Ojo en Nicaragua / Observatorio Internacional

2023Nicaragua
Written By PEN International

PEN Internacional, Artist At Risk Connection, PEN Argentina, PEN Quebec y PEN San Miguel de Allende, con el apoyo de otros Centros PEN en Las Américas, crearon el Observatorio Internacional "Ojo con Nicaragua". Este es un espacio donde se exponen y documentan los intentos de censura sostenidos del gobierno nicaragüense.

En agosto de 2021, Fundamedios se unió al Observatorio Internacional "Ojo con Nicaragua".

Fundamedios es una organización comprometida con la promoción de la libertad de expresión, el monitoreo de las agresiones y riesgos que enfrentan los periodistas y la defensa de los derechos humanos desde 2007 en América Latina. En diciembre de 2017, Fundamedios fue galardonada con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho.

En abril de 2022, el Centro PEN Quebec se sumó a este esfuerzo global. El Centro de Quebec es uno de los más antiguos, se fundó en 1926, sólo cinco años después de la creación de PEN Internacional. PEN trabaja en solidaridad y defensa del derecho a la libertad de expresión y la promoción de la literatura.

Gioconda Belli recibirá Doctorado Honoris Causa

La reconocida poeta y novelista Gioconda Belli, presidenta del Centro PEN Nicaragua, recibirá en mayo próximo el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), anunció la casa de estudios al reconocer la importante trayectoria literaria de la escritora nicaragüense, exiliada en España.

El Consejo Universitario de la UCR decidió honrar a Belli, que recientemente fue galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía de España, por “su trayectoria y en agradecimiento a su aporte en la construcción de una conciencia crítica, la difusión de las artes, la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos”.

La poeta agradeció el Doctorado Honoris Causa con una breve publicación en su cuenta de X: “Recibirlo de una Universidad con tanto prestigio y de un país que admiro y quiero, es un honor y gozo enorme”, escribió.

El 15 de febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses privaron a Gioconda Belli de su nacionalidad y confiscaron sus bienes, junto a otros 93 nicaragüenses declarados como ella “traidores a la patria” por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La misma medida se había aplicado una semana antes a 222 opositores presos que fueron excarcelados y deportados a Estados Unidos.

Ortega ha cerrado o confiscado 54 medios y 16 espacios informativos

La represión del gobierno de Daniel Ortega contra la prensa independiente sigue en ascenso. Un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica, reveló que desde abril de 2018 hasta fines de 2023 fueron cerrados, confiscados o destruidos más de 54 medios de comunicación y 16 espacios informativos.

Al menos siete periodistas y comunicadores fueron encarcelados en ese mismo período y uno de ellos, Víctor Ticay, corresponsal del canal 10 de televisión, lleva 11 meses en prisión y fue condenado a ocho años de cárcel por cubrir una procesión religiosa durante la Semana Santa de 2023.

El informe destaca que el exilio forzado de al menos 242 periodistas que desde 2018 fueron víctimas de amenazas, persecución u órdenes de arresto, ha significado cambios dolorosos en sus vidas y les ha causado graves dificultades económicas, lo que incluso llevó a algunos a buscar otros medios de subsistencia.

Sin embargo, el afán de seguir informando desde el exilio llevó al surgimiento de 24 plataformas digitales en el exterior, que luchan día a día contra la censura y el “apagón informativo” en que el régimen pretende sumir a Nicaragua.

Incumplimiento de medidas cautelares

En otro estudio, el Colectivo Nicaragua Nunca Más informó que de 28 resoluciones de medidas cautelares a periodistas de América Latina que ha dictado desde 2018 la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) en materia de libertad de expresión, 15 han sido sobre Nicaragua: “Y eso nos revela la gravedad del problema de un país pequeño con unas restricciones a las libertades fundamentales desproporcionadas e inaceptables”.

Sin embargo, el informe afirma que en Nicaragua “ninguna de las medidas cautelares” han sido cumplidas por falta de voluntad del régimen de Ortega.

Según el Índice Chapultepec, presentado en la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Nicaragua vive el peor retroceso en libertad de prensa a nivel latinoamericano, con 300 agresiones a periodistas y más de 700 ataques a medios de comunicación.

Medios cierran por falta de recursos

De las antiguas y nuevas plataformas digitales nicaragüenses que operan desde el exilio, al menos tres han cesado sus operaciones por falta de recursos, según advirtió el periodista José Cardoza, directivo de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), fundada tras la crisis de 2018.

Juan Daniel Treminio, un periodista nicaragüense exiliado en Guatemala, desde donde dirige el medio digital Coyuntura, dijo por su parte que es difícil acceder a un apoyo financiero para seguir operando.

“Cada vez hay menos oportunidades y menos apoyo” a los medios digitales, dijo Treminio y lamentó que para obtener recursos en el exterior se deben realizar rigurosos procedimientos y en muchos casos no hay una respuesta positiva. “Nuestra realidad es dura, es difícil, pero la estamos enfrentando con nuestras cualidades y con nuestras fuerzas”, agregó.

Gobierno radicaliza su autoritarismo

El año 2024 avanza en Nicaragua con mayores incertidumbres y pocos pronósticos favorables para la población, a causa de la radicalización autoritaria del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo para asegurar a toda costa su permanencia en el poder y la sucesión dinástica", señaló un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), una ONG que dirige la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra.

Según el CETCAM, el año 2023 y los inicios de 2024 han estado marcados por un proceso de institucionalización del "estado policial de facto" que los Ortega Murillo impusieron sobre Nicaragua desde 2018, cuando estalló la rebelión popular. Esa “institucionalización” busca legalizar la vigilancia, el control y la represión sobre toda la sociedad y sobre grupos de personas específicas.

Para el CETCAM, este es el objetivo de Ortega con la reestructuración de instituciones claves como la Policía, el Poder Judicial, el servicio exterior y las alcaldías, así como la radicalización de los repertorios de represión con violaciones de derechos humanos: destierros, desnacionalizaciones, retenciones migratorias y negativas de ingreso al país, entre otras.

"A esto se suma la destrucción del valioso capital social que la sociedad nicaragüense había construido a lo largo de varias décadas con la eliminación de miles de organizaciones de sociedad civil, filantrópicas y religiosas, así como la imposición de una estructura de vigilancia y control sobre la ciudadanía compuesta por aparatos estatales y para estatales Nicaragua", destacó el informe al referirse a la clausura y confiscación de  bienes de más de 3.500 ONG.

Estados Unidos anuncia apoyo a periodistas

El gobierno de Estados Unidos anunció que dispone de más de 3 millones de dólares para financiar proyectos de periodismo de investigación e iniciativas anticorrupción en América Central, incluyendo a Nicaragua.

La ayuda, canalizada a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), servirá para reforzar el “trabajo de los medios y periodistas independientes para informar al público sobre la corrupción, al tiempo que promueven la transparencia gubernamental, rendición de cuentas y respeto de los derechos humanos”, dijo a la VOA un portavoz de la agencia.

La iniciativa busca una mayor colaboración entre medios de comunicación independientes y periodistas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de ampliar “el acceso a servicios para que los periodistas gestionen su seguridad" mientras trabajan "en entornos de alto riesgo".

Periodista nicaragüense recibe permiso de estancia en Estados Unidos

La periodista Joselin Montes, que enfrentaba un inminente proceso de deportación de Estados Unidos, fue liberada el jueves 22 de febrero del centro de reclusión de Georgia, donde se encontraba, luego de que un juez frenó la orden de expulsión y falló a su favor.

Joselin emigró el año pasado a Estados Unidos y pasó 10 meses detenida, primero en Florida y después en Georgia.

Osley Sallent, abogado que defendió gratuitamente a periodista, explicó que “después de 10 meses, media docena de audiencias y un juicio donde se presentaron cientos de páginas de evidencia, declaraciones (…) la fiscalía me informó que no se iban a oponer a que a Joselin le dieran una suspensión de su deportación”.

La periodista de 33 años, trabajó en varios medios de comunicación en Nicaragua y en 2018 cubrió muchas de las protestas contra el régimen, lo que la convirtió en una perseguida política.

2023: más represión y censura en Nicaragua

El año 2023 cerró en Nicaragua bajo un ambiente de mayor represión, marcado por nuevos casos de agresiones y amenazas contra periodistas y el arresto de al menos 18 sacerdotes católicos y seminaristas, como parte de la estrategia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de silenciar toda voz crítica en el país y coartar la libertad de pensamiento, expresión e información.

Así, el país inicia el nuevo año con al menos 119 personas presas políticas, entre ellas el reportero Víctor Ticay, que lleva nueve meses encerrado en una celda de la cárcel Modelo al norte de Managua; el académico Freddy Quezada, detenido a fines de noviembre después de publicar una crítica al gobierno en sus redes sociales; y los obispos católicos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, el primero condenado a 26 años de cárcel y el segundo arrestado en diciembre pasado y cuyo paradero aún se desconoce. 

FLED y Voces del Sur: asedio, amenazas y cierre de radios comunitarias

Un informe presentado el 10 de enero de 2024 por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) y Voces del Sur, documentó al cierre del año 2023 un total de 33 agresiones y ataques a periodistas, 26 casos de uso abusivo del poder estatal y 22 casos de uso del discurso estigmatizante.

“Es evidente que el principal patrón de violencia documentado en el año 2023 fue el de agresiones y ataques; este se manifestó en la mayoría de los casos mediante tácticas de asedio y vigilancia policial en las afueras de las casas de los periodistas”, destacó el informe.

Indicó que los destierros, confiscaciones, detenciones ilegales y el acoso a los familiares de periodistas exiliados prevalecieron durante el año pasado, lo cual confirma que la prensa independiente continúa bajo ataque y que Nicaragua “se está convirtiendo en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo” en la región centroamericana.

El 97,7 % de las violaciones a la libertad de prensa en 2023 se produjeron en contra de periodistas y el 2,3 % contra medios de comunicación, como el cierre y confiscación de las radios comunitarias Yapti Tasba Bila Baikra y Yapti Tasba Bila Baikra, ubicadas en la Costa Caribe Norte y que eran propiedad del partido indígena Yatama, ilegalizado en octubre anterior. El Estado de Nicaragua y los grupos paraestatales figuran como los principales agresores en los casos documentados.

El informe advirtió que las cifras podrían ser significativamente mayores, pero debido al incremento de la violencia y las amenazas contra periodistas exiliados, retirados del oficio o jubilados, las víctimas han optado por el silencio para proteger su vida y la de sus familias

PCIN: más de 240 periodistas en el exilio

Un segundo informe de monitoreo de prensa fue presentado el 9 de enero de 2024 por la  organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), fundada tras la crisis política de 2018 para aglutinar a los profesionales de prensa perseguidos por el régimen.

Según PCIN, 44 periodistas fueron obligados al exilio en 2023, con lo cual la cifra de comunicadores forzados a abandonar el país en los últimos cinco años supera ya los 242. Arlen Pérez, directora del monitoreo de PCIN, dijo que del total de periodistas exiliados, 98 son mujeres.

La organización documentó 83 agresiones contra la libertad de prensa a lo largo del año pasado. Entre esos ataques destaca el arresto del periodista Víctor Ticay, detenido en abril de 2023 por filmar una procesión religiosa y condenado a 8 años de cárcel por supuestos “ciberdelitos”.

Persecución a la religión

Al menos 18 sacerdotes y seminaristas católicos se encuentran en las cárceles de Nicaragua, tras ser arrestados por fuerzas policiales y parapoliciales en los últimos días del año 2023, sin que el gobierno confirme hasta hoy su detención ni dé información alguna sobre su paradero.

Varias detenciones se realizaron con amenazas y violencia, como en el caso de varios religiosos que fueron sacados de sus parroquias o residencias por policías armados, sin orden judicial ni aviso previo. Uno de los religiosos detenidos es el obispo de la diócesis de Siuna (noreste), monseñor Isidoro Mora, arrestado el pasado 20 de diciembre, después de haber dicho en una homilía que rezaba por el obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, privado de la libertad desde agosto de 2022 y condenado a 26 años de cárcel.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó una “alerta máxima” a la comunidad internacional “por la redada sin precedentes, las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra miembros de la Iglesia católica en Nicaragua”.

“Esta redada de fin de año es tan solo una muestra del terror que se vive en Nicaragua y sin duda da un mal presagio de lo que será el año 2024 para este pueblo. El régimen no respeta un solo derecho humano y la libertad religiosa no es la excepción”, dijo Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.

Por su parte, la investigadora Martha Patricia Molina aseguró que más de 200 sacerdotes y monjas han sido desterrados o encarcelados por la dictadura desde la crisis de 2018, cuando el régimen de Ortega acusó a la Iglesia católica de participar en un “fallido golpe de Estado” en su contra.

Actualización de la información: El 15 de enero, las autoridades de Nicaragua expulsaron a 18 clérigos y fueron expulsados a Roma. 

Cifra de presos políticos se eleva a 119

El año 2023 concluyó también para Nicaragua con 119 personas detenidas por motivos políticos, según un informe divulgado a inicios de enero por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El reporte, que incluye a 10 presos políticos detenidos antes de la crisis de abril del 2018, registra  43 nuevas detenciones arbitrarias entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre recién pasado.

El informe documenta la golpiza que recibieron siete presos políticos en la cárcel Modelo, donde “fueron aislados luego de intentar iniciar una huelga de hambre y cantar canciones alusivas a Nicaragua, para exigir mejoras en las condiciones carcelarias y cese a los actos de tortura y malos tratos".

Según el Mecanismo, entre los encarcelados hay 16 personas mayores de 60 años, que permanecen recluidas en “condiciones inhumanas” y sin respeto alguno a sus derechos fundamentales.

Entre los detenidos figuran, además del periodista Víctor Ticay, el académico Freddy Quezada, y los obispos Álvarez y Mora, 10 sacerdotes que ocupan cargos de autoridad en Arquidiócesis de Managua y en parroquias de la capital.

El caso Miss Universo – el destierro de una familia

En el presente mes de enero ocurrió también la excarcelación y destierro de Martín Argüello y Bernardo Argüello Celebertti, esposo e hijo respectivamente de la exdirectora de la franquicia Miss Nicaragua, Karen Celebertti, a quienes el régimen acusó por una serie de delitos graves contra el Estado, en una inaudita reacción oficial al no menos sorpresivo triunfo de la joven nicaragüense Sheynnis Palacios en el certamen Miss Universo, que culminó en El Salvador el 18 de noviembre de 2023.

La inesperada coronación de Palacios desató una explosión de alegría en las calles de Nicaragua, donde volvieron a ondear las banderas azul y blanco (emblema nacional y símbolo de las protestas de 2018) pese a la prohibición oficial sobre las manifestaciones que rige desde ese año. El fenómeno desató la ira del gobierno, en momentos en que se divulgaban en redes fotos de la bella joven participando también en aquellas demostraciones de rebeldía.

El gobierno impidió días más tarde el regreso al país de Karen Celebertti y su hija Luciana, y poco después la policía detuvo a su esposo e hijo tras allanar su vivienda en el suroeste de Managua. En un comunicado, la policía alegó que la familia preparaba “un complot” contra el régimen y acusó a sus integrantes de “traición a la patria, conspiración para alterar la paz e incitar al odio y la violencia”, además de “crimen organizado, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.

