Un retrato sobre la violencia contra periodistas en Honduras


Cuando supe que el Programa Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto (IHRP, por sus siglas en inglés), PEN Canadá y PEN International tenían en su agenda una investigación sobre la violencia contra los periodistas en Honduras, me sentí muy esperanzada de los resultados que provocaría el informe. El producto de la investigación que se realizó y a la cual le denominaron muy certeramente “HONDURAS: PERIODISMO A la SOMBRA de la IMPUNIDAD” representa un retrato de lo que realmente está pasando en el país con la libertad de expresión.

La investigación reafirma que la impunidad es casi total en Honduras, que los crímenes apenas se denuncian en un 20 por ciento y que solamente un cuatro por ciento de eso es investigado, de acuerdo a las estadísticas estatales. La escasa investigación tiene que ver directamente con quiénes están detrás de esos hechos, por eso es que no hay resultados.

Con el paso de los años, la impunidad y la corrupción fue copando todas las áreas del Estado de Honduras. En los años ochenta era la Doctrina de la Seguridad Nacional, implementada por los Estados Unidos en Honduras el tema que debía camuflarse y hablar de una democracia (inexistente) para tapar las graves violaciones a los derechos humanos. Entre ellas, la práctica de la desaparición forzada de personas, que dejó más de 184 en tumbas clandestinas, las cuales tres décadas después son buscadas afanosamente por los familiares de las víctimas. Este capítulo nunca se cerró, pues los protagonistas de las atrocidades, que fueron agentes estatales, nunca fueron castigados y sus crímenes quedaron impunes. Muchos de esos agentes son los mismos protagonistas en el golpe de Estado de 2009 ocurrido en Honduras. El cual fue impulsado desde una oligarquía que ha detentado el poder a través de dos partidos tradicionales, y – opino que – los Estados Unidos apoyaron financieramente este zarpazo para retomar el control de la nación con fines económicos militaristas.

Hoy nos encontramos con el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción que se han metido por todos lados en las instituciones estatales, la policía, las fuerzas armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso Nacional. Esa es la agenda informativa en la sombra de la que debemos informar, tan peligrosa como apretar el gatillo de una pistola contra nuestra sien.

Por más de un siglo se ha repartido la riqueza nacional entre una élite que está conformada por al menos 10 familias que han empobrecido a la mayoría del pueblo hondureño. Entre esas familias se encuentran dueños de los medios corporativos de comunicación que han concentrado frecuencias de radio y televisión y medios escritos, desde donde definen la agenda nacional. No permiten espacios de expresión para que la gente pueda hablar de los problemas que les aquejan, pues el objetivo es censurar temáticas que confrontan el statu quo.

En Honduras, los y las periodistas debemos tomar decisiones cuando egresamos de la universidad hacia el mercado laboral para ejercer nuestra profesión. Las opciones son limitadas: o nos vamos a los medios corporativos donde los salarios son precarios y hay una línea dirigida de cobertura periodística la cual debe proteger a las grandes empresas donde son socios los patronos que nos contratan; irnos a las organizaciones civiles donde no hay mucho espacio; o abrir un programa de radio o televisión independiente donde debemos pagar grandes cantidades de dinero para tenerlo en el aire.

Ejercer la libertad de expresión en un país donde la impunidad se ha apoderado de la nación tal como bien lo señala el informe de PEN-IHRP es un desafío que puede llevarnos a la muerte; es como caminar entre minas explosivas. En Honduras no hay conflicto armado, pero los balazos sí se reparten contra quienes deciden decir la verdad.

“Lo que digas hoy te ayudará a estar con vida mañana”, me dijo un periodista cuando le pregunté cierto día cómo se sentía ejerciendo el periodismo en Honduras. Eso deja muy claro que hay un clima de miedo y autocensura, frase bien definida por este informe. Ante la falta de respuestas de un Estado tolerante, propiciador de la impunidad o directamente responsable de los hechos, muchos periodistas han determinado callar y autocensurarse para seguir con vida.

Creo que el problema no radica en que el órgano que tiene el monopolio de la acción penal como es el Ministerio Público no tenga fondos para llevar a cabo su tarea. El meollo del asunto es que no hay institucionalidad en el país; la poca que se construyó en la década de los 90 desde la sociedad hondureña colapsó con el golpe de Estado. Estos entes se involucraron en la violación a la legalidad y siguen ese camino hasta ahora, para minar el sendero del acceso a la justicia de las víctimas.

Me ha tocado en infinidad de ocasiones exigir que me den los resultados de las investigaciones sobre las amenazas que desde el año 2006 enfrento, nunca he tenido ninguno. Las excusas son varias y aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido dos medidas cautelares a mi favor, las mismas nunca se implementan y el círculo vicioso se agudiza cada vez que hablo de temas relacionados con libertad de expresión u otros de derechos humanos.

¿Por qué tanta traba para investigar los crímenes y amenazas contra periodistas? Porque eso no conviene; de esa forma se mantiene en vilo la seguridad para quienes están con vida. De esos temas es que nos toca informar a los periodistas, pero cada asesinato de periodistas siembra más miedo y más autocensura. ¿Seré yo el próximo? es la pregunta cotidiana del gremio periodístico.

Las formas de violencia contra los periodistas son muchas, las cuales están bien detalladas en el informe de PEN-IHRP. Sin embargo no existe la voluntad política para investigarlas. Aunque internacionalmente el Estado de Honduras a través de sus funcionarios se compromete a hacer muchas leyes, en la práctica es otro cuento.
Considero muy propicias las recomendaciones a la que ha llegado este informe, las mismas se podrían implementar solamente con el apoyo de la comunidad internacional para que Honduras retorne a la institucionalidad. De lo contrario la muerte de periodistas, las amenazas y acoso para quienes estamos con vida únicamente serán noticia que languidece en el tiempo.

Dina Meza