la condena mientras se investiga el caso. El caso fue destacado por el Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión del Día Mundial de la Libertad de la Prensa del 3 de mayo de 2015 que subraya la importancia de la despenalización de la difamación en las Américas.

A pesar de los compromisos internacionales del Estado de Honduras de respetar y promover los derechos culturales, hay escritores en el país que han lamentado la falta de inversión en el sector cultural y de una política a largo plazo para promover la formación, la producción y la investigación, sobre todo desde el golpe de estado.

El estado tampoco ha cumplido su promesa de 2010 de firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, que daría hondureños el derecho a presentar quejas individuales ante la ONU acerca de la violación de estos derechos.

PEN International pide a las autoridades hondureñas que:

  • Mejoren las investigaciones de los crímenes contra periodistas mediante el desarrollo de protocolos especializados, con recursos adecuados, dentro del Ministerio Público que prioricen cualquier vínculo con su profesión, y garanticen que todos los fiscales y policías que participen en este tipo de investigaciones tengan un conocimiento profundo de la labor periodística y los derechos humanos.
  • Se aseguren de que la nueva ley de protección al periodista se aplique con eficacia a través de suficientes recursos financieros, humanos y técnicos y la participación significativa de los periodistas y otros organismos representativos de la sociedad civil.
  • Despenalicen la difamación y la conviertan en un delito civil.
  • Revisen la Ley de secretos oficiales y clasificación de la información para asegurarse de que no puede utilizarse para restringir indebidamente el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a recibir información.
  • Deroguen la Ley especial sobre la interceptación de comunicaciones privadas y se aseguren de que se revisan que todas las prácticas actuales de vigilancia para garantizar que cumplen las normas internacionales sobre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.
  • Desarrollen e implementen una política nacional adecuadamente financiada y no discriminatoria para fomentar la formación, la producción y la investigación en la cultura y las artes en plena consulta con todos los sectores de la sociedad civil.
  • Firmen  y ratifiquen el Protocolo facultativo del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

Para leer las recomendaciones completas de PEN, haga clic aquí

Para leer el informe sombra de PEN en la ONU, haga clic aquí

Para firmar una petición al Estado hondureño para que suspenda la sentencia de Julio Ernesto Alvarado en línea con la decisión de la CIDH, haga clic aquí

Para leer una declaración de PEN Honduras, haga clic aquí

 

Traducido por Jesús Bolaño Quintero

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