Honduras: en el Día de Libertad de Prensa, continua la impunidad por los asesinatos de periodistas y ataques que deterioran los avances de los medios


En vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), PEN International acoge con satisfacción las recientes condenas por los asesinatos de los periodistas Aníbal Barrow y Alfredo Villatoro Rivera. Aun así, PEN destaca que solo uno de entre como mínimo seis sospechosos del caso Barrow fueron condenados, la sentencia de los asesinos de Villatoro se ha retrasado y aquellos que ordenaron ambos asesinatos no han sido todavía encontrados. Además, durante cinco meses, no ha habido progreso en la investigación del asesinato en diciembre de 2013 del propietario de la estación de radio y reportero Carlos Argeñal Medina, mientras que un familiar que buscaba justicia por su asesinato ha sido sujeto a intimidación. De 38 periodistas asesinados en Honduras desde 2003, solo cuatro casos han sido condenados, una tasa de impunidad del 90 por ciento. Los ataques contra periodistas continúan sin cesar, como lo demuestran el último asesinato de otro trabajador de los medios en abril – aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado su protección- y el acoso judicial contra el periodista Julio Ernesto Alvarado que fue condenado por el delito de difamación.

PEN International pide a las autoridades de Honduras que:

  • Lleven a cabo rápidamente una investigación completa, imparcial e independiente sobre el asesinato de Juan Carlos Medina Argeñal, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
  • Aseguren que se establezcan cuerpos de investigación y protocoles apropiados para crímenes cometidos contra periodistas, con los recursos adecuados, y que aseguren que esta clase de crímenes son exhaustivamente investigados, priorizando cualquier conexión con sus responsabilidades profesionales.
  • Anulen la condena de Julio Ernesto Alvarado y la condena por difamación penal, que investiguen las amenazas que ha recibido y que le proporcionen la protección adecuada;
  • Establezcan mecanismos de protección efectiva para periodistas y defensores de los derechos humanos con previa consulta con la sociedad civil;
  • Mejoren la implementación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para periodistas y defensores de los derechos humanos.

Por favor, envía apelaciones reiterando las demandas de PEN (enumeradas anteriormente) a:

Ministro de Justicia

Señor Oscar Chinchilla Banegas Ministerio Público
Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana Edificio Lomas Plaza II Tegucigalpa, Honduras
Fax +504 2221 5667
Twitter: @MP_Honduras
Salutación: Dear Attorney General / Señor Fiscal General

Ministro de Interior

Señor Arturo Corrales Secretaria de Estado en el Despacho de ́ Seguridad
Aldea el Ocotal, Antiguo Local de la Academia Nacional de Policia ANAPO Tegucigalpa, Honduras
Email: comunicacionCNDS@gmail.com
Salutación: Señor Ministro del Interior/ Dear Minister of Interior

Por favor, envía una copa de tu apelación a tu representativo diplomático de Honduras más cercano (el contacto detallado de las embajadas hondureñas es enumerado aquí: http://embassy.goabroad.com/embassies-of/honduras)

Por favor envía apelaciones inmediatamente. Para enviar apelaciones después del 3 de junio de 2014 consulta con PEN International.

PEN International acoge con satisfacción los recientes avances hechos por el gobierno de Honduras para corregir la impunidad contra los asesinatos de periodistas, incluyendo las condenas de los casos de junio/julio 2013 por el asesinato del presentador de noticias de Globo TV Aníbal Barrow y el asesinato del 15 de mayo de 2012 del director de Radio HRN Ángel alfredo Villatoro Rivera. En marzo de 2014, Gabriel Armando Castellanos Pérez fue declarado culpable de matar a Barrow; según informes, se enfrenta a un máximo de ocho años de prisión ya que cuando cometió el crimen era menor. El 25 de marzo, Marvín Alonso Gómez y sus hermanos Osman Fernando y Edgardo Francisco Osorio Arguijo fueron condenados por secuestro agravado y asesinato de Villatoro, enfrentándose a cadena perpétua. PEN también celebra la respuesta del gobierno de Honduras a las preocupaciones y recomendaciones incluidas en el informe reunido por PEN Honduras: Periodismo en la sombra de la impunidad durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 25 de marzo de 2014.

