Honduras: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a proteger al periodista Julio Ernesto Alvarado


Honduras: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a proteger al periodista Julio Ernesto Alvarado

Julio Ernesto Alvarado has been banned from working as a journalist for 16 months. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería requerir a Honduras que adoptara medidas cautelares para proteger el derecho a la libertad de expresión del periodista Julio Ernesto Alvarado, ha declarado hoy PEN International.

El 29 de mayo de 2014, la organización mundial de escritores presentó una petición ante la CIDH, conjuntamente con la abogada hondureña Kenia Oliva Cardona y la periodista hondureña y activista pro derechos Dina Meza. La petición argumenta que una sentencia de prisión y 16 meses de prohibición para ejercer el periodismo, impuesta a Julio Ernesto Alvarado, director y presentador del programa de noticias “Mi Nación” en Globo TV, por cubrir las denuncias de corrupción en una universidad local en 2006, viola su derecho a la libertad de expresión por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

‘Julio Ernesto Alvarado —como muchos otros periodistas en Honduras— ha sido objeto de amenazas y hostigamiento judicial durante años”, dijo Marian Botsford Fraser, Presidenta del Comité de Escritores en Prisión de PEN International.

‘Hacemos una llamada a la CIDH para que adopte una actitud firme hacia el apoyo a los periodistas en Honduras que se enfrentan a un ataque multilateral en la práctica de su profesión, exigiendo al Estado que tome medidas cautelares.’

Al menos 40 periodistas han sido asesinados en el país desde 2003 —35 desde el golpe de Estado de junio de 2009—, otros son objeto de amenazas, demandas y otros ataques en un intento de evitar que prosigan con su vital labor de denunciar y hacer responsables a los funcionarios.

La sentencia de diciembre de 2013 de Alvarado, impuesta en segunda instancia, en relación con una denuncia presentada por Belinda Flores, decana de la universidad, cuya presunta implicación en el tráfico de influencias y falsificación de títulos universitarios había sido cubierta por tres ediciones de “Mi Nación” en 2006.

A Alvarado y a otros dos profesores universitarios que habían aparecido en el programa de Alvarado para discutir las acusaciones, se les retiraron los cargos en marzo de 2011. Sin embargo Flores apeló la decisión y en diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia en la capital, Tegucigalpa, condenó a Alvarado por difamación criminal —a pesar de que el veredicto de no culpabilidad fue confirmado por los dos profesores y de que el Tribunal dio por probado que Flores estaba implicada en algún delito.

Tras su condena, Alvarado fue objeto de hostigamiento y amenazas a principios de 2014 a través de su página de Facebook y de la de la periodista y defensora de los derechos humanos Dina Meza, que hizo varias publicaciones protestando por la sentencia de Alvarado. Un mensaje a la cuenta de Facebook de Alvarado, con fecha de 7 de febrero, lo amenazaba de muerte a él y a miembros de su familia. PEN International protestó por considerar que la condena de Alvarado tenía motivaciones políticas y pidió a las autoridades que investigaran las amenazas. Previamente, Alvarado había sufrido meses de amenazas y hostigamientos que culminaron en un presunto atentado contra su vida que lo llevó a suspender su programa de en Radio Globo en marzo 2013.

Como resultado de esta intimidación y la falta de fe en la imparcialidad del sistema de justicia, Alvarado decidió no apelar su condena y optó por pagar una multa de 10 lempiras por cada día de condena (unos 250 dólares estadounidenses) con el fin de evitar el encarcelamiento. El 28 de abril de 2014, en una audiencia, el juez levantó también la prohibición de ejercer el periodismo. Después de la audiencia, Alvarado agradeció a la prensa por seguir su caso y apeló a la unidad entre los periodistas afirmando: “No debemos pensar en nosotros mismos como periodistas de diferentes ideologías, ya que estamos unidos por la lucha para defender nuestro derecho a expresarnos libremente. Si estamos aislados, las cosas irán a peor y todos podríamos ser encarcelados”.

Sin embargo, el 2 de mayo de 2014, el abogado de Flores apeló la decisión del juez de anular la prohibición de trabajo impuesta a Alvarado. Flores también ha indicado que pretende iniciar procedimientos civiles contra el periodista por difamación. Si dicha demanda tiene éxito, se le podría otorgar el derecho al cobro por grandes daños, lo que en última instancia podría llevar al encarcelamiento de Alvarado si no pudiera pagar.

La petición de PEN sostiene que Alvarado se encuentra en riesgo de sufrir un daño irreparable a su derecho a la libertad de expresión a causa los procesos penales, que han durado casi ocho años y que ahora amenazan con retirarle su derecho a trabajar como periodista y sus propiedades.

PEN y sus co-demandantes piden a la CIDH que solicite al Estado de Honduras que adopte medidas cautelares para evitar el daño irreparable a los derechos de Alvarado y la sociedad en general. El Estado de Honduras debe llevar a cabo una investigación sobre el caso de Alvarado y evitar la ejecución de la sentencia, afirma la petición, que también hace un llamamiento al estado para que proporcione al periodista guardaespaldas de la policía para proteger su vida e integridad física.

En virtud del Reglamento de la CIDH, en situaciones graves o de urgencia, la Comisión puede solicitar a un estado que adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas que están bajo la jurisdicción de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. La CIDH ha establecido previamente que la sentencia que prohíbe la práctica de la profesión de periodista no sólo limita el derecho a la libertad de expresión, sino que también causa un daño irreparable al honor de la persona condenada.

Estas medidas han protegido a miles de personas en toda América desde que el mecanismo fue introducido en 1967.

En un informe de enero de 2014 Honduras: periodismo a la sombra de la impunidad, PEN International, PEN Canadá y el Programa International de Derechos Humanos (International Human Rights Program, IHRP) de la Universidad de Toronto, destacaron el empeoramiento de la situación de los periodistas y otros escritores en Honduras.

Para más información, póngase en contacto con Tamsin Mitchell, Investigador/Activista de América, en PEN International, Brownlow House, 50/51 High Holborn, Londres WC1V 6ER, Tel: +44 (0) 20 7405 0338; Fax: +44 (0) 20 7405 0339; email: tamsin.mitchell@pen-international.org

(Translated by Jesús Bolaño)