A mediados de diciembre Karen Celebertti anunció desde México su retiro de la franquicia Miss Nicaragua, que había dirigido con éxito durante 23 años. El 7 de enero de 2024, su esposo y su hijo fueron sacados de prisión y expulsados hacia México.

Nicaragua: más de 1 mil violaciones a la libertad de prensa en cinco años

October 2023

Un total de 1.329 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua en los últimos cinco años registró un informe publicado por la organización Voces del Sur (VDS) en conjunto con la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), ambas dedicadas a la promoción de las libertades públicas.

El informe publicado en conmemoración del Día Internacional del Periodista documenta las agresiones contra los reporteros en Nicaragua desde abril de 2018, cuando comenzó la crisis sociopolítica en Managua, hasta abril de 2023.

Durante el quinquenio, el indicador que predominó fueron las agresiones y ataques a periodistas (759) de acuerdo con el informe.

Según esta sistematización, entre abril 2018 y abril 2023 se documentaron un total 1,329 violaciones a la libertad de prensa, las que recayeron entre 338 víctimas: 244 del género masculino, 93 del género femenino y 1 de la comunidad LGBTIQ+.

Impiden ingreso al país a directora de Radio La Costeñísima

La periodista Kimberly León, directora de Radio La Costeñísima de la ciudad de Bluefields, fue forzada al exilio, al impedírsele retornar a Nicaragua después de un viaje a Estados Unidos por razones familiares.

La Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua le prohibió a Kimberly León, hija del fallecido fundador de la emisora, Sergio León, y a su madre Grethel Aguilar ingresar al país en septiembre pasado, denunció la plataforma “Alertas Libertad de Prensa Nicaragua” en la red social X.

En febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgar medidas provisionales al equipo periodístico de radio La Costeñísima, junto a sus respectivos núcleos familiares, por encontrarse en una situación de “extrema gravedad de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua”.

La cifra de periodistas nicaragüenses forzados al exilio desde 2018 supera ya los 208, según datos de la red regional Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia.

Periodista excarcelado recibe mención en premio María Moors Cabot

El cronista deportivo y expreso político Miguel Mendoza recibió el 19 de octubre en Nueva York una Mención Especial durante la entrega de los premios María Moors Cabot, reconocimiento que dedicó al periodismo independiente de Nicaragua que “sigue resistiendo de pie y con coraje las embestidas, la persecución y la criminalización del oficio” por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Mendoza denunció que en Nicaragua no existe prensa independiente y los derechos ciudadanos han sido conculcados, los grandes medios de comunicación como La Prensa, 100% Noticias, Confidencial y Radio Darío han sido clausurados y ocupados por fuerzas gubernamentales y sus periodistas han sido empujados al exilio.

“Hoy por hoy el periodismo independiente en Nicaragua que no tiene ni instalaciones, ni equipos sofisticados y que trabaja errante por el mundo, es la segunda institución más creíble y mejor valorada por los ciudadanos de acuerdo a las últimas encuestas”, acotó.

Ortega libera y destierra a 12 sacerdotes católicos – excepto al obispo Álvarez

El 18 de octubre y tras una negociación confidencial con el Vaticano y la cúpula de la Iglesia católica nicaragüense, el gobierno liberó a 12 sacerdotes que estaban detenidos bajo distintos cargos (tres con retención domiciliaria) y los envió en un avión a Roma.

En un comunicado, el gobierno adujo que la decisión se tomó como parte de un acuerdo realizado “en un esfuerzo por preservar la paz y el apoyo a la comunidad católica”, que en los últimos meses se ha declarado víctima de persecución por parte de los operadores del régimen.

Entre los religiosos forzados al destierro no se encuentra el obispo católico de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, acusado de conspiración y condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel en febrero pasado. Álvarez se había negado en dos ocasiones a aceptar el exilio, por lo que se especula que tampoco esta vez aceptó abandonar el país.

Hay 16 mujeres entre los casi 90 presos políticos de Nicaragua

El régimen Ortega-Murillo mantiene en prisión a casi 90 reos de conciencia, incluyendo a 16 mujeres, según los últimos reportes del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Del total de detenidos, 11 han sido condenados, incluyendo la opositora Olesia Muñoz, la joven empresaria Anielka García y el periodista Víctor Ticay, único comunicador que se encuentra preso (desde abril de 2023). En el último mes también fueron condenados el vicepresidente del Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19A), Jasson Salazar Rugama, y el exguerrillero disidente Abdul Montoya Vivas por los supuestos delitos de “propagación de noticias falsas” y “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Daniel Ortega continúa silenciando Nicarauga 

12 September 2023

Periodista Víctor Ticay, condenado a ocho años de prisión 

En un nuevo episodio de restricción a la libertad de prensa en Nicaragua, el periodista Víctor Ticay fue condenado a ocho años de prisión, acusado de difundir información falsa y “conspirar para desestabilizar” al gobierno de Daniel Ortega.  

La sentencia fue dictada el 17 de agosto de 2023 contra Ticay, quien colaboraba con el canal 10 de televisión en la zona sur del país y dirigía la página de facebook La Portada. 

El arresto del periodista tuvo lugar durante la Semana Santa, cuando agentes policiales lo detuvieron apenas un día después de cubrir a una ceremonia religiosa que la Policía Nacional había intentado prohibir. 

PEN Internacional y organizaciones regionales y mundiales se pronunciaron por la liberación del periodista. 

Premio Cabot 2023 para el periodista excarcelado Miguel Mendoza 

El cronista deportivo nicaragüense Miguel Mendoza fue reconocido el 20 de julio de 2023 con el premio en periodismo María Moors Cabot, la distinción más antigua que destaca a periodistas a nivel mundial desde 1938. 

Mendoza, quien fue excarcelado y desnacionalizado por el régimen de Ortega en febrero de 2023, fue merecedor del premio por “su compromiso con informar la verdad frente a los ataques en su país de origen”, según el jurado dictaminador. 

El periodista expresó que recibía el premio María Moors Cabot “en nombre del valiente periodismo independiente de Nicaragua, perseguido y criminalizado”. 

 

Incrementa represión contra la Iglesia y universidades 

La represión del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia católica y las universidades de Nicaragua se incrementó en los meses de julio y agosto de 2023, y se tradujo en varios hechos recientes: el cierre de la prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA) y la casi inmediata cancelación de la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús, medidas acompañadas en ambos casos por la confiscación de sus bienes muebles e inmuebles. 

La clausura de la UCA y su sustitución por la estatal universidad “Casimiro Sotelo” afecta a más de 5.000 alumnos que estudiaban en ese centro de educación superior, fundado hace 63 años como la primera universidad privada en Nicaragua. Más de 600 ex alumnos de la UCA que intentaron ingresar en la Universidad Americana (UAM, privada), fueron matriculados pero expulsados dos días después, sin explicaciones, por esa casa de estudios propiedad del ejército de Nicaragua. 

Con el cierre de la UCA suman 27 las universidades privadas clausuradas por el régimen de Ortega en los últimos 18 meses, medidas que afectaron a más de 37.000 estudiantes en Managua y otras ciudades del país. 

Simultáneamente a la ofensiva contra los jesuitas, la policía arrestó a tres jóvenes, una de ellas egresada de la UCA, en distintos puntos de la capital.  

 

Denuncian exilio forzado de otros dos periodistas 

A fines de julio pasado, el periodista Marcos Medina, jefe de prensa de Radio Corporación, fue impedido de ingresar a Nicaragua después de un viaje familiar a Estados Unidos. Medina había sido presentador de noticias del Canal 12 de televisión, que a partir de 2018 recibió fuertes presiones financieras por parte del gobierno. 

Tras lo ocurrido con Medina se conoció un caso similar, cuando el reportero Armando Amaya, director de la plataforma digital “La Cutacha Noticiosa”, denunció públicamente que se le negó la entrada a Nicaragua en enero pasado, luego de un viaje a Guatemala. 

Medina y Amaya se suman a la lista de más de 200 periodistas forzados al exilio por el gobierno en los últimos cinco años. 

Solo entre abril y junio pasados, 23 periodistas nicaragüenses fueron obligados a exiliarse “como consecuencia del hostigamiento, amenazas de encarcelamiento y agresiones de las que eran víctimas en su mayoría por agentes policiales”, según reveló el más reciente Informe de Violaciones a la Libertad de Prensa, elaborado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) y la Red Regional Voces del Sur (VDS).  

Lea el informe aquí. 

 

Declaran culpable a Víctor Ticay

El periodista nicaragüense está injustamente detenido desde el 6 de abril

Observatorio - 20 de junio de 2023

El 9 de junio de 2023, el periodista nicaragüense Víctor Ticay, colaborador del Canal 10, fue declarado culpable de los delitos de "propagación de noticias falsas" y menoscabo a la integridad nacional, considerado "traición a la patria". El comunicador, también director de la página de Facebook La Portada, fue condenado en horas de la madrugada, sin derecho a la defensa, y luego trasladado al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, una prisión de máxima seguridad, dijo a periodistas el abogado Braulio Abarca, defensor del organismo Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

La declaración de culpabilidad del comunicador forma parte de "un proceso arbitrario y sin garantías judiciales", denunció el abogado, que criticó que haya sido condenado "en horas de la madrugada y sin derecho a la defensa". Además, "no se respetaron ni siquiera las garantías mínimas del debido proceso, no se ha respetado el proceso establecido tanto del Código Procesal Penal, como del Código Penal", argumentó Abarca.

Ticay se contraba detenido en el Distrito # 3 de Policía, según sus familiares e informespúblicos, desde el 6 de abril de 2023, después de que informara en Facebook sobre una celebración católica el 5 de abril de 2023. El gobierno de Daniel Ortega ha prohibido la expresión religiosa en los espacios públicos.

Además de Ticay, dos periodistas más han sido judicializados en el último mes por la supuesta propagación de noticias falsas. El 3 de mayo fueron detenidos en Bluefields la directora deDoce Noticias y corresponsal de Canal 10, Hazel Zamora, y William Aragón, ex corresponsal de La Prensa, a quienes se les ha dispuesto casa por cárcel y deben presentarse a diario a los juzgados.

Centro PEN Sudáfrica dedica su podcast “La silla vacía” (The Emtpy Chair Podcast) a Víctor Ticay

El episodio en solidaridad con Víctor Ticay está disponible, anunció el Centro PEN Sudáfrica en sus redes sociales el 15 de junio. En este episodio, también se recibieron a la escritora Cristina Rivera Garza en conversación con Stacy Hardy sobre su libro, El invencible verano de Liliana. 

Escucha el podcast (en inglés) en los siguientes links:

PEN SA https://bit.ly/42GtCFR
Spotify https://spoti.fi/468sNJ9 Apple https://apple.co/43T4LA0

ONGs y reporteros exigen libertad de Víctor Ticay

Un grupo de periodistas nicaragüenses comenzó en la primera semana de junio una campaña exigiendo la liberación del reportero Víctor Ticay, colaborador del canal 10 de televisión y detenido por el régimen de Daniel Ortega hace dos meses, durante la Semana Santa, mientras intentaba cubrir una procesión católica en el sur del país.

Conocidos periodistas de Nicaragua, como Lucía Pineda Ubau, Carlos Fernando Chamorro, Martha Irene Sánchez y Cristopher Mendoza entre otros, realizaron videos desde el exilio exigiendo la excarcelación del reportero y demandando el cese de la censura de prensa.

Al menos 21 organizaciones internacionales y regionales defensoras de la libertad de prensa, incluyendo el Centro PEN Nicaragua,  PEN Internacional y 10 Centros PEN de la región, han condenado su encarcelamiento de Victor Ticay así como las medidas restrictivas de la libertad impuestas desde inicios de mayo contra sus colegas Hazel Zamora y William Aragón.

Continúan detenciones de periodistas y críticos en Nicaragua

El mes de junio inició en Nicaragua con una nueva oleada de detenciones, incluyendo la detención de varios periodistas que fueron liberados horas después con la advertencia de que deberán presentarse diariamente ante la policía para firmar.

En un reporte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que al menos 63 personas fueron detenidas de “forma arbitraria” en el país durante el mes de mayo, y de ellas 55 en una sola noche.

Marta Hurtado, portavoz del organismo, dijo que el gobierno nicaragüense utiliza el poder judicial para perseguir y “silenciar a sus críticos” mediante acusaciones por los supuestos delitos de “conspiración para socavar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.

Hurtado destacó que, en una sola noche, la del 3 de mayo de 2023, 55 personas fueron arrestadas en distintos puntos de Nicaragua y acusadas por esos delitos. Entre ellas, había “defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica”, dijo.

“Durante sus audiencias de custodia, ninguno de los 55 acusados tenía un abogado de su elección y en su lugar fueron representados por un defensor público que se les impuso”, denunció la informante.

Gioconda Belli, galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

La poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli, presidenta del Centro PEN Nicaragua, fue galardonada con el XXXII premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, anunció el jurado en Madrid el 30 de mayo de 2023.

Belli (Managua, 1948) es considerada una de las principales escritoras latinoamericanas por su vasta trayectoria en la literatura. Su obra, traducida a más de 20 idiomas, incluye 15 poemarios, ocho novelas y siete libros de ensayos, testimonios y cuentos infantiles.

En su dictamen, el jurado indicó que seleccionó a Belli “por su expresividad creativa, su libertad y valentía poéticas”, así como por “su significación en la cultura contemporánea de Nicaragua, que refuerza el prestigio de uno de los grandes países de la lírica hispanoamericana”.

La presidenta de Patrimonio Nacional de España, Ana de la Cueva, destacó que la poetisa nicaragüense compitió por el premio con otros 49 candidatos, mientras Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y miembro del jurado, resaltó a Belli “como escritora en todos los géneros literarios”.

“No puedo estar más feliz por haber ganado este premio a la poesía: el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana”, tuiteó la escritora tras conocer la noticia. “Celebro que enriquezca la tradición poética de Nicaragua. Se lo dedico a mi Nicaragua, madre de mi inspiración, doliente país de mi esperanza. Viva la poesía!!!”

Belli es una de los 316 nicaragüenses que en febrero pasado fueron despojados de su nacionalidad por el régimen de Ortega. Igual medida tomó el gobierno contra el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura 2017, quien celebró el premio a Belli enviándole vía Twitter “un abrazo emocionado”.

A raíz de ese hecho, Ramírez adoptó las nacionalidades española y colombiana, mientras que Belli, que ya tenía la ciudadanía italiana, optó por la chilena. Estos tres países, al igual que Argentina y México, ofrecieron la nacionalidad a 316 nicaragüenses “apátridas”, incluyendo a 222 “presos políticos” que fueron excarcelados y deportados a Estados Unidos también en febrero pasado.

Periodistas nicaragüenses obligados a abandonar la profesión

La periodista Lucía Pineda Ubau, quien estuvo encarcelada durante seis meses en 2018-2019 tras el cierre y confiscación del canal 100% Noticias, el cual dirige hoy desde el exilio, advirtió que la represión del gobierno de Ortega contra la prensa independiente ha obligado a numerosos periodistas a abandonar su oficio y buscar otros trabajos, aun entre quienes se vieron forzados a salir de Nicaragua.

