Home Page > News Item > Perú: anule la sentencia por difamación del periodista Rafo León
Rafo León (La República)

Rafo León (La República)

12 de mayo de 2016

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN (actualización 1 del llamamiento a la acción del 27 de abril de 2016):

El 3 de mayo de 2016 –Día Mundial de la Libertad de Prensa–, un tribunal de Lima declaró culpable al periodista y escritor peruano Rafael León Rodríguez (Rafo León) por el delito de “difamación agravada” hacia otro colega periodista basándose en un artículo de opinión del año 2014. León debe pagar al demandante 6.000 soles (unos USD$1.800) por daños, y debe cumplir un periodo de un año de “buen comportamiento” para evitar una sanción penal. León ha recurrido.

PEN International cree que condenar penalmente por difamación a León es una violación de su derecho a la libertad de expresión y de opinión, protegidos por la legislación nacional e internacional. PEN insta a las autoridades peruanas a que anulen la sentencia y a que eliminen la difamación del código penal para que pase a ser un delito civil.

¡ACTÚA! Compártelo en Facebook, Twitter y otras redes sociales.

Por favor, envía peticiones:

  • Instando a las autoridades peruanas a que anulen la sentencia del periodista y escritor Rafo León por difamación agravada, que PEN considera una violación de su derecho a la libertad de expresión y opinión protegidas por la legislación nacional e internacional;
  • Pidiéndoles a las autoridades que revisen las condenas y sentencias de los demás escritores y periodistas condenados por difamación criminal para que sean anuladas;
  • Recordando al Congreso de la República su promesa de eliminar la difamación del código penal y de hacerla un delito civil, e instándolos a cumplir esta promesa de forma urgente.

Direcciones:

Víctor Ticona Postigo
President of the Judiciary (Presidente del Poder Judicial)
Poder Judicial,
Av. Paseo de la República S/N, Palacio de Justicia,
Cercado, Lima,Peru
Email: vticona@pj.gob.pe
Fax: +51 1 4283690
Telephone: +51 1 428 3690
Twitter: @Poder_Judicial_

Ana María Aranda Rodríguez
Head of the Judicial Control Office of the Judiciary
(Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial)
Oficina de Control de la Magistratura – OCMA,
Av. Paseo de la República s/n – 2do. piso – Palacio de Justicia,
Lima,Peru
Email: ocmapj@pj.gob.pe Telephone: +51 1 410 1010

Luis Carlos Antonio Iberico Nuñez
President of the Peruvian Congress
(Presidente del Congreso de la República)
Congreso de la República,
Plaza Bolívar
Av. Abancay s/n,
Lima,Peru
Email: liberico@congreso.gob.pe
Telephone: +51 1 311 7777
Twitter: @congresoperu

Twitter:

#Peru: Overturn journalist #RafoLeon’s sentence for criminal defamation @congresoperu @Poder_Judicial @pen_int [insert link]

Recomendamos que se envíe una copia de las apelaciones al Defensor del Pueblo de Perú, Eduardo Vega Luna, a la dirección defensor@defensoria.gob.pe y, también, a través del representante diplomático de Perú más cercano.

**Por favor, póngase en contacto con la oficina PEN de Londres si van a enviar las peticiones después del 10 de julio de 2016**

Se ruega que se nos mantenga informados de cualquier acción que se tome en relación con el caso de Rafo León, incluyendo cualquier respuesta que recibida por parte de las autoridades.

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Se anima a los miembros de PEN a que:

  • Publiquen artículos informativos y de opinión en la prensa nacional o local, destacando el caso de Rafo León en Perú.
  • Compartan información sobre Rafo León y sus actividades de campaña a través de los medios sociales.

SOLIDARIDAD

Se pueden enviar mensajes de solidaridad a Rafo León a través de Tamsin Mitchell
tamsin.mitchell@pen-international.org

Antecedentes

El periodista y escritor peruano Rafael León Rodríguez (conocido como Rafo León) (nacido en 1950) es conocido por sus columnas para la revista de noticias Caretas, por sus relatos de viajes y por sus relatos cortos.

El 3 de mayo de 2016 —Día Mundial de la Libertad de Prensa— una jueza de la Corte Penal 40º de Lima encontró culpable de León por “difamación agravada” de la periodista Martha Meier Miró Quesada. En virtud del artículo 132 del Código Penal peruano, la difamación se “agrava” cuando las palabras ofensivas se difunden en forma impresa o a través de los medios de comunicación.

León fue condenado a pagar al demandante 6.000 soles (unos USD $1.800) en concepto de daños y perjuicios. En su fallo, la jueza retuvo una condena penal, sujeta a que León complete un año de “buen comportamiento”; el fallo se terminará al final de este período. Durante 12 meses, León estará obligado a informar a la jueza de cualquier cambio en su dirección y de informar a la Oficina de Control Biométrico mensualmente. Es probable que también le sea necesario solicitar permiso para viajar al extranjero, entre otras estipulaciones.