Sin embargo, PEN señala que como mínimo cinco sospechosos del caso Barrow aún tienen que ir a juicio, la sentencia de los tres asesinos de Villatoro se ha retrasado al 14 de mayo, y los autores intelectuales de ambos asesinatos aún deben ser encontrados.

Mientras tanto, ataques mortales contra los medios de comunicación en Honduras continúan sin cesar, como lo demuestra el asesinato del 11 de abril del trabajador de los medios Carlos Hilario Mejía Orellana. Mejía , quien trabajo como responsable de marketing de Radio Progreso, fue asesinado a puñaladas en su domicilio en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, en el norte de Honduras. Había recibido amenazas en el pasado, supuestamente en relación con su labor de promoción de los derechos humanos y la justicia social para Radio Progreso y el Equipo de Reflexión , Investigación y Comunicación (ERIC); ambos la estación de radio y ERIC son proyectos de la Compañía de Jesús. La CIDH ordenó al gobierno de Honduras que protegiera a los trabajadores de los medios en 2009, 2010 y 2011. Sin embargo, las autoridades no investigaron las amenazas contra Mejía y unos 17 otros miembros de Radio Progreso, a los que también se otorgaron medidas cautelares de la CIDH tras el golpe de Estado de 2009, no se les proporciono una protección eficaz. El 14 de julio de 2011, un corresponsal de Radio Progreso, Nery Jeremías Orellana, fue asesinado a tiros; su asesinato sigue sin resolverse.

De hecho, de 38 periodistas asesinados en Honduras desde 2003 – 32 de los cuales se han producido desde el golpe de Estado que derrocó al presidente José Manuel Zelaya en junio de 2009 – sólo 10 casos han sido juzgados y sólo cuatro han resultado en una condena, de acuerdo con cifras proporcionadas por el gobierno durante la audiencia en la CIDH en marzo. Por tanto, la impunidad sigue siendo la norma en el 89,5 por ciento de estos casos, debido a investigaciones inadecuadas derivadas de la insuficiencia de recursos, la ineptitud burocrática, culpas a los demás y la negación.

01Un ejemplo de ello es Juan Carlos Argeñal Medina, el último periodista que ha sido víctima de la violencia que padece el país. Casi cinco meses después de su muerte a tiros en diciembre de 2013, la investigación sobre su asesinato sigue estancada, mientras que un familiar en busca de justicia por el delito ha sido objeto de intimidación y amenazas.

El propietario de la emisora cristiana Vida Televisión y corresponsal de las estaciones de la oposición Globo TV y Radio Globo en Danlí, Juan Carlos Argeñal Medina fue asesinado a tiros en su casa por hombres armados no identificados. Juan Carlos había cubierto casos de corrupción por parte del gobierno local pocos meses antes de su asesinato y había denunciado haber recibido amenazas de muerte. También había sido amenazado previamente por revelar la corrupción que hay en hospitales locales. Argeñal también era miembro de Libertad y Refundación (LIBRE) y, Vida de Televisión, expresó su apoyo al partido. LIBRE es el brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), una coalición de políticos, sindicatos y grupos indígenas liderados por Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del ex presidente Zelaya.

Unos 150 días más tarde, el asesinato de Argeñal sigue sin resolverse. El hermano del periodista, Mario Argeñal, que ha estado activo en la exigencia de justicia por el homicidio, ha dicho a PEN que no ha habido ningún avance en la investigación y que la impresión general es que no hay absolutamente ningún interés por parte del Estado en la solución del crimen. Según Mario Argeñal, la policía ni siquiera ha tomado medidas básicas tales como mirar los contactos en el teléfono móvil del periodista y convocar a los sospechosos para ser investigados, mientras que la persona a cargo del caso es aparentemente ocupada con otras tareas. Mario Argeñal dice que las peticiones de la familia para que el caso sea asignado a investigadores de fuera de la zona por miedo a que la policía local pueda ser corrupta o estar implicada en el crimen han sido ignoradas, al igual que la recomendación hecha por un grupo local a favor de los derechos humanos de que el caso debe ser dirigido por un Fiscal Especial.