"La dictadura realmente ha minado la labor periodística y ha obligado a muchos colegas a abandonar la profesión", dijo Pineda Ubau en una entrevista a la agencia española EFE. Un reciente informe del Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) indica casi un 40 % (de los periodistas independientes) han abandonado la profesión", señaló.

La comunicadora dijo que la situación de los periodistas que han tenido que exiliarse es precaria. "El periodismo independiente en el exilio sufre. Hay una gran precariedad de parte de algunos colegas, ya que vivir el exilio ha sido demasiado duro" y caro, indicó.

 

Ataques a la libertad de prensa se extienden en Centroamérica

El periodismo y la libertad de prensa están bajo ataque en Centroamérica con el asesinato de informadores, la persecución judicial, la confiscación de medios y los obstáculos para acceder a la información de carácter público.

Centenares de periodistas se han visto obligados al exilio o son víctimas de ciberataques y estigmatización en países centroamericanos, constituyendo este contexto un grave peligro para las democracias, como ha alertado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros gremios regionales.

En Honduras, cuatro periodistas han sido asesinados entre 2022 y lo que va de este año, según dijo el director del Comité para la Libre Expresión (C-Libre), Saúl Bueso. Esta cifra se eleva a 98 si se retrocede hasta 2001.

Mientras, en Guatemala, este mes se produjo el cierre definitivo de El Periódico, uno de los medios impresos más importantes del país, cuyo director José Rubén Zamora Marroquín, fue condenado a seis años de prisión inconmutable y al pago de una multa de 300 mil quetzales (más de 38 mil dólares estadounidenses) por el delito de lavado de dinero. Zamora fue absuelto de otros dos cargos por chantaje y tráfico de influencias, imputados por el Ministerio Público, debido a que no fueron probadas las acciones penales que le atribuían. Zamora está preso desde el 29 de julio de 2022. Los fiscales habían pedido una condena de más de 40 años.

Otro caso preocupante es el de El Salvador, donde la Asociación de Periodistas APES cifra en 611 los casos de agresión a la prensa desde la llegada al poder de Nayib Bukele en 2019. A mediados de abril, el medio digital El Faro anunció el traslado de su parte administrativa a Costa Rica, mientras que tres radios comunitarias fueron cerradas entre 2021 y 2022 con pretextos “técnicos”.

América Latina y El Caribe, la región con mayores solicitudes de asilo en 2022

La ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, presentó su informe sobre las tendencias globales de desplazamiento forzado en 2022. El informe, revela que, de los 10 países con el mayor número de solicitudes de asilo en ese año, seis son de América Latina y el Caribe: Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Honduras y Haiti. Desvelando así la crisis de derechos humanos en la región y en estos países, como Nicaragua.






Nueva oleada de terror y detenciones

11 de mayo: El mes de mayo inició en Nicaragua con una de las redadas más violentas de los últimos meses: al menos 57 personas entre periodistas, activistas políticos y defensores de derechos humanos fueron arrestados y acusados penalmente por el gobierno de Nicaragua sin juicio alguno y en medio de allanamientos arbitrarios nocturnos, que generaron zozobra e incertidumbre entre la población.

La nueva oleada de terror se produjo a partir del miércoles 3 de mayo en distintas zonas del país y de manera simultánea, involucrando a decenas de contingentes policiales y de fuerzas antimotines que asaltaron las viviendas para llevarse por la fuerza a los detenidos, sin orden judicial de arresto ni de allanamiento.

Las capturas comenzaron la noche del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, y volvieron a poner en agenda la situación represiva que sufre Nicaragua, donde el gobierno ha demolido las libertades fundamentales mientras impide ejercer el derecho humano a pensar, expresarse y comunicar ideas.

“Los tiranos le temen a la palabra”, resumió la poeta y novelista Gioconda Belli, presidenta del centro PEN Nicaragua y exiliada por segunda vez a causa de la persecución del régimen de su país, en una entrevista que reproducimos parcialmente al final de este documento.

Victor Ticay- Cortesia La Prensa

 

Tres periodistas detenidos arbitrariamente

Entre las personas afectadas figuran los periodistas Hazel Zamora, corresponsal del Canal 10 de televisión en la ciudad de Bluefields (surcaribe), Oscar Vallecillo, empleado de la misma televisora, y William Aragón, excorresponsal del diario La Prensa en Nueva Segovia (noroeste). Los tres fueron detenidos durante varias horas y luego liberados, con la advertencia de que habían sido acusados por delitos “en perjuicio del Estado nicaragüense” y que a partir de ese momento debían presentarse diariamente ante las autoridades de la Policía, como una forma de mantener control sobre ellos.

Hazel Zamora fue arrestada el 4 de mayo por la policía frente a sus dos hijos de 11 y 9 años de edad cuando se disponía a viajar en un autobús desde Managua hacia Bluefields. Simultáneamente, su vivienda en la ciudad caribeña estaba siendo allanada por policías y sustrajeron sus equipos de trabajo, según denunció el portal Alertas Libertad de Prensa.

William Aragón   fue detenido el 3 de mayo por la noche en la ciudad de Estelí. Relató a la publicación Confidencial Digital que su vivienda fue cercada por ocho patrullas policiales cercaron su vivienda, de la que se llevaron dos computadoras, incluida la de su hija, memorias, documentos personales, dos celulares y le dijeron que debía acompañarlos a Managua porque era una “orden a nivel central”.

“A mí nunca me dijeron por qué me detenían”, relató el veterano periodista, que tras las protestas de 2018 fue amenazado de muerte y arrestado en una ocasión. Aragón fue liberado horas despúes de haber sido detenido por la Policía de Daniel Ortega.

A las agresiones sufridas por los tres comunicadores se suma la detención del joven periodista Víctor Ticay, que el 7 de mayo cumplió un mes recluido en una celda de un cuartel policial de Managua. Ticay, corresponsal del Canal 10 de televisión para la zona de Nandaime (sur) y director de la página de Facebook La Portada, fue detenido por la policía durante la Semana Santa, sin mediar explicaciones, después de que intentó filmar una procesión religiosa en esa localidad.

Lee aquí el posicionamiento de PEN Internacional sobre Víctor Ticay.

Ese mismo día en el municipio de Nandaime, varias personas fueron detenidas por policías y paramilitares, tras una jornada de arrestos ilegales, denunciaron organismos de derechos humanos en Nicaragua.

Victor Ticay es el penúltimo de nueve hermanos criados en una comunidad rural llamada Nandarola, ubicada a 15 kilómetros de Nandaime. A diferencia de otros profesionales que se mudan a la capital para ejercer su carrera, Ticay se abrió camino en su propio municipio, demostró que las voces locales importan, se ganó el reconocimiento y admiración de la población de Nandaime y frecuentemente era buscado por ciudadanos quienes solicitaban divulgar sus denuncias o servicios sociales, según reportó el portal 100% Noticias.

 

Autoridades cierran otros dos medios de comunicación

Durante la primera semana de mayo, el gobierno cerró 20 organizaciones más, con lo que suman al menos 3 mil organizaciones sin fines de lucro clausuradas. Entre las nuevas entidades proscritas figura la Fundación Cristiana de Televisión Enlace, que dirigía el ex aspirante presidencial y pastor evangélico Guillermo Osorno, a quien según la prensa se le impidió salir del país en una gira de trabajo.

La Fundación operaba el canal de televisión Enlace Canal 21 y la Radio Nexus 89.5 FM, propiedad de Osorno, al que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) les retiró la licencia de operaciones.

Gioconda Belli: “Quieren ocultar la verdad”

"En mi país no hay libertad de acción, de expresión ni de movilización, de manera que el espacio de libertad que queda en Nicaragua es el espacio de libertad que hay en cada corazón nicaragüense”, dijo la poeta Gioconda Belli en una entrevista con la radiotelevisora alemana Deutsche Welle, tras denunciar que "la población está muy amenazada y con mucho miedo, porque la represión ha tomado un carácter general, se siente una atmósfera de espionaje constante y siguen capturando y encarcelando gente”.

Como parte de su estrategia represiva, el gobierno de Nicaragua puso en la mira a escritores, artistas y periodistas independientes. Belli es categórica: "La palabra es una amenaza para los tiranos, como se ha visto desde el principio de la historia. Las personas que han tenido la capacidad de expresar los sentimientos populares reciben un repudio de las tiranías que quieren ocultar la verdad y dominar a la población a través de la mentira y la manipulación”.

Asimismo, rechaza el "discurso mentiroso” del supuesto golpe de Estado con el cual el régimen ha criminalizado las protestas cívicas. "Todo el mundo pudo ver las manifestaciones de miles de personas de todas las clases sociales, repudiando a Ortega por perpetuarse en el poder y por haber destruido los logros democráticos que tanto habían costado a la sociedad nicaragüense”.

"Esa es la razón de la represión: el miedo a la palabra, a la verdad y a quienes hablan con la verdad”, subraya la autora de "Truenos y arcoíris”, "El país bajo mi piel”, "Sofía de los presagios” y "Luciérnagas”, entre otras obras.

Tras el destierro de muchos periodistas nicaragüenses y el cierre de sus medios, Ortega impuso un "apagón informativo” para impedir que se conozca lo que ocurre dentro del país, donde todavía hay casi 40 reos de conciencia, entre ellos el obispo de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por negarse a ser desterrado junto a 222 presos políticos excarcelados el pasado 9 de febrero.

Según Gioconda Belli, son quienes han salido de Nicaragua los que "están derrotando el cerco de silencio a través de sus denuncias” de lo que ocurre en el país. Afuera, dice, "hay una comunidad muy grande de habladores y no nos van a silenciar”.

12th April 2023: A pocos días de conmemorarse el quinto aniversario de la rebelión de abril de 2018, el gobierno de Daniel Ortega arrecia su escalada de persecución contra la prensa independiente, voces opositoras y representantes de la Iglesia católica, últimas expresiones de disidencia en el país.

Las celebraciones de la Semana Santa en Nicaragua, una festividad que involucra a miles de personas en un país mayoritariamente cristiano, se vieron empañadas este año por la prohibición del régimen de realizar actividades religiosas en la vía pública y limitarlas al interior de los templos o sus alrededores.

Mientras tanto, se reportaron en esa semana las capturas de al menos 21 personas, entre ellos un periodista independiente, como parte de la estrategia de represión que no cesa en el país.

Encarcelan a periodista por grabar procesión católica

El periodista nicaragüense Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión local, fue detenido el 6 de abril por cubrir una procesión religiosa en el municipio de Nandaime (suroeste), según denunció la plataforma Alertas Libertad de Prensa Nicaragua. Ticay, director de la página de Facebook “La Portada”, que documenta los casos de violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, permanece preso en la cárcel policial de El Chipote, acusado de “ciberdelitos”, informó su familia.

El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, expresó su preocupación por la detención del reportero, mientras el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, exigió su liberación inmediata.

Ortega arrecia persecución religiosa

Miles de fieles católicos nicaragüenses celebraron el viernes el Vía Crucis penitencial dentro de los templos y parroquias del país, después de que el gobierno de Daniel Ortega a través de la policía prohibiera a la Iglesia católica realizar las procesiones de Semana Santa de forma masiva y en las calles.

El gobierno comenzó a restringir las actividades religiosas el año pasado, tras un aumento de las tensiones con la Iglesia católica. Aunque no emitió una prohibición oficial, sacerdotes y párrocos del país recibieron esas advertencias de forma verbal por parte de la policía, antes de cada actividad.

La Constitución de Nicaragua establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión” y que “nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos”.

Ortega mantiene preso al obispo de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado junto a 222 opositores excarcelados y enviados a Estados Unidos.

El gobierno también expulsó el 3 de abril de 2023 al sacerdote panameño Donaciano Alarcón, párroco de la localidad de Cusmapa (norte). En declaraciones a la prensa de su país, el cura dijo que fue detenido “de manera brusca” por la policía nicaragüense después de oficiar una misa, y llevado hasta la frontera con Honduras, donde fue deportado.

Monitoreo registra 21 detenciones arbitrarias en abril

La red ciudadana Monitoreo Azul y Blanco reportó el 10 de abril la detención arbitraria de 21 personas en los primeros nueve días del mes, en su mayoría feligreses católicos que desafiaron la prohibición gubernamental de asistir a procesiones religiosas.

El Monitoreo Azul y Blanco registró 71 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos durante la Semana Santa (del 1 al 9 de abril), con mayor cantidad de casos en las ciudades de Masaya (17) y Managua (14).

En los primeros nueve días de abril hubo 14 amenazas, 9 hostigamientos, 21 detenciones, 2 represiones migratorias y 25 asedios a templos católicos, detalló el Monitoreo Azul y Blanco, cuyos reportes son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Reportan 38 violaciones a libertad de prensa entre enero y marzo

El Informe “Libertad de Prensa en Nicaragua sin respiro: Ortega no deja de atacar”, elaborado por Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), documentó 38 casos de violaciones a la libertad de prensa durante el primer trimestre del 2023.

Según el reporte, otros siete periodistas fueron forzados al exilio entre enero y marzo, lo que eleva a 185 la cifra de comunicadores que han abandonado Nicaragua desde 2018, año en que estallaron las protestas contra el gobierno.

“Las amenazas de cárcel y de expulsión del país figuran como una de las principales formas de intimidación en contra de quienes ejercen la práctica periodística”, señaló el documento. Advirtió que han detectado un “creciente aumento de la autocensura entre las mismas víctimas, lo que ha provocado la disminución de las denuncias y el avance de la criminalización del periodismo independiente”.

Para leer el informe completo, dé clic aquí.

Alto comisionado ONU pide respeto a libertades en Nicaragua

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el 15 de diciembre al gobierno de Nicaragua a “liberar de inmediato a todos los detenidos” por razones políticas, y a iniciar “un diálogo nacional inclusivo” ante la grave crisis política que afecta al país desde 2018.

En una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Türk actualizó un informe emitido por su oficina en septiembre pasado, indicando que persiste el “deterioro" de las libertades públicas en el país. El gobierno de Daniel Ortega respondió calificando de “infame” al Consejo.

“Insto a las autoridades a que liberen de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente” y a que “vuelvan a incluir a quienes fueron excluidos en la esfera política y social", dijo el alto comisionado.

También pidió al gobierno “que se respeten enteramente las libertades fundamentales de expresión y de asociación”, así como “entablar un diálogo nacional inclusivo, anclado en los derechos humanos”.

Türk destacó que su oficina está “dispuesta a trabajar” en esos temas con Managua, y solicitó se permita el ingreso de su equipo al país. Ortega ha negado reiteradamente el acceso de organizaciones internacionales de derechos humanos a Nicaragua desde fines de 2018, incluyendo a un Grupo de Expertos de la ONU nombrado en marzo pasado para investigar denuncias de abusos y represión.

Acusan penalmente a obispo y a dos periodistas de Matagalpa

Los periodistas Manuel Obando Cortedano, jefe de medios de la diócesis de Matagalpa (norte), y Wilberto Artola Mejía, periodista del canal digital TV Merced, fueron acusados por el Ministerio Público el miércoles 14 de diciembre.

Los comunicadores, arrestados por la policía tres días antes, trabajaban con el obispo católico Rolando Álvarez, que administra la diócesis de Matagalpa. El prelado fue detenido el 19 de agosto y acusado formalmente el 13 de diciembre ante los tribunales por los supuestos delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”.