En virtud del artículo 65 del Código Penal, si León no cumple con alguna de estas reglas, la jueza podría alargar el período de “buen comportamiento” hasta seis meses o revocar la sentencia original y condenarlo por lo penal, lo que llevaría a una posible pena de prisión. Del mismo modo, si se considera que León haya cometido otro delito, la jueza también anularía la sentencia actual y lo condenaría (artículo 66). Si, por otra parte, se considera que ha respetado las reglas, el plazo expirará al cabo de 12 meses y no recibirá condena penal (artículo 67).

Después de la sentencia, León le dijo a la jueza: “Yo quiero decir que estoy en desacuerdo con la sentencia. Yo vivo en el país democrático como todos menos Ud. que vive en una isla de autoritarismo […] y de violaciones de derechos humanos […] Voy a apelar a las máximas instancias.”

León recurrió la sentencia inmediatamente después que fuera leída, según su abogado, Roberto Pereira. La sentencia suspendida no entrará en vigor hasta que haya sido confirmada por un tribunal de apelación.

La demanda contra León fue interpuesta en 2014 por Martha Meier Miró Quesada, que entonces era editora general y columnista de El Comercio, uno de los periódicos más importantes del país. La demanda proviene de un artículo de opinión que León publicó en su columna habitual de la revista Caretas en junio de 2014. Dicha columna fue publicada en respuesta a una columna anterior publicada por Meier en El Comercio en la que se criticaba a la entonces Alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente. En esta columna satírica, León decía que Meier no proporcionaba argumentos sólidos para sus críticas; también socavaba sus credenciales como periodista ambiental; y cuestionaba su idoneidad para continuar como editora de El Comercio.

Alegando que había sido insultada y humillada por su “misógina” columna, Meier demandó a León por difamación en agosto de 2014. No se presentaron cargos contra Caretas. León respondió que su columna hacía uso de la ironía y la retórica para comentar un asunto de interés público, pero que de ninguna manera fue su intención insultar. También argüía que, al ser un artículo de opinión, no puede ser sometido a una prueba de verdad. León también ha indicado que la columna de Meier fue la última pieza en una serie de artículos —a menudo descuidados y no corroborados— publicados en El Comercio, en los que se denigraba a la exalcaldesa.

Meier, que pertenece a la familia Miró Quesada, propietaria de El Comercio, fue despedida por el periódico en 2015. Su despido se debió a otra polémica columna, pero, durante el juicio, al parecer, alegó que la columna de León fue un factor contribuyente.

El 23 de marzo de 2016, León fue llamado a presentarse ante el tribunal el día 3 de mayo para la lectura del fallo —más de nueve meses después de que el juicio terminase en julio de 2015. La defensa de León pidió que se anulase la pena y que se celebrara un nuevo juicio, alegando retrasos injustificados e irregularidades en el proceso. Esta solicitud, que contaba con el apoyo del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), organización para la libre expresión de Perú, fue rechazada por el tribunal.

León tiene motivos de preocupación genuinos: su sentencia viene justo después de la condena por difamación de un compañero periodista. El 18 de abril de 2016, Fernando Valencia Osorio, exeditor del periódico Diario 16, con sede en Lima, fue condenado en segunda instancia a 20 meses de prisión por difamar al expresidente de Perú, Alan García. También se le ordenó pagar 100.000 soles (US $ 30.595) en concepto de daños. (Haga clic aquí para leer más detalles).

El derecho a la libertad de expresión y de opinión está protegido por la Constitución de Perú (artículo 2.4) y el derecho internacional, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) y la Convención Americana sobre Derechos humanos (artículo 13).

PEN International cree que ningún escritor o periodista debe ser encarcelados o recibir sanciones penales por el mero hecho de expresar pacíficamente sus puntos de vista o por la práctica de su profesión, y pide la derogación de las leyes de difamación penal en todos los países.

Los Relatores Especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) han declarado lo siguiente: “La difamación penal no es una restricción justificable de la libertad de expresión; todas las leyes penales de difamación deben ser abolidas y sustituidas, en su caso, por leyes de difamación civil apropiadas.”

Perú se ha comprometido a despenalizar la difamación en varias ocasiones, pero aún no lo ha hecho. Más recientemente, a principios de este año, el Presidente del Congreso de la República propuso eliminar la difamación del código penal y hacerla un delito civil, tras una reunión con el IPYS y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Según un reciente estudio del CPJ sobre las leyes penales de difamación en las Américas, en Perú: “En 2011, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un proyecto de ley para modificar el artículo 132 del Código Penal con el propósito de eliminar la pena de privación de libertad de las leyes referidas al insulto y la difamación, y reemplazarla por multas y servicio comunitario. Los esfuerzos para despenalizar las leyes de difamación e insulto no han tenido ningún desarrollo material adicional desde entonces”.

Para obtener más información, póngase en contacto con Tamsin Mitchell, Coordinador del Programa para las Américas de PEN International, Tel. +44 (0) 20 7405 0338; correo electrónico: tamsin.mitchell@pen-international.org

 

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