Mario Argeñal fue sujeto a intimidación y a vigilancia mediante vehículos dando vueltas y vigilando su casa, en diciembre y febrero de 2014. Había concedido varias entrevistas a los medios nacionales sobre el asesinato de su hermano, conectándolo con sus informes de corrupción en el gobierno local y también había servido de enlace con las autoridades en busca de justicia.

Globo TV y Radio Globo a menudo han sido blanco de ataques en el pasado. Dos periodistas de Globo TV, fueron asesinados el año pasado: el presentador Aníbal Barrow en junio / julio (véase más arriba) y el camarógrafo Manuel Murillo Varela en octubre de 2013. Otra periodista fue asesinada en diciembre de 2011, Luz Marina Paz Villalobos, quien también había trabajado anteriormente para Radio Globo. Mientras que uno de como mínimo seis sospechosos en el caso Barrow ha sido condenado, los otros dos asesinatos siguen sin resolverse.

02Por otra parte, Julio Ernesto Alvarado, director y presentador del programa de noticias “Mi Nación” en Globo TV, ha sido objeto de amenazas y acoso judicial. En diciembre de 2013, Alvarado, fue condenado en apelación a una pena de prisión de 16 meses y la prohibición de ejercer el periodismo por cubrir las denuncias de corrupción en una universidad local en 2006. El caso fue presentado por el diácono universidad Belinda Flores, cuya presunta implicación en el tráfico de influencias y falsificación de títulos universitarios había sido cubierto por tres ediciones de ‘Mi Nación “en 2006.

Alvarado y dos profesores universitarios que habían aparecido en el show de Alvarado para discutir las acusaciones habían sido despojados de sus cargos en marzo de 2011. Sin embargo, Flores apeló la decisión y en diciembre de 2013 la Corte Suprema de Justicia en la capital Tegucigalpa condenó a Alvarado de difamación penal – a pesar del hecho de que el veredicto de no culpabilidad fue confirmado para los dos profesores y de que el Tribunal dio por sentado que Flores era de hecho implicada en algún delito.

Tras su condena, Alvarado fue objeto de hostigamiento y amenazas a principios de 2014 a través de su página de Facebook y la del periodista y defensor de los derechos humanos Dina Meza, quien publico varios post en protesta por la sentencia de Alvarado. El 7 de febrero Alvarado recibió un mensaje de Facebook amenazando a él y a los miembros de su familia de muerte. PEN Internacional ha protestado por la condena de Alvarado ya que los motivos son políticos y ha pedido a las autoridades que investiguen las amenazas en su contra. Alvarado sufrió durante meses amenazas y hostigamientos que culminaron en un presunto atentado contra su vida, y lo llevó a suspender su programa de radio en Radio Globo el marzo de 2013.

Como resultado de las intimidaciones y de una falta de imparcialidad en el sistema de justicia, Alvarado decidió no recurrir su condena, optando a cambio por pagar una multa de 10 lempiras por día de su sentencia (unos 250 $ en total) para no entrar en prisión. En una audiencia el 28 de abril de 2014, el juez levantó también la prohibición de practicar el periodismo. Después de la audiencia, Alvarado dio gracias a la prensa por seguir su caso y apeló por la unidad entre los periodistas, afirmando:”No debemos pensar en nosotros mismos como periodistas de diferentes ideologías, ya que estamos unidos por la lucha para defender nuestro derecho a expresarnos libremente. Si estamos aislados las cosas serán peores y todos podríamos ser encarcelados ”

Aún así, la batalla no ha acabado. El abogado de la demandante anunció que apelará la decisión del juez de revocar la prohibición de trabajo y que también quiere iniciar procedimientos civiles por difamación contra Alvarado. Si dicha apelación es satisfactoria, el demandante podría enfrentarse a grandes daños que, en última instancia, podrían llevar a prisión a Alvarado si no es capaz de pagar.

Para más detalles por favor contacta Tamsin Mitchell, Americas Researcher/Campaigner, Writers in Prison Committee, PEN International, Brownlow House, 50-51 High Holborn, London WC1V 6ER Tel: +44 (0) 207 405 0338 Fax +44 (0) 207 405 0339 email: tamsin.mitchell@pen-international.org

Translated by Alba Muñoz Pou