Monseñor Álvarez, muy crítico del régimen de Ortega, ha sido objeto de persecución por parte del gobierno desde hace meses. Se anunció que será sentado en el banquillo de los acusados el 10 de enero de 2023, en una audiencia inicial.

En la misma causa se encuentra acusado el sacerdote católico exiliado Uriel Antonio Vallejos, quien respondió a la acusación penal diciendo que en Nicaragua “los delincuentes están en el poder”.

Dagmar Thiel, directora de Fundamedios sede Estados Unidos, miembro de la red Voces del Sur, exigió su inmediata liberación de ambos periodistas, así como de las 240 personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua.

Voces del Sur: persisten violaciones a libertad de prensa

Al menos 6 periodistas y un medio de comunicación de Nicaragua reportaron violaciones a la libertad de prensa durante el mes de noviembre pasado, de acuerdo con un informe de la red regional Voces del Sur divulgado el 12 de diciembre.

El informe incluye amenazas a dos periodistas por ejercer su trabajo, mientras otros cuatro profesionales “se vieron obligados al exilio ante la dificultad que existe en el país para ejercer el oficio y el peligro que implica”.

Entre ellos se menciona el caso del corresponsal de la agencia española de noticias en Managua, Luis Felipe Palacios, a quien el gobierno le impidió reingresar a su país después de un viaje a Panamá, a pesar de ser nicaragüense.

En otras informaciones

Régimen autoriza visitas familiares a presos en El Chipote

Tras más de 80 días sin recibir visitas de sus familias, los más de 50 presos políticos recluidos en la cárcel policial de El Chipote fueron autorizados a tener “visitas especiales” de sus parientes más cercanos, incluyendo hijos y nietos que por primera vez ingresaron al centro penitenciario los días 7 y 8 de diciembre, en que el país celebra las festividades religiosas a la Virgen María.

Entre quienes pudieron compartir con sus familiares durante cuatro horas, tiempo durante el cual también almorzaron alimentos proporcionados por las autoridades de la cárcel, estaban los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora, quienes recibieron la visita de sus hijos. En el caso de Mendoza, llevaba más de 500 días sin ver a su hija Alejandra, de 8 años de edad.

Una batería de agentes con cámaras fotográficas y de video registraron cada detalle de los encuentros familiares, sin solicitar autorización para filmar.

Los principales organismos de derechos humanos habían exigido al gobierno permitir visitas más frecuentes a los reos de conciencia, como lo manda la ley. Las autoridades policiales aseguraron que repetirán esas visitas los próximo 24 y 31 de diciembre.

Detienen al escritor y sociólogo Oscar-René Vargas

Familiares del escritor, sociólogo y economista Oscar-René Vargas denunciaron que policías encapuchados lo capturaron con lujo de violencia en una vivienda en Managua el día 22 de noviembre y lo trasladaron con paradero desconocido.

Vargas, de 76 años y autor de 35 libros, fue asesor de la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la década de 1960, pero se convirtió en un fuerte crítico del régimen de Daniel Ortega, en especial tras la rebelión social de abril de 2018. Ese año fue amenazado y escapó al exilio en Costa Rica por temor a que lo encarcelaran.

Organismos de derechos humanos exigieron de inmediato la liberación del escritor, quien según sus familiares padece de enfermedades crónicas que ameritan un cuidado especial de su salud.

Periodista Miguel Mendoza cesa huelga de hambre, espera ver a su hija

El periodista Miguel Mendoza, uno de los 219 presos políticos del régimen de Daniel Ortega, desistió de la huelga de hambre que realizaba en la cárcel policial de El Chipote, después de recibir la promesa de que se le permitirá ver a su hija Alejandra, de ocho años de edad.

Familiares que visitaron a Mendoza el 20 de noviembre dijeron que el cronista deportivo se encuentra de buen ánimo y espiritualmente fuerte, pese a que lleva más de un año en prisión y presenta problemas de salud que no han sido atendidos.

Miguel Mendoza es uno de los seis periodistas nicaragüenses que están en prisión desde mediados de 2021, tres de ellos bajo arresto domiciliario. La reciente visita familiar se produjo después de 81 días sin acceso a encuentros familiares.

Policía ocupa instalaciones de radioemisora “Mi Voz”

Agentes policiales ocuparon el 18 de noviembre las instalaciones de la radio “Mi Voz”, ubicada en la ciudad de León (occidente) y dirigida por el periodista Álvaro Montalván.

Una fuente cercana a la emisora dijo a “Radio Darío”, la cual trabaja digitalmente tras su clausura este año, que el personal logró salir antes del asalto policial y así evitó ser detenido.

La radio transmitía en la frecuencia 96.9 FM los noticieros “En Primicias y En Titulares” y quedó fuera del aire desde la ocupación gubernamental. En 2018, el periodista Álvaro Montalván fue detenido arbitrariamente y las instalaciones de la emisora han sido asediadas y vandalizadas en varias oportunidades.

Atacan canal de Youtube de Confidencial

El canal de la publicación independiente Confidencial en Youtube fue atacado el pasado 13 de noviembre por presuntos hackers que suplantaron su identidad. Su director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, explicó que mediante un acceso no autorizado los atacantes le cambiaron el nombre por “Tesla Live” y reemplazaron su logo por una imagen del magnate Elon Musk, dueño de Tesla y Twitter.

Confidencial tiene 398 000 seguidores en la plataforma Youtube. “El equipo de Confidencial detuvo la transmisión a lo inmediato, y con acceso a nuestras cuentas, restablecimos nuestra información y más de 7.000 videos que fueron ocultados durante la suplantación”, explicó Chamorro.

La señal fue interrumpida como medida de seguridad y se restableció un par de días después.

SIP nombra en su junta directiva a dos periodistas presos

En su última asamblea general celebrada a fines de octubre pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) eligió como miembros de su junta directiva a dos periodistas encarcelados: el guatemalteco José Rubén Zamora, director de El Periódico, prisionero del gobierno de Alejandro Giammattei, y el nicaragüense Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa, clausurado en 2021 y confiscado por el régimen de Daniel Ortega.

En un comunicado, la SIP destacó que la elección de los periodistas presos en sus respectivos países se da por primera vez en los 80 años de historia de la organización, en un intento por visibilizar y denunciar su condición de reos de conciencia de los gobiernos de Guatemala y de Nicaragua, respectivamente.

Holmann, quien es vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, está preso desde el 14 de agosto de 2021 y fue sentenciado a 9 años de prisión por el presunto delito de lavado de dinero.

Zamora fue encarcelado el 29 de julio de 2022. La policía allanó la sede del periódico y se embargaron sus cuentas bancarias. Se le acusa de presunto lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje.

**Otras informaciones**

Piden declarar a Nicaragua “en desacato” ante CorteIDH

Esmeralda Arosemena, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que declare al Estado nicaragüense “en desacato”, por incumplir diversas medidas provisionales dictadas por ese tribunal en favor de varias decenas de presos políticos.

La solicitud se presentó el pasado 10 de noviembre, en una sesión de la CorteIDH convocada para estudiar la situación de 45 reos de conciencia nicaragüenses, en su mayoría encerrados en la cárcel policial conocida como El Chipote desde hace más de un año, y para quienes el tribunal dictó medidas provisionales a fin de velar por su integridad física.

El juez Humberto Sierra confirmó la ausencia de los representantes del Estado nicaragüense en la sesión, cuya inasistencia no fue justificada de manera oficial.

Dos presos políticos fueron devueltos de su casa a El Chipote

El pasado 9 de noviembre, el gobierno cambió el régimen de arresto domiciliar del empresario José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y ordenó trasladarlo nuevamente a las celdas de El Chipote. Dos días después, hizo lo propio con el excanciller de la república, Francisco Aguirre Sacasa.

Las autoridades no dieron explicación alguna sobre estas medidas, que tampoco fueron notificadas oficialmente de forma pública. Ambos se encontraban bajo el régimen de casa por cárcel debido a complicaciones en su salud.

El líder empresarial Aguerri está condenado a 13 años de prisión por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Extraoficialmente se dijo que habría incumplido las “normas de seguridad” dentro de su casa. La Policía también detuvo durante unas horas a su esposa para “investigaciones”.

Se ignoran los motivos por los cuales el ex canciller Aguirre Sacasa, de 77 años de edad y condenado a 8 años de prisión por el presunto delito de “traición a la patria”, fue nuevamente recluido en la cárcel policial, donde se encuentran varias decenas de presos políticos detenidos hace más de un año.

Look back on Eye on Nicaragua updates:

2022

  • Abren juicio contra hijo de integrante de PEN Nicaragua

    La Policía de Nicaragua irrumpió el pasado 14 de septiembre en la vivienda de Andrea Margarita Del Carmen, directora de Programas del Centro PEN Nicaragua, con la intención de llevársela presa. Al no encontrarla, tomó como rehén a su hijo Gabriel López Del Carmen, de 35 años, para obligarla a entregarse. Desde esa fecha, el joven se encuentra detenido en la cárcel policial de El Chipote.

    Ambos enfrentan una acusación por supuesta “conspiración”. Un juez local rechazó los argumentos de inocencia y detención ilegal del detenido presentados por la defensa, y programó el inicio del juicio contra Gabriel para el próximo 1 de diciembre. Andrea Margarita no es juzgada porque no se encuentra en Nicaragua, pero el régimen dictó una orden de captura en su contra.

    La directora ejecutiva de PEN Internacional, Romana Cacchioli, rechazó categóricamente esas acusaciones. “Exigimos que se retiren todos los cargos y que Gabriel López Del Carmen sea liberado inmediatamente”, indicó en un comunicado.

    PEN Internacional instó a la “comunidad internacional que condene las detenciones arbitrarias y proteste por la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua”.

    La toma de rehenes forma parte de un nuevo patrón de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según han denunciado organizaciones defensoras de los derechos humanos. “En Chipote dijeron que mi hijo solo saldría libre si yo me entregaba”, denunció Andrea Margarita en entrevista al programa “Esta noche”, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro.

    Más de 30 organizaciones exigieron la libertad inmediata de Gabriel López del Carmen, hijo de la directora de Programas de PEN Nicaragua, Andrea Margarita Del Carmen, leer a continuación el posicionamiento.

    Descubren 39 “antenas falsas” que “vigilan” celulares en Nicaragua

    Unos 39 dispositivos móviles de vigilancia capaces de interceptar comunicaciones telefónicas fueron detectados en Nicaragua, según un análisis de la organización South Lighthouse -dedicada a investigar tecnologías al servicio de los derechos humanos- y el estudio Fake Antenna Detection Project (FADe Project).

    El estudio, publicado por el diario digital Confidencial el pasado 17 de octubre, revela el uso de dispositivos móviles de vigilancia, conocidos como IMSI-Catchers o falsas antenas de telecomunicaciones, en Managua y otras tres ciudades de Nicaragua.

    Las falsas antenas o dispositivos móviles, utilizados para la vigilancia electrónica, fueron detectados en zonas cercanas al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, la Cancillería de la República, el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, residencias que acogen Embajadas, entre otros puntos.

    Los dispositivos IMSI-Catcher actúan como falsas antenas que interceptan las señales telefónicas y capturan el tráfico de los dispositivos móviles, incluyendo llamadas convencionales, destino u origen de las llamadas, mensajes de texto, código de SIM Card, ubicación del teléfono y, en algunos casos, la escucha directa de la conversación telefónica, según el estudio.

    Al menos 160 periodistas han huido de Nicaragua en los últimos cuatro años

    Al menos 160 periodistas y trabajadores de medios de comunicación de Nicaragua se han marchado al exilio por razones de seguridad desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega, según un informe divulgado el pasado 10 de octubre por la red regional Voces del Sur. La lista incluye a periodistas, trabajadores de medios de comunicación, comunicadores que trabajaban en proyectos en organizaciones de sociedad civil clausuradas, y divulgadores de organismos de derechos humanos, explicó Voces del Sur. Entre ellos se encuentra personal de redacción del diario La Prensa, y de los medios digitales Artículo 66, Confidencial, Despacho 505 Divergentes, Expediente Público, 100 % Noticias, Nicaragua Actual, Nicaragua Investiga, entre otros; así como corresponsales de prensa extranjera y de medios internacionales. Del total, al menos 121 periodistas se han exiliado desde mayo de 2021 cuando se inició una ola de arrestos en el contexto de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre del año pasado, que llevaron a la cárcel a más de 60 líderes opositores, estudiantiles, campesinos, periodistas y profesionales, incluyendo a siete disidentes que aspiraban a competir por la Presidencia.

    PODCAST | El asalto a la libertad de prensa se intensifica en América Latina y más allá

    El National Press Club, de Washington, ha publicado su más reciente podcast sobre la situación de los periodistas en diversas regiones como Asia y América Latina donde los periodistas son cada vez más acosados, encarcelados e incluso asesinados por perseguir la verdad dondequiera que la historia los lleve. En esta edición, el copresidente del equipo de Broadcast/Podcast, Adam Konowe, entrevista a Rachel Oswald, presidenta del equipo de libertad de prensa del National Press Club, y a Dagmar Thiel, miembro del equipo y directora del grupo de defensa de la libertad de prensa en América Latina, Fundamedios, una conversación donde la situación para las y los periodistas en Nicaragua es señalada.

    Escuche el podcast en el siguiente link: https://www.press.org/newsroom/assault-press-freedom-intensifies-latin-america-and-beyond

    En otras informaciones:

    Policía arresta a otro sacerdote católico, suman 11 encarcelados

    El sacerdote Enrique Martínez Gamboa se convirtió la tarde del 13 de octubre en el undécimo religioso católico que el régimen Nicaragua ha encarcelado en menos de seis meses, en un contexto de persecución religiosa rampante. La policía irrumpió en la casa de los familiares del presbítero, ubicada en Managua, donde él vivía. Fuentes de la Iglesia aseguran que fue trasladado a la temida prisión de El Chipote, pero hasta ahora la Policía Nacional no ha informado sobre su detención ni cargos.

    “Fue secuestrado el sacerdote párroco de la parroquia Santa Martha, Managua. El padre Enrique Martínez. Los sacerdotes y la Iglesia Católica exigimos la liberación y el cese de la persecución contra la Iglesia y el clero. Justicia, libertad y democracia”, tuiteó el cura Uriel Vallejos, quien se exilió a finales de agosto pasado, después cuatro días de cerco en su parroquia, la Divina Misericordia, en el departamento norteño de Matagalpa.

    Los policías ingresaron con violencia a la vivienda del padre Martínez y derribaron la puerta de la habitación donde se encontraba.

    “Llegaron hasta el cuarto adonde él estaba y comenzaron a patear la puerta. Rompieron la puerta, la quebraron, lo sacaron a golpes y a empujones, y lo subieron a la camioneta. Él les dijo: ‘policías asesinos’, también gritó varias veces: ‘¡Viva Cristo Rey!’, “¡me llevan a la fuerza!”, confiaron a Confidencial fuentes cercanas a la familia del sacerdote.

    Once curas han sido capturados en menos de seis meses en Nicaragua, hay dos condenados, un obispo bajo casa por cárcel y más de 60 religiosos han huido o han sido expulsados del país.

  • Acusan por supuesta “conspiración” a comunicadora de PEN Nicaragua

    El régimen de Daniel Ortega acusó por supuesta “conspiración” contra el Estado a la comunicadora Andrea Margarita Del Carmen, Directora de Programas del centro PEN Nicaragua, clausurado hace más de un año. La Policía irrumpió en su casa para detenerla el día 14 de septiembre, pero ella no se encontraba en la vivienda y los efectivos se llevaron como rehén a su hijo, Gabriel López Del Carmen, encerrado en la cárcel de El Chipote y acusado por el mismo delito. Debido a la persecución policial, Andrea Margarita se vio forzada a abandonar el país.

    PEN Internacional exige al régimen de Nicaragua la inmediata liberación de Gabriel López Del Carmen y el retiro de todos los cargos en contra suya y de nuestra colega, así como la excarcelación de los más de 205 presas y presos políticos recluidos en las prisiones del país de manera injusta y arbitraria.

    Esto es parte de una nueva embestida policiaca-judicial, en la cual Ortega acusó por conspiración y propagación de noticias falsas a 17 nicaragüenses, entre ellos cinco familiares de perseguidos políticos tomados como rehenes, y cuatro trabajadores del diario La Prensa (una reportera, una secretaria administrativa y dos choferes, ambos detenidos hace dos meses).

    Cronista Miguel Mendoza en huelga de hambre para ver a su hija

    El periodista Miguel Mendoza mantiene una huelga de hambre en la cárcel para que se le permita ser visitado por su hija Alejandra, de ocho años de edad. El cronista deportivo fue condenado a nueve años de cárcel por publicar mensajes críticos al gobierno en Twitter y Facebook y está bajo régimen de aislamiento en la cárcel de El Chipote.

    Sus 11 pedidos a la Justicia para permitir una visita de su hija no han sido contestados. Por eso, antes de visitarlo una vez al mes, su esposa Margine Pozo memoriza cada palabra que la niña le dedica, y se graba en la mente cada uno de los muchos dibujos que hace, para luego contárselo a Mendoza.

    Solo 10 visitas de familiares le han sido permitidas en 15 meses de cautiverio, y bajo exageradas medidas de control. “Cuando llegamos a recepción nos revisan, me hacen desnudarme, que me quite la ropa”, relata Margine Pozo. “Para mí eso es agresión sexual. Lo hacen para evitar que uno lleve mensajes de los niños marcados en el cuerpo”, afirma.

    ***En otras informaciones***

    Daniel Ortega profundiza autoaislamiento

    El gobierno de Nicaragua profundizó su aislamiento internacional al expulsar a la embajadora de la UE, romper relaciones diplomáticas con los Países Bajos y rechazar la llegada del nuevo embajador asignado de Estados Unidos.

    La embajadora de la Unión Europea ante Nicaragua, Bettina Muscheidt, abandonó Nicaragua el 1 de octubre tras ser declarada non grata por el gobierno, en medio de fuertes críticas de Ortega contra la UE, que ha pedido el cese de represión y ha aplicado sanciones a decenas de funcionarios y allegados al mandatario.

    Coincide, además, contra la fuerte arremetida del régimen contra la OEA, la ONU, Estados Unidos, el Vaticano y países que han cuestionado el cuarto mandato consecutivo que Ortega obtuvo en 2021, con sus rivales presos o en el exilio.

    En este contexto, Ortega anunció a fines de septiembre la ruptura de relaciones con Países Bajos, a los que acusó de "intervencionistas" por suspender el financiamiento para un hospital. También vetó al nuevo embajador de Estados Unidos, Hugo Rodríguez, y atacó con epítetos racistas al subsecretario de Estado, Brian Nichols.

    El analista político Manuel Orozco declaró a la radiotelevisora alemana Deutsche Welle que Ortega quiere “autoaislarse” del mundo para eludir la condena internacional a su política represiva y no verse obligado a rendir cuentas.

    Corte IDH demanda la liberación de 45 presos políticos

    La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al gobierno de Nicaragua la liberación inmediata de 45 personas privadas de la libertad por motivos políticos y que se encuentran en ocho centros de detención en ese país.

    El acto de notificación se realizó el 4 de octubre mediante una audiencia virtual desde la sede de la Corte en Costa Rica, con participación de representantes de los detenidos, pero con la notoria ausencia de representantes del Estado nicaragüense.

    El secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra Alessandri, hizo lectura de la resolución en la que se dictan las medidas cautelares para que Nicaragua garantice la protección de la vida, la salud, la integridad, alimentación y libertad de esas 45 personas.

    En el texto, la Corte considera que existen elementos para “determinar la existencia de una situación de extrema gravedad” y la necesidad de que se tomen medidas para proteger a estas personas así como “los derechos de los integrantes" de sus familias.

    Colectivo de DDHH registra 150 casos de tortura desde 2019

    Un informe del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más” registró 150 casos de tortura practicada en el país “con sistematicidad e impunemente” desde 2019 hasta octubre de 2022, por parte de funcionarios e instancias del régimen de Daniel Ortega.

    Según el Colectivo, “el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 215 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, y al menos 34 de ellas están en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como Nuevo Chipote, donde se violentan los derechos más básicos que tiene toda persona privada de libertad”.

    En el informe, la organización destacó la práctica de “tortura blanca” a los presos políticos: aislamiento, incomunicación, la escasez de alimentos, ausencia de atención médica oportuna, negación de recibir materiales de lectura y la falta de regularización de visitas familiares.

    Además, alertó, los reos soportan, por parte de las autoridades, “falta de atención médica oportuna y especializada dirigida a erosionar el estado físico de personas presas políticas”.

    Sacerdotes y laicos acusados de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”

    Dos semanas después de que la Fiscalía acusara ante un juez a los cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa, que durante 15 días acompañaron al obispo Rolando Álvarez, el 4 de octubre se conocieron los cargos imputados a los religiosos: “conspiración” y “propagación de noticias falsas”.

    El abogado Yader Morazán, en el exilio, dijo que los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Antonio Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente; y Raúl Antonio Vega. También los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno Sequeira, y el camarógrafo Sergio Cárdenas.

    Los siete están detenidos en ‘El Chipote’ desde el 19 de agosto pasado, cuando fueron trasladados por la Policía desde Matagalpa. El obispo Álvarez está aparentemente bajo arresto domiciliario y se desconoce su situación.

    Sacerdote desterrado denuncia persecución contra la Iglesia católica

    El sacerdote Guillermo Trinidad Blandón, de la parroquia Santa Lucía en el departamento de Boaco, denunció que el gobierno le negó su ingreso a Nicaragua después de realizar un viaje a Jerusalén.

    “Estoy sorprendido, nunca he tenido problema con la justicia, soy un sacerdote que simplemente he predicado la palabra de Dios, he caminado con mi pueblo, he llorado con mi pueblo, he sufrido con mi pueblo, he reído con mi pueblo”, dijo.

    El padre Trinidad afirmó que existe una persecución gubernamental “que no solo se da conmigo, se da contra toda la iglesia”, y confió en que exista en realidad un diálogo entre el régimen y el Vaticano, que ayude a detener la injusticia, la represión y el acoso a sacerdotes, obispos y párrocos en Nicaragua.

    Ortega arremete contra el Vaticano: la Iglesia es “una dictadura perfecta”

    Apenas días después de que el papa Francisco revelara que existe “un diálogo” entre la Santa Sede y el régimen nicaragüense, Daniel Ortega arremetió contra las más altas autoridades de la Iglesia católica, a la que llamó “una dictadura perfecta”.

    “¿Desde cuándo los curas están para dar golpe de Estado y desde cuándo tienen autoridad para hablar de democracia?”, se preguntó en un discurso frente a cientos de policías el 29 de septiembre. “¿Quién elige a los curas, a los obispos, al papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da?”, continuó.

    Para el antiguo guerrillero marxista, que ahora se define como católico, la Iglesia no puede hablar de democracia, porque “los obispos son nombrados de dedo de parte de alguien que no ha sido electo por el pueblo, sino por un grupo de cardenales”, dijo en evidente alusión al papa Francisco.

    “Todo es impuesto, es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta”, afirmó Ortega.

  • El más reciente informe de monitoreo del diario La Prensa y Voces de Sur documentó durante el mes de agosto de 2022 un total de 16 alertas y 72 casos de violaciones a la libertad de prensa, 65 contra medios de comunicación y 7 contra personas naturales.

    El informe también documenta el cierre masivo de medios de comunicación de corte católico y comunitario, por lo cual instó al Estado a mantener separación de los poderes.

    “Es necesario detener la cancelación de licencias de medios de comunicación católicos como represalia a las diferencias con la Iglesia Católica de Nicaragua; es obligación del Estado mantener separación de poderes e imparcialidad en cada una de sus instancias, dependencias y gestiones que realice”, indicó.

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    Denuncian redadas de opositores y capturas de familiares

    El régimen de Daniel Ortega ha implementado una nueva modalidad en su escalada represiva: el secuestro extorsivo y encarcelamiento de familiares de opositores políticos, denunciaron organismos de derechos humanos y organizaciones de la oposición.

    A mediados de septiembre, la policía capturó a la esposa, hija y yerno del opositor Javier Álvarez Zamora, quien horas antes había cruzado la frontera de su país hacia Costa Rica para pedir protección internacional. Álvarez reveló que las autoridades le enviaron un mensaje: “solo las pondremos en libertad si usted se entrega”.

    Estas detenciones coincidieron con varias redadas de la policía en contra de activistas y miembros del movimiento político UNAMOS en distintas zonas del país. Según el Comité Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), al menos 10 personas fueron capturadas en menos de una semana, para engrosar la lista de más de 205 prisioneros políticos recluidos en Nicaragua.

    Nuevos casos de represión migratoria

    Durante el mes de septiembre el régimen de Nicaragua prohibió el ingreso al país de varios nicaragüenses, violentando la Constitución Política que garantiza el derecho de las personas a la libre movilización hacia y desde el territorio nacional, así como dentro del mismo.

    Una de las afectadas fue la socióloga feminista María Teresa Blandón, cuya ONG La Corriente fue ilegalizada este año por el gobierno, junto a más de 1.800 organizaciones sin fines de lucro que han corrido la misma suerte. Blandón realizó un viaje de trabajo al exterior y, al regresar, se le impidió el ingreso al país.

    Igual prohibición sufrió el sacerdote Juan de Dios García, vicario de la parroquia del Santo Cristo de Las Colinas, en Managua, quien había viajado a Miami; y el abogado Francisco Gutiérrez, propuesto como defensor del sacerdote Leonardo Urbina, encarcelado y procesado por supuesto abuso sexual.

    “No hay asidero legal para impedir la entrada al país a un Nacional. Es una desfachatez y un crimen lo que han hecho” con los afectados, protestó la abogada nicaragüense Yonarqui Martínez.

    ONU: 45 países condenan incremento de la represión

    Un grupo de 45 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron, en una carta conjunta ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, que en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega “ha seguido reprimiendo los derechos y libertades” de los nicaragüenses.

    “Nicaragua ha seguido reprimiendo los derechos a las libertades de reunión pacífica de asociación y de religión; solo este año ha cancelado la personalidad jurídica de 1112 organizaciones de derechos humanos, desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas las asociaciones médicas, entre otras. Doce universidades también han visto cancelada su personalidad jurídica, impactando el derecho a la educación. También empeoró el disfrute de la libertad de opinión y expresión, con más periodistas obligados a exiliarse, y por el reciente cierre de 12 medios de radio y televisión de la Iglesia Católica, especialmente en Matagalpa”; señaló el informe.

    Parlamento Europeo demanda liberación de obispo Álvarez

    En una resolución aprobada con 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones, el Parlamento Europeo instó al régimen nicaragüense a restablecer el pleno respeto de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias. Los procedimientos judiciales y sentencias impuestas al obispo Rolando Álvarez y otras víctimas de detención arbitraria deben ser anulados, señalan los eurodiputados.

    En su sexta resolución sobre Nicaragua en la actual legislatura, el PE lamentó “el continuo deterioro de la situación y la escalada de la represión contra la Iglesia católica, personalidades de la oposición, la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes y personas de pueblos indígenas”, así como las detenciones arbitrarias “únicamente por ejercer sus libertades fundamentales”.

    Los eurodiputados dijeron que el sistema judicial nicaragüense carece de independencia y es utilizado como instrumento para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos. El Parlamento muestra preocupación por la situación de los más de 205 presos políticos detenidos desde abril de 2018 y denuncia el trato cruel e inhumano del que son víctimas, añadió el informe.

    Ortega profundiza la asfixia a la libre expresión

    El mes de septiembre inició en Nicaragua con nuevos cierres de medios de comunicación, exilios de periodistas y clausuras de organizaciones no gubernamentales, mientras el gobierno exhibió por primera vez a unos 27 presas y presos políticos que guardan prisión en la cárcel policial de El Chipote y cuyos familiares habían denunciado el progresivo deterioro de su salud.

    Se exilia periodista cuyo canal de TV fue clausurado

    El periodista nicaragüense David Mendoza, dueño del clausurado canal de televisión RB3, de la norteña localidad de Río Blanco, abandonó Nicaragua a fines de agosto y solicitó asilo en Estados Unidos, según lo informó a medios de prensa. Mendoza dijo que cruzó el Río Bravo (frontera entre México y Estados Unidos) el pasado 30 de agosto junto a su esposa y su hijo de 10 años.

    El director del popular canal RB3 denunció consternado el pasado 2 de agosto el cierre de su televisora por parte del Instituto de Telecomunicaciones, como parte de la clausura de casi una docena de medios de prensa independientes. Mendoza fundó hace 18 años su canal, que se convirtió en un referente para una vasta población rural del norte de Nicaragua.

    Cierran otra radioemisora de la Iglesia católica

    El pasado 23 de agosto, horas después que el clero de la Diócesis de Estelí (norte) condenara en un comunicado la represión del gobierno sobre la Iglesia católica, el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) canceló la licencia de transmisión de Radio Stereo Fe, que pertenecía a esa diócesis y divulgaba contenido religioso en la zona norte de Nicaragua.

    El argumento de Telcor fue que la frecuencia de la emisora “fue autorizada en carácter personal” a monseñor Francisco Valdivia Lazo, quien falleció en 2021, por lo cual ya no puede seguir utilizando el espectro radioeléctrico.

    “Condenamos el cierre de nuestra radio, donde mucha gente humilde de nuestras comunidades se alimentaban de la palabra de Dios”, señaló la administración de la emisora.

    Publicidad estatal repartida entre familia y “leales”

    Una investigación de la publicación independiente Expediente Público reveló que desde en el primer semestre de 2022 el gobierno de Nicaragua gastó más de 180.000 dólares para “premiar” a empresas de publicidad, periodistas y medios de comunicaciones oficialistas.

    Entre los favorecidos con grandes sumas de dinero figuran Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y director del canal 8 de televisión, el propagandista Joaquín Absalón Pastora, el canal 23 de televisión y emisoras radiales como Nueva Radio Ya, Radio Oxígeno.

    Las empresas publicitarias Global Art, Nicaprint, Playmarketing y Comuntesa son otras entidades beneficiadas con recursos financieros del Estado, como parte de la estrategia de comunicación que maneja la vicepresidenta y vocera oficial, Rosario Murillo.

    “Ortega está utilizando los recursos del Estado, los recursos de los nicaragüenses, para hacer propaganda a su favor”, declaró Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP.

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    Gobierno exhibe a presas y presos políticos

    Los últimos dos días de agosto y el 1 de septiembre, el gobierno de Nicaragua exhibió por primera vez a 27 opositores presos en la temible cárcel policial de El Chipote, cuyos familiares habían denunciado que padecían hambre, incomunicación y enfermedades diversas que no estaban siendo atendidas.

    Los detenidos fueron llevados uno a uno a la sede de los tribunales de Managua, para supuestas "audiencias informativas” que no existen como tales en el reglamento judicial, de acuerdo con expertos consultados.

    En la exhibición pública, cuestionada por los familiares y por organizaciones humanitarias, fueron mostrados, entre otros, los estudiantes Lesther Alemán y Max Jerez, el líder empresarial Michel Healy, la dirigente opositora Violeta Granera, las opositoras Tamara Dávila, Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil, al igual que la mítica excomandante sandinista Dora María Téllez, protagonista de hazañas guerrilleras en los años 70, cuando Daniel Ortega proclamaba que Nicaragua jamás viviría bajo la bota de otro dictador como Anastasio Somoza, hasta entonces el más cruel y sanguinario de la historia.

    Para la socióloga Sara Henríquez, defensora de derechos humanos y exiliada, Ortega exhibió a los detenidos para descalificar las denuncias de familiares que aseguraban que sus vidas corrían peligro. "Pero obtuvo el resultado contrario, pues esas fotos y videos solo reafirmaron que están siendo torturados, en aislamiento y pasando hambre”, señaló.

    Entre los detenidos presentados a estas audiencias informativas se encontraban los periodistas Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa; Miguel Mora, exaspirante a la Presidencia de Nicaragua, y el cronista deportivo Miguel Mendoza.

    "La exhibición pública de las y los presos políticos no fue una prueba de vida. Fue una confirmación de que el régimen los somete a tortura psicológica al negarles luz natural, alimentación sana, derecho a leer un libro o a comunicarse con sus familias. Todo esto es ‘tortura blanca'”, dijo Henríquez.

    Agosto, el mes con más detenciones políticas de 2022

    El gobierno de Nicaragua desató en agosto pasado la ola más grande de detenciones por “motivos políticos” de 2022, según datos del Monitoreo Nacional Azul y Blanco y el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

    Entre el 1 y 28 de agosto, se registraron 31 arrestos arbitrarios; de estos, 15 de por “motivos políticos”. De los 15 ciudadanos detenidos, según el Mecanismo, una fue desterrada a su país de origen, seis fueron liberadas y ocho siguen encarceladas: una bajo arresto domiciliar y siete en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como El Chipote.

    Entre las ocho personas que siguen detenidas figura monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, que está en casa por cárcel desde el 19 de agosto. También están encarceladas siete personas que acompañaban a Álvarez en la curia y que luego fueron trasladados a El Chipote: tres sacerdotes, dos seminaristas y un laico.

    Aumenta a 205 cifra de reos de conciencia

    De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cifra de personas encarceladas por motivos políticos aumentó a 205.

    De ese total, 195 fueron capturadas en los últimos cuatro años, tras las protestas de abril de 2018, y 10 se encontraban ya en prisión. De los 205 presos políticos, 20 son mujeres, según el mismo informe.

    En el registro figuran 16 personas (14 hombres y 2 mujeres) reconocidas como presas políticas y que fueron capturadas entre mayo y agosto de 2022, pero sus nombres han sido omitidos a solicitud de sus familiares.

    En Nicaragua se han cerrado 1.775 ONG

    El pasado 1 de septiembre, el gobierno de Nicaragua clausuró otras 100 ONG, con lo cual se eleva a 1.775 la cifra de entidades sin fines de lucro cerradas desde 2018, la gran mayoría de las cuales fue ilegalizadas durante el presente año.

    “De esta manera se consolidan los cierres arbitrarios de organizaciones de desarrollo comunitario, de mujeres, medioambientales, indígenas, autonómicas, de promoción social y derechos políticos que atendían a los sectores más vulnerables del país”, denunció el organismo de derechos humanos “Nicaragua nunca Más”, formado en Costa Rica por defensores nicaragüenses forzados al exilio.

  • Persiste cerco a la Iglesia católica y cierre masivo de medios

    Tras 15 días de cautiverio en la Curia episcopal de Matagalpa (norte), donde permaneció rodeado y amenazado por la policía, el obispo Rolando Álvarez fue trasladado a Managua y puesto bajo “resguardo domiciliar” (casa por cárcel), mientras que los seis sacerdotes y dos seminaristas que lo acompañaban fueron llevados a la cárcel policial de El Chipote para ser sometidos a investigaciones.

    El gobierno anunció que investiga al obispo Álvarez por supuestamente “incitar al odio” y “organizar grupos violentos”, después de que confrontó a la policía con un crucifijo en sus manos a inicios de agosto. Se teme que el religioso pueda ser encarcelado o forzado al exilio, mientras el papa Francisco, en un breve y poco contundente mensaje, pidió “diálogo y entendimiento” entre las partes, sin que hasta el momento el régimen muestre voluntad de hacerlo.

    Como parte de su estrategia de silenciamiento de voces críticas en Nicaragua, la administración de Daniel Ortega siguió adelante con el cierre de medios independientes:

    Radio Darío, de León – cerrada el 12 de agosto

    La emblemática Radio Darío, emisora fundada en 1949 en el departamento de León (occidente) fue cerrada por el gobierno el 12 de agosto de 2022. Durante las protestas de 2018 esta radio denunció la violenta represión estatal contra manifestantes civiles y sufrió amenazas, acoso policial y un ataque incendiario de activistas sandinistas que destruyó parte de sus instalaciones.

    “Ni apagando equipos ni retirándonos arbitrariamente una licencia lograrán callarnos ni silenciar la verdad. Después de 73 años Radio Darío es y será una voz defensora de la justicia, la democracia y de los derechos ciudadanos. Lejos de amedrentarnos, sus acciones nos fortalecen”, declaró su director y propietario, Aníbal Toruño, tras anunciar que seguirán trabajando desde las redes sociales.

    NGTV Canal 3 de Nueva Guinea –licencia retirada el 10 de agosto

    Dos días antes, el 10 de agosto, el gobierno le retiró la licencia de operaciones a NGTV Canal 3 de Nueva Guinea, una televisora con presencia en la región del Caribe sur de Nicaragua. Al igual que en los demás casos, el Instituto de Telecomunicaciones esgrimió argumentos técnicos.

    La dirección del canal anunció que seguirán ejerciendo su derecho a la información a través de las redes sociales.

    Radio San Carlos – cesó transmisiones el 16 de agosto por orden gubernamental

    La popular radio San Carlos, que transmitía en el sureño departamento de Río San Juan, cesó transmisiones por orden gubernamental el 16 de agosto. La emisora transmitía temas religiosos de la iglesia católica y estaba dirigida por el exalcalde liberal Silvio Pilarte, forzado al exilio tras recibir amenazas de activistas del gobierno.

    Noticiero La Voz de Rivas – repentino cese el 18 de agosto

    El 18 de agosto se conoció el repentino cese de transmisiones del noticiero La Voz de Rivas, un popular espacio de la emisora Radio Rumbos que había transmitido durante 29 años en ese departamento del sur de Nicaragua.

    “De momento la administración de la radio guarda silencio sobre la cancelación de este programa y lo único que se conoce es que la orden vino de Managua”, fue la escueta explicación del medio.

    Voces del Sur: continúa éxodo de periodistas

    En su informe correspondiente a julio de 2022, el observatorio Voces del Sur documentó 71 nuevos casos de violación a la libertad de prensa, 66 de estos contra medios de comunicación (93 por ciento).

    Asimismo, solo en ese mes fueron obligados al exilio otros 17 periodistas nicaragüenses, en su mayoría trabajadores del clausurado diario La Prensa, que el pasado 13 de agosto cumplió un año bajo cierre y ocupación policial. Al menos 12 comunicadores más fueron víctimas de desplazamiento interno, a fin de poner a salvo su vida.

    Temen confiscación total del diario La Prensa

    El 22 de agosto, tras un 374 días bajo ocupación policial, la dirección del diario La Prensa denunció que operadores del gobierno están realizando “obras de construcción” al interior del edificio, del que han retirado equipos y maquinarias, con destino desconocido.

    La Prensa, el diario más antiguo de Nicaragua, denunció una confiscación de facto de su edificio, máquinas y equipos, todo esto valorado en unos 10 millones de dólares. Se trata de un acto arbitrario e ilegal, pues el artículo 44 de la Constitución Política vigente garantiza el respeto a la propiedad privada y prohíbe expresamente las confiscaciones.

    Ortega acorrala a la iglesia católica

    La última quincena estuvo marcada por un escalamiento de la campaña de persecución contra la prensa independiente y también contra la Iglesia católica, que se materializó en el cierre de unos 11 medios de comunicación, siete de los cuales eran radioemisoras vinculadas a la Diócesis de Matagalpa (norte) que dirige el obispo Rolando Álvarez, una de las voces más críticas frente al gobierno.

    Tras varios días de acoso policial, Álvarez quedó encerrado el 4 de agosto en la sede episcopal junto a otras 11 personas (cinco de ellas sacerdotes), mientras la Policía anunció el inicio de “investigaciones” por “instigar al odio” y “organizar a grupos violentos”.

    Una situación similar vivió el sacerdote Uriel Vallejos, párroco de Sébaco, municipio de Matagalpa, quien fue sitiado por la Policía durante varios días a inicios de agosto, hasta ser evacuado casi en secreto del lugar por un grupo de religiosos. El pretexto para el asedio fue el cierre de la Radio Católica, que transmitía desde esa localidad.

    La vicepresidenta Rosario Murillo arremetió contra los sacerdotes católicos y, sin mencionar explícitamente al obispo Álvarez, advirtió que el gobierno no tolerará actos de “exhibicionismo” ni “pecados de lesa espiritualidad”. Horas después la Policía anunció la investigación contra el obispo de Matagalpa y otras personas que no identificó.

    Al 9 de agosto, Álvarez y sus colaboradores permanecían virtualmente secuestrados dentro de la Curia Episcopal de la ciudad, bajo férrea vigilancia de agentes policiales y tropas antimotines. Sin embargo, el obispo dejó de enviar mensajes a través de sus redes sociales, tendiendo una nube de silencio sobre su situación. Se ignora si el régimen estaría negociando con el Vaticano su posible salida del país.

    PEN, Fundamedios y Voces del Sur junto con otras ONGs rechazan cierre masivo y arbitrario de medios

    Las organizaciones que suscriben el pronunciamiento rechazaron el cierre masivo y arbitrario de radios en el departamento de Matagalpa, entre ellas Radio Vos, una emisora comunitaria con 18 años de trabajo en favor de las comunidades y grupos vulnerables del departamento, así mismo las emisoras católicas Radio Hermanos, Radio Santa Lucía, Radio Católica de Sébaco, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio San José de Matiguás, Radio Monte Carmelo y Radio Alliens.

    Leer pronunciamiento aquí.

    SIP: Tras cierre de medios crece el “desierto informativo”

    "Con un solo golpe, el gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo en el interior del país, donde las estaciones clausuradas prestaban un valioso servicio comunitario a miles de personas”, afirmó el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati.

    En un comunicado de prensa emitido el 3 de agosto, la SIP protestó por el cierre masivo de radioemisoras y canales de TV por cable en el norte de Nicaragua.

    Esto es "parte de una campaña que pretende eliminar todo vestigio de prensa independiente y representa una nueva arremetida contra la libertad de culto y de pensamiento en esa nación", afirmó Chahuati en el informe.

    La SIP recordó que el cierre de los medios en Matagalpa se produjo de forma “simultánea con un clima de agresiones policiales contra templos católicos y sacerdotes”.

    Poeta Gioconda Belli vetada en festival literario en España

    La poeta y novelista Gioconda Belli, presidenta de PEN Nicaragua, denunció que el régimen de Ortega a través de su embajada en España, país donde se encuentra exiliada, vetó su participación en el festival cultural “Celebremos Iberoamérica”.

    Belli compartió en redes sociales la carta de invitación extendida por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para participar en el evento del 19 al 25 de septiembre próximo. Sin embargo, denunció que el 1 de agosto recibió una llamada de misma entidad para comunicarle que “la encargada de negocios de Nicaragua en España vetó” su inclusión en el festival.

    “Dijo que yo no representaba a Nicaragua. No represento a quienes nos gobiernan, obvio, y a mucha honra de no representar ese país inventado que ellos representan”, escribió Belli.

    “La miseria humana de querer que los artistas nicaragüenses sólo sean los que les rindan pleitesía pone en evidencia sus absurdas pataletas y sus celos”, añadió.

    ONG seguirán documentando represión en Nicaragua

    Organizaciones de derechos humanos de Nicaragua e internacionales denunciaron que la represión ha ido en aumento en el país y advirtieron que no dejarán de documentar los casos de censura, persecución y encarcelamiento que continúan registrándose bajo el gobierno de Ortega.

    En una conferencia de prensa convocada para analizar las Observaciones Finales del Comité contra la Tortura (CAT) para el Estado de Nicaragua, emitidas el pasado 29 de julio, representantes de estas entidades reiteraron que en el país se han violentado sistemáticamente los derechos humanos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

    Tania Agosti, Asesora Legal en Ginebra para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race and Equality) dijo que la falta de compromiso del Estado de Nicaragua para cumplir sus obligaciones internacionales ocurre en un contexto en el que se le acusa de “poner en marcha una política de detenciones arbitrarias contra cualquier tipo de oposición y mientras se reportan al menos 190 personas privadas de libertad por motivos políticos, en condiciones inhumanas donde existen claros indicios de tortura y violencia”.

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    Gobierno impide regreso de reconocido médico nicaragüense

    El pasado 4 de agosto, el gobierno prohibió el ingreso a Nicaragua del prestigioso médico y catedrático Joaquín Solís Piura, de 86 años, un reconocido luchador contra la dictadura somocista y defensor de la autonomía universitaria desde la década de los cincuenta.

    Solís Piura regresaba a Managua con su esposa tras realizar una visita familiar a Estados Unidos. Ambos son nicaragüenses y fueron impedidos de ingresar a su país, sin recibir ninguna explicación.

    El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó “enérgicamente este atropello a los derechos humanos del dr. Solís Piura y su esposa” y destacó que el régimen los ha condenado al destierro forzoso en “una acción perversa y cruel”.

    OEA y Unión Europea analizan nueva oleada represiva

    La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que debatirá sobre el tema de Nicaragua en una sesión prevista para el viernes 12 de agosto, en la que se espera se discuta una resolución de rechazo al asedio y persecución contra la Iglesia católica y la prensa independiente.

    Por su parte, el Consejo de la Unión Europea tiene previsto reunirse el próximo 15 de octubre para revisar las sanciones impuestas contra funcionarios del régimen y familiares de Ortega, aunque no se descarta la adopción previa de nuevas medidas ante los recientes acontecimientos.

