Home Page > News Item > PEN Club de México Condena Asesinatos a Periodistas en Veracruz

4 de mayo de 2012

Atención medios de comunicación, organizaciones civiles y gubernamentales:

Ante los asesinatos de la reportera Regina Martínez y los fotoreporteros Guillermo Luna y Gabriel Huge de esta semana en Veracruz el PEN club de México vuelve a hacer un llamado para frenar la Guerra contra periodistas en México.

A pesar de sus obligaciones constitucionales e internacionales, en México se continúan violando los derechos humanos de periodistas y escritores. Los derechos violados incluyen el derecho a la vida, así como el derecho a no ser torturado, al trabajo y a la libertad de expresión.

Los crímenes cometidos contra periodistas no son investigados adecuadamente y las autoridades han fallado en investigar y sancionar efectivamente por lo menos el 90% de los casos. A pesar de su nombre, el Fiscal Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión no tiene competencia para investigar los crímenes ni presentar cargos, o combatir casos vinculados con organizaciones relacionadas con el narcotráfico.

Existe una red de normas que limitan la expresión y la denuncia de actos de corrupción.Catorce estados en el país mantienen leyes que criminalizan la expresión. Las normas de difamación civil (o daño moral) son utilizadas para hostigar a periodistas que revelan corrupción. El marco regulatorio obstaculiza la diversidad de medios favoreciendo la concentración.

LA SITUACIÓN ES URGENTE Y REQUIERE UNA RESPUESTA INMEDIATA. EL GOBIERNO MEXICANO DEBE:

1. Asegurar que el llamado mecanismo para proteger y prevenir agresiones contra periodistas sea transparente y accesible, que cuente con personal con el conocimiento técnico y recursos adecuados, y que pueda adoptar e instrumentar decisiones vinculantes sobre la protección.

2. Asegurar investigaciones y juicios expeditos, sólidos e imparciales de todo perpetrador, que se lleven a cabo en el orden federal, y destinar los recursos necesarios que permitan lo anterior.

3. Reformar las normas y políticas que aseguren que periodistas y medios con orientación diversa puedan operar sin amenaza de una sanción legal.

4. Reformar las normas para asegurar que todos los delitos cometidos presuntamente por miembros de las fuerzas de seguridad sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles.

EL GOBIERNO DE CANADÁ, DE ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA DEBEN:

5. Colocar esta situación en la agenda de política exterior, insistiendo en que se instrumenten las recomendaciones antes citadas.

6. Condicionar el futuro apoyo en materia de lucha antinarcóticos a que el gobierno tome acciones genuinas y efectivas para atender violaciones graves a derechos humanos cometidas contra periodistas.

7. Enfrentar el consumo de drogas en sus propios países y combatir el trafico internacional de narcoticos y armas.

Jennifer Clement
Presidente

Aline Davidoff
Vicepresidente

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