    “Seguimos vigilando la situación y reaccionaremos según corresponda. Estos últimos actos de represión fueron condenados por la Unión Europea como una nueva violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias”, dijo a el portavoz del Servicio de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano.

  • Se agrava situación de periodistas encarcelados

    SIP demanda libertad de seis comunicadores presos

    La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió el 13 de julio sobre el deterioro del estado de salud de seis periodistas condenados en Nicaragua hasta 13 años en prisión y reclamó su “liberación inmediata” al régimen de Daniel Ortega, al que responsabilizó de lo que les pueda suceder.

    Son presos de conciencia, sentenciados en juicios sumarios, sin debido proceso y por delitos inexistentes, dijo la SIP en un comunicado en el que pidió a la comunidad internacional “cerrar filas” en defensa de Miguel Mora, Miguel Mendoza, Jaime Arellano, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann, detenidos todos entre junio y agosto de 2021.

    Mora, Mendoza y Holmann se encuentran en la cárcel policial de El Chipote en “condiciones deplorables”, sometidos a aislamiento, mala alimentación y sin atención médica, mientras que Jaime Arellano, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro están bajo arresto domiciliario con graves restricciones y problemas de salud.

    “Los hacemos responsables ante la comunidad internacional por lo que les pudiera suceder, tanto a ellos como al resto de los presos políticos”, subrayó el comunicado de la organización, que incluirá a Nicaragua entre los temas principales a abordar en su Asamblea General a celebrarse en Madrid del 27 al 30 de octubre próximo.

    Reportan deterioro de salud de Miguel Mendoza

    El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y familiares del cronista deportivo Miguel Mendoza denunciaron la “grave situación de salud” del periodista, quien ha sido sometido a torturas física y psicológicas, ha perdido mucho pesos y no recibe atención médica en el centro penitenciario El Chipote.

    El CENIDH distribuyó un video en el cual se denuncia que Mendoza, detenido el 21 de junio de 2021 y condenado a nueve años de cárcel por el supuesto delito de “conspiración”, fue completamente rapado en contra de su voluntad, ha perdido 30 libras de peso debido a la mala alimentación y no recibe atención médica pese a que es diabético.

    A Mendoza, cuyo único “delito” fue publicar críticas contra el gobierno y demandar la libertad de los presos políticos en las redes sociales, no se le permiten visitas de su hija de ocho años, a quien no ve desde su arresto arbitrario e ilegal.

    Link al video: https://twitter.com/i/status/1...

    Miguel Mora en huelga de hambre

    El periodista Miguel Mora, excandidato presidencial preso en la cárcel policial de El Chipote desde junio de 2021, inició una huelga de hambre para demandar al régimen de Ortega que se le permita ver a su hijo y recibir una biblia, informó su esposa, la también periodista Verónica Chávez.

    "Él exige que le permitan ver a Miguelito, el niño está sufriendo mucho por no ver a su papá y ha tenido crisis de estado de ánimo", dijo Chávez, tras recordar que el hijo del comunicador tiene una discapacidad motora y solo puede movilizarse en silla de ruedas.

    "Estoy preocupada por las repercusiones que Miguel pueda tener en su salud a causa de la huelga de hambre, y sobre todo estoy preocupada por Miguelito (pues) el daño emocional que sufre es devastador”, agregó.

    Ortega impide ingreso de periodista y antropóloga guatemalteca

    La antropóloga, escritora y periodista guatemalteca Irma Alicia Velásquez Nimatuj, fue retenida el domingo 24 de julio por agentes de Migración en el aeropuerto internacional de Nicaragua, cuando se disponía a ingresar al país para asistir a un evento académico en Managua.

    Velásquez Nimatuj denunció el episodio al momento de su retención: “Vine a Managua a una reunión y al bajar del avión me detuvieron y me quitaron todo. Solo pude quedarme con el teléfono. Un agente del régimen me detuvo y me quitó todo”. Agregó que estuvo retenida en una oficina del aeropuerto antes de ser expulsada del país. No se le informaron las razones de esa medida.

    Al denunciar la retención y expulsión de Velásquez, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo “un llamado a las autoridades del régimen nicaragüense a cesar las detenciones arbitrarias y el hostigamiento contra personas que participan activamente de la vida pública”.

    **En otras informaciones**

    Encarcelan a otro sacerdote católico, el segundo en dos meses

    El sacerdote José Leonardo Urbina, quien dirigía la parroquia del Perpetuo Socorro y era vicario episcopal de Boaco (zona central del país) fue encarcelado y sometido a juicio el 14 de julio pasado, por el supuesto delito de violación sexual en perjuicio de una adolescente.

    Urbina fue detenido por la policía tras recibir una denuncia de familiares de la menor y una jueza local dictó tres meses de prisión preventiva en su contra. La madre de la adolescente pidió la pena máxima (30 años de cárcel) contra el religioso, mientras feligreses de la localidad alegaron su inocencia y aseguran que se trató de un “montaje” como parte de la campaña de persecución del régimen de Ortega contra la Iglesia católica.

    Este es el segundo sacerdote católico encarcelado en los últimos dos meses. El pasado 24 de junio, el cura Manuel Salvador García, párroco de la iglesia El Calvario, en Nandaime (sur), fue arrestado y enjuiciado en un caso repleto de irregularidades y testimonios contradictorios, en el que se le acusó de “amenaza con arma” contra cinco activistas sandinistas de su localidad, que previamente habían apedreado la parroquia.

    Urnas Abiertas denuncia incremento de violencia política

    Al menos 385 hechos de violencia política se registraron en Nicaragua durante el primer semestre de este año, según un análisis del observatorio ciudadano electoral Urnas Abiertas, presentado el 26 de julio.

    El documento refiere denuncias recibidas del 1 de enero al 30 de junio recién pasado. Los casos provienen de todos los departamentos y regiones autónomas del país, y de 52 de los 153 municipios (33.98%). Solo tres de estos casos ocurrieron fuera de Nicaragua, “pero bajo la estructura represiva coordinada por el gobierno”, se indicó.

    Según el observatorio, 5 de cada 10 casos reportados corresponden a asedio y hostigamiento (199) y los demás se categorizan como persecución judicial (42), medidas administrativas (40), agresión (37), tortura y malos tratos (31), detención (24), muerte (2) y otros (10).

    Link al informe completo de Urnas Abiertas: https://cutt.ly/KZurP1

    Nueva embestida oficial contra el diario La Prensa

    El 7 de julio de 2022, el gobierno de Ortega y Murillo arremetió nuevamente contra el diario La Prensa, al perseguir a un equipo periodístico de ese medio que cubrió la expulsión de 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, cuya agrupación había sido previamente clausurada por el Parlamento.

    Los conductores del periódico Mario Sánchez y Carlos Lam fueron detenidos y se les impuso una prisión preventiva de tres meses “para investigaciones”, mientras que las viviendas de un periodista y un fotógrafo fueron allanadas por la Policía esa misma noche.

    La Prensa circula solamente en redes desde agosto de 2021, cuando sus instalaciones fueron ocupadas por la Policía, que aún permanece en el edificio, y su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, fue arrestado y condenado a nueve años de prisión por supuesto “lavado de dinero”.

    "Responsabilizamos al régimen por lo que puede sucederle a cada uno de los trabajadores de La Prensa, víctimas de abusos, la intolerancia y la falta de respeto a sus derechos fundamentales", expresó Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que protestó por esta “nueva embestida”.

    Censura abarca hasta los accidentes de tránsito

    El informe de “Violaciones a la Libertad de Prensa” correspondiente al mes de junio 2022 elaborado por Voces del Sur, constató nuevas acciones restrictivas del gobierno de Nicaragua en contra de la prensa independiente, incluida la negativa de coberturas de accidentes de tránsito.

    El informe documentó siete alertas y dio seguimiento a dos alertas generadas en 2021. En total se documentaron 67 casos de violaciones a la libertad de prensa.

    Destacó que el periodista Jacdiel Rivera, corresponsal del Canal 10 en el departamento de Madriz (norte), fue víctima de obstrucción de su trabajo cuando intentó cubrir una supuesta incautación millonaria de dólares y al tratar de grabar imágenes sobre un accidente de tránsito.

    “En pleno siglo XXI es inconcebible que en Nicaragua las coberturas de accidentes de tránsito sean censuradas”, destacó Voces del Sur, cuyo informe recopiló los casos de censura, cierre de medios, acoso y restricciones migratorias a periodistas durante el mes de junio pasado.

    “Lamentamos el aumento de los exilios forzados y demandamos al Estado salvaguardar la integridad de quienes se mantienen en el país realizando periodismo valiente, ético y humano”, señaló el documento.

    Lee el informe en el siguiente link.

    Gioconda Belli: Daniel Ortega busca “controlarlo todo”

    La poeta y novelista Gioconda Belli, presidenta del clausurado centro PEN Nicaragua, reiteró su condena al reciente cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua, a la cual pertenecía, y de otras organizaciones civiles, y aseguró que el objetivo del régimen de Daniel Ortega es “controlarlo todo”.

    “Controlarlo todo, eso es lo que persiguen: no dejar resquicios que permitan a la sociedad la independencia de organizarse autónomamente y funcionar para fines propios. Es un gobierno muy preocupado por el uso que haría el pueblo nicaragüense de su libertad. Por eso impiden que la tenga”, dijo Belli en una entrevista al Centro PEN Uruguay.

    Consultada sobre si debe mantenerse la distinción de Visitante Ilustre de Montevideo, otorgada a Ortega cuando este visitó la capital uruguaya en 2008, afirmó. “No me toca a mí decidir eso, pero cualquiera que se documente sobre lo que ha pasado en Nicaragua desde 2018, se dará cuenta de que el condecorado es ahora un dictador sanguinario de los que ya no se veían en América Latina hace décadas”.

    Lee la entrevista aquí.

    *En otras informaciones*

    Expulsan a 18 misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta

    Una delegación de 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad fue expulsada del Nicaragua el pasado 7 de julio hacia Costa Rica, en vehículos escoltados por la policía de Migración.

    La comitiva religiosa fue obligada a abandonar Nicaragua tras el inexplicable cierre de la asociación, fundada por la Madre Teresa de Calcuta en Nicaragua en la década de 1980, durante el primer gobierno de Ortega.

    En una entrevista concedida a la agencia Sir, las misioneras se mostraron sorprendidas por la decisión y la orden de abandonar el país de manera inmediata: “Nunca hicimos actividad política. Nuestro pensamiento siempre ha sido servir a los pobres. Por supuesto, el país está sufriendo, especialmente la Iglesia, que es perseguida. No hay libertad, pero la situación económica también es difícil, y cada vez faltan más puestos de trabajo", dijeron desde Costa Rica, donde fueron recibidas por el obispo de Tilarán-Liberia y luego encontraron alojamiento en la casa de las Misioneras de la Caridad de San José.

    El gobierno intentó evitar la cobertura periodística de este suceso, y como represalia la Policía persiguió al equipo del diario La Prensa que acompañó a las monjas hasta la frontera de Peñas Blancas (sur).

    Impiden ingreso de “Caravana por la vida”

    Un día después de que la delegación de monjas fuera expulsada, el gobierno impidió el ingreso de una delegación de nueve diputados de partidos de izquierda latinoamericanos que pretendía constatar la situación de los casi 190 presos políticos que permanecen en distintas cárceles del país, 180 de ellos detenidos tras las protestas de 2018.

    Mariano Rosa, coordinador de la llamada “Comisión por la vida y la libertad de las personas presas políticas en Nicaragua”, dijo que la policía del país movilizó a unos 300 efectivos a la frontera para bloquearles el paso cuando intentaron internarse desde la aduana de Peñas Blancas, Costa Rica.

    “Montaron un operativo militar descomunal de policías y paramilitares, en una actitud intimidatoria y amenazante”, denunció Rosa. “Con esta acción el gobierno demuestra que es una dictadura”, añadió el legislador izquierdista.

    El resto de diputados que intentaron visitar el país pertenecen a partidos de izquierda de Brasil, México, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. La delegación anunció que iniciará una campaña para “denunciar al mundo la violación de los derechos humanos” por parte del gobierno de Ortega y Murillo.

    Ocupan instalaciones de Centro Humboldt y La Corriente

    Ese mismo viernes, la Policía ocupó las instalaciones de la agrupación ecologista Centro Humboldt y de la organización no gubernamental feminista La Corriente. Ambos organismos fueron clausurados en marzo y mayo de este año, respectivamente, como parte del cierre de casi 900 ONG, en su gran mayoría durante el último año, de las casi 6.000 asociaciones sin fines de lucro existentes en el país.

    "'A todas luces, la cancelación de nuestra personería jurídica y la toma de nuestras instalaciones, es un acto ilegal que atenta contra la libertad de asociación'', denunció La Corriente.

    Exigen liberación de Miguel Mendoza y Miguel Mora a un año de su encarcelamiento

    22 de junio 2022

    Los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza cumplen un año de haber sido detenidos arbitrariamente. El fundador de 100% Noticias fue encarcelado por segunda vez el 20 de junio de 2021. Solo un día después, la Policía apresó al cronista deportivo. Ambos fueron detenidos en la cacería que emprendió el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo previo a las votaciones presidenciales de noviembre del año pasado. Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) demandan su liberación.

    El 21 de junio de 2021, integrantes del PCIN, exigieron la inmediata libertad para Miguel Mora y Miguel Mendoza, “porque la difusión del pensamiento es un derecho constitucional y jamás debe ser objeto de criminalización. Son 365 días de violaciones sistemáticas a sus derechos 365 fundamentales“, señaló el grupo PCIN en un comunicado.

    Ver el video aquí: https://www.facebook.com/nicaraguaactual/videos/5112024198887233/

    Bachelet alerta sobre persistente deterioro de DD.HH. en Nicaragua

    La Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el continuo deterioro de la situación en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega, con detenciones arbitrarias, persecución, cierre de ONGs y un masivo exilio forzado de ciudadanos nicaragüenses.

    En un informe actualizado presentado ante la 50 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el 16 de junio, Bachelet rechazó el encarcelamiento de más de 180 personas tras la crisis política que estalló con las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 355 muertos.

    “Hago propicia esta ocasión para reiterar mi pedido a las autoridades competentes de asegurar la inmediata liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y garantizar su integridad física y psíquica”, dijo al denunciar condiciones de reclusión deplorables.

    Agregó que desde mayo de 2022 “la Policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente”, mientras el espacio cívico se ha reducido “dramáticamente” tras el cierre de al menos 12 universidades privadas y “388 organizaciones no gubernamentales desde inicios de este año, lo que arroja un total de al menos 454 desde noviembre de 2018”.

    Bachelet declaró que “el número de nicaragüenses que abandonan el país está aumentando a cifras sin precedentes”, incluso mayores a las registradas en la década de 1980, cuando Nicaragua vivía una guerra civil.

    Impiden ingreso de periodista de Univisión Tifani Roberts

    El gobierno de Nicaragua prohibió el ingreso de la periodista nica-estadounidense Tifani Roberts, de la cadena norteamericana Univisión, argumentando un rechazo a su prueba PCR por parte de las autoridades.

    Roberts intentó viajar desde Estados Unidos para visitar a su madre, que reside en Managua, el pasado 16 de junio. En su cuenta de Twitter la periodista denunció que la aerolínea colombiana Avianca le impidió abordar el vuelo tras notificarle que no tenía permitido ingresar a su país.

    Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, dijo que la decisión “recuerda a prácticas similares en Cuba” y viola abiertamente los derechos humanos de Roberts, quien por tener nacionalidad nicaragüense no debería ser impedida de ingresar al país.

    SIP condena cierre de Trinchera de la Noticia

    La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el reciente cierre y confiscación del portal nicaragüense Trinchera de la Noticia y señaló que se trata del cuarto medio oficialmente clausurado en ese país como consecuencia de las "acciones hostiles del gobierno de Nicaragua".

    La SIP, con sede en Miami, subrayó que esta arremetida contra la prensa independiente es una "represalia por sus críticas al régimen".

    "Se trata del mismo procedimiento amañado, amparado en un sistema judicial sin independencia y sumiso al poder político, utilizado para cerrar el canal 100 % Noticias, el diario La Prensa y Confidencial, y condenar a seis periodistas", indicó Jorge Canahuati, presidente de la SIP.

    "Reafirmamos lo expresado en la Declaración sobre Nicaragua en la que 27 organizaciones nacionales e internacionales de prensa nos comprometimos a luchar de forma conjunta a favor de la vigencia de las libertades de expresión y de prensa en el país y contra la dictadura de Nicaragua", aseveró por su parte Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de prensa e Información de la SIP.

    El equipo de PEN Uruguay entrevista al periodista Wilfredo Miranda

    El Centro PEN Uruguay publicó una entrevista al reportero nicaragüense Wilfredo Milranda, en la que se habla sobre la situación del periodismo nicaragüense.

    Wilfredo Miranda Aburto nació en 1991 en Nicaragua. Apenas tiene 30 años, pero a los 27 ya había recibido el prestigioso Premio Iberoamericano en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España (2019), de Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional por su reportaje «¡Disparaban con precisión: a matar!».

    Lee la entrevista completa aquí.

    **EN OTRAS INFORMACIONES**

    OACNUDH demanda abrir cárcel de El Chipote a escrutinio internacional

    El régimen de Daniel Ortega no solamente ha radicalizado la represión en Nicaragua, sino que también desafía el mandato de 20 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al impedir el ingreso del Grupo de Expertos Independientes designados para investigar las violaciones a los derechos humanos. Esa decisión “no lleva a ningún lado”, por el contrario profundiza la crisis nacional, dijo el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central (OACNUDH), Alberto Brunori.

    En entrevista con el programa de televisión Esta Semana, Brunori se refirió a la más reciente actualización del informe oral de la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que expresa la preocupación de su Oficina por las condiciones carcelarias de los presos políticos, la anulación de la libertad de asociación en el país, la persecución contra sacerdotes y obispos de la Iglesia católica, y el aumento de la migración como consecuencia de la crisis sociopolítica.

    El representante regional de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, advierte la necesidad del regreso al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos para apoyar a superar la crisis. “Nos gustaría poder discutir personalmente (con el Gobierno) estos datos y ver de qué manera superar las violaciones que nosotros estamos detectando y que se nos reportan”, dijo.

    Cierran negocios en mercado de artesanías por vender “símbolos de Abril”

    Unos llaveros con la imagen de Lesther Alemán, el universitario condenado por retar a Daniel Ortega en 2018 y que está encarcelado desde hace casi un año, fue el motivo para que la Municipalidad de Managua cerrara un puesto de artesanías en el mercado Roberto Huembes, uno de los centros comerciales de la capital más visitados por los turistas.

    Comerciantes que omitieron su nombre por temor dijeron a la publicación digital Divergentes que la fiscalización comenzó a inicios de junio en los tramos que venden artesanías, donde funcionarios de la Alcaldía dispusieron el cierre temporal de al menos tres negocios y les aplicaron multas de 5,000 córdobas (unos 140 dólares), por supuestamente incurrir en un “delito” al vender mercancías alusivas a la rebelión de abril de 2018.

    Otros productos cuestionados por los enviados del gobierno fueron camisetas (playeras) con lemas como “Viva Nicaragua libre” y “Que se rinda tu madre”, así como muñequitos con la bandera de Nicaragua, que se convirtió en símbolo de las protestas contra Ortega a pesar de ser la enseña oficial del país.

    EE.UU. sanciona a empresa minera estatal de Nicaragua

    El gobierno de Estados Unidos sancionó el 17 de junio a la compañía minera estatal de Nicaragua que con sus exportaciones de oro habría ayudado a socios privados del gobierno de Daniel Ortega a embolsar millones de dólares a cambio de sobornos a funcionarios.

    Las sanciones contra la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS) incluyen también a Ruy López Delgado, el presidente de su junta directiva.

    La medida anunciada por el Departamento del Tesoro significa que ni la compañía ni el funcionario podrán realizar operaciones comerciales o financieras de ningún tipo en Estados Unidos y que sus activos quedan congelados en este país.

    Estados Unidos asegura que “el régimen de Ortega-Murillo manipuló las elecciones” a través del “encarcelamiento arbitrario de la oposición política, el bloqueo de partidos políticos, el cierre de medios independientes y la intimidación de la sociedad civil”, y que está profundizando su relación con Rusia durante la guerra con Ucrania, además de usar y alega que ingresos por exportaciones de oro para enriquecer a sus funcionarios.

    Nicaragua autorizó el ingreso de tropas rusas

    Con el voto de 78 legisladores, el 14 de junio de 2022, se autorizó el ingreso de tropas rusas a Nicaragua. Según el decreto 10-2022, las tropas rusas podrán participar a partir del próximo 1 de julio en “ejercicios de adiestramiento e intercambio en operaciones de ayuda humanitaria, misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencia o desastres naturales, con las fuerzas terrestres, Fuerza Aérea y Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua”.

    Igualmente contempla el “intercambio de experiencias, adiestramiento, operaciones en contra de ilícitos en espacios marítimos en el Mar Caribe y aguas jurisdiccionales en el Océano Pacífico de Nicaragua, con la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua” y el “intercambio de experiencias y de comunicación operacional con naves y aeronaves del Ejército de Nicaragua en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

    Este hecho ha causado preocupación para diversos actores políticos. “Invitar a las fuerzas rusas, a las tropas rusas a ejercicios, aunque sean humanitarios en el momento que ese país está invadiendo un país vecino, e incurriendo en violaciones a los derechos humanos en Ucrania, nos parece una provocación por parte del régimen nicaragüense, y es algo un poco peligroso para nosotros”, declaró Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, a la agencia alemana Deutsche Welle.

    Continúa cierre y confiscación de medios de prensa

    Las acciones represivas contra la prensa independiente continuaron en la última semana en Nicaragua, con el cierre, ocupación policial y confiscación del periódico digital Trinchera de la Noticia. Se trata del cuarto medio de comunicación clausurado por el régimen de Ortega desde 2018, después del cierre del canal 100% Noticias, el diario La Prensa, y Confidencial, cuya redacción fue confiscada en dos ocasiones y su director, el periodista Carlos F. Chamorro, criminalizado y forzado al exilio.

    Cierran “Trinchera de la Noticia” y ocupan sus instalaciones

    A través del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, el gobierno de Daniel Ortega disolvió el 10 de junio la Sociedad Trinchera de la Noticia “por perturbar la paz social”, y ejecutó el cierre definitivo del medio de comunicación, cuyo edificio fue ocupado violentamente por oficiales de la Policía. Sus bienes activos, dinero en efectivo, cuentas bancarias y bienes muebles fueron puestos “bajo resguardo policial”.

    En una notificación del Registro de la Propiedad entregada a la directora del medio de comunicación, la periodista María Alicia Talavera, el régimen señala que la empresa fue sancionada “por perturbar la paz social y negarse a presentar la información en el tiempo establecido o presentarla de forma incompleta o inexacta”.

    Al momento de la toma del edificio, los agentes de la Policía cerraron todas las calles de acceso al medio de comunicación, pero minutos después se replegaron en el inmueble. La Policía irrumpió en el lugar donde estaban presentes dos trabajadoras, la recepcionista y la contadora, quienes fueron “sacadas con agresividad”, dijo Talavera minutos después del asalto.

    Trinchera de la Noticia fue fundada en 1999 por el reconocido periodista Xavier Reyes Alba, fallecido hace un año.

    Aumentan los ciberataques contra medios independientes

    La estrategia de acoso y persecución al periodismo independiente se desarrolla también a nivel cibernético. En su más reciente informe, la organización Voces del Sur denunció que toda una inversión económica y humana dirigida a este objetivo.

    En mayo pasado se reportaron tres delitos calificados como "restricciones al internet", el primero de ellos contra la jefa de prensa de Radio La Costeñisima, Kalúa Salazar, quien denunció un intento de hackeo de su cuenta de Facebook. El segundo caso fue denunciado por el medio digital Actualidad con Dino Andino, que involucró a la denominada “Page Community Standar” en un intento de usurpación de identidad en la misma red social.

    También en mayo, la directora del medio digital Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz, denunció al Grupo Regional Promerica, ligado a un banco privado, de promover una campaña de denuncias con injustificados reclamos al proveedor del hosting, hasta que este los retiró de internet.

    ***EN OTRAS NOTICIAS***

    Ortega rechaza ingreso de Comisión de Expertos de la ONU

    Tal como se preveía, el gobierno de Ortega rechazó de manera rotunda la solicitud de la Comisión de Expertos Independientes nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para cooperar con su mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022.

    Fuentes diplomáticas europeas confirmaron a la publicación Confidencial que el régimen, a través de su embajador en Ginebra, rechazó tener algún contacto con la Comisión y permitirle su ingreso al país, alegando que esta entidad es “parcial y sesgada, porque representa un ataque contra Nicaragua, alineado a los intereses de Estados Unidos”.

    Defensores nacionales e internacionales que han velado por los derechos humanos en Nicaragua lamentaron el rechazo oficial del Gobierno. Sin embargo, estiman que el Grupo de Expertos logrará ejecutar su mandato.

    “Sí es lamentable que no entren, pero ellos su mandato lo van a cumplir, ya hay antecedentes de expertos a los que el Gobierno no dejó entrar”, declaró la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al que el régimen orteguista canceló su personería jurídica en diciembre de 2018.

    Nicaragüenses exigen libertad a presos políticos durante la IX Cumbre de las Américas

    Miembros de la sociedad civil nicaragüense reprimidos por Daniel Ortega estuvieron presentes durante la IX Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Los Ángeles, California del 6 al 10 de junio de 2022.

    A través de la participación en foros de sociedad civil, los liderazgos cívicos de Nicaragua en el exilio evidenciaron la escalada represiva del régimen, el éxodo masivo de nicaragüenses, la embestida contra la prensa independiente y las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018.

    Una delegación de la sociedad civil sostuvo un encuentro con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), para exponer las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades.

    Además, la situación de 184 presos políticos fue objeto de intervenciones durante la Cumbre de las Américas, así como en los eventos paralelos de la sociedad civil, organismos internacionales y fundaciones. Organizaciones de la sociedad civil, activistas y organizaciones internacionales exigieron la liberación de los presos políticos.

    “En Nicaragua, los periodistas y candidatos de la oposición política Miguel Mora y Miguel Mendoza, el editor de periódicos Juan Lorenzo Holmann, están actualmente injustamente encarcelados”, se comentó en las diversas reuniones y foros.

  • Daniel Ortega clausura la Academia Nicaragüense de la Lengua

    En una nueva arremetida contra las organizaciones no gubernamentales, el gobierno de Daniel Ortega cerró la Academia Nicaragüense de la Lengua, una entidad cultural con 94 años de existencia y que tenía como figuras cimeras a reconocidos escritores, poetas y académicos del país.

    El Parlamento controlado por el oficialismo aprobó el martes 31 de mayo un decreto que dispuso la disolución de la Academia junto a otras 82 entidades sin fines de lucro, a las que acusó de incumplir la ley por no declararse "agentes extranjeros".

    La Academia Nicaragüense de la Lengua fue creada en agosto de 1928 y entre sus miembros destacados figura el escritor Sergio Ramírez y la poeta Gioconda Belli, ambos críticos de Ortega y exiliados en España desde el año pasado, tras una ola de arrestos que llevó a la cárcel a decenas de opositores.

    Al conocerse la solicitud de Ortega a sus diputados, la Real Academia Española (RAE) expresó su "profunda preocupación” por la medida. Con el cierre de estas 83 ONG aumenta a 320 la cifra de entidades clausuradas por el régimen desde 2018.

    “La Asamblea de Nicaragua aprobó la cancelación de la personería jurídica de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Tras 94 años, esta dictadura no logrará de un plumazo borrar el aporte que la Academia ha significado para el país. Llora Rubén Darío x estos bárbaros”, escribió por su parte Gioconda Belli vía Twitter.

    Sale de circulación periódico Voz Católica

    El cierre masivo de ONG en la presente semana afectó también al periódico Voz Católica de Nicaragua, después de que el Parlamento cancelara la personería jurídica de la Asociación de Publicadores Católicos (Publica).

    "Qué lástima, es una publicación católica sencillamente. Todos los que leían el periódico saben que nos dedicábamos a evangelizar", dijo monseñor Silvio Fonseca, fundador del medio de comunicación que circuló durante más de 15 años en los departamentos (provincias) de Managua, Carazo y Masaya.

    La desaparición de este periódico mensual se suma al cierre, este mismo mes, del Canal Católico de Nicaragua, propiedad de la Conferencia Episcopal, y de la Radio Católica de Bluefields, en el marco de una escalada del gobierno contra la Iglesia católica y varios de sus sacerdotes y obispos.

    Monseñor Silvio Fonseca, encargado de la Pastoral de Familia de la Arquidiócesis de Managua, fue retenido en el aeropuerto de Managua a fines de noviembre pasado, cuando se disponía a viajar a Estados Unidos, y sus documentos migratorios le fueron retirados, según lo denunció el religioso en su oportunidad.

    Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) condena represión

    La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) que agrupa a 17.000 radios y televisoras de las Américas, emitió una declaración extraordinaria en rechazo a “la destrucción de la democracia en Nicaragua” por parte del régimen Ortega-Murillo.

    La AIR destacó que el gobierno incrementó la persecución y hostigamientos contra periodistas y medios de comunicación independientes, a través de las detenciones arbitrarias, allanamientos y acusaciones sin fundamento, junto a la clausura y ocupación indebida de instalaciones de medios por parte de fuerzas policiales.

    Tras expresar preocupación por la #pasividad, tolerancia y actitud indiferente de la comunidad internacional ante los regímenes autoritarios y dictatoriales” que aún existen en el mundo, la AIR llamó a sus medios afiliados a denunciar y condenar públicamente la situación de Nicaragua en las redes sociales, con el hashtag #juntospornicaragua.

    **EN OTRAS NOTICIAS**

    Ratifican condenas de cárcel a 13 opositores encarcelados

    El Poder Judicial de Nicaragua ratificó los fallos de culpabilidad y condenas de entre 8 y 13 años de prisión contra 13 opositores y críticos del presidente Daniel Ortega, según informó el 27 de mayo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

    "En los Tribunales de Apelaciones han sido declaradas sin lugar las apelaciones, confirmando las injustas sentencias condenatorias”, informó el Cenidh, que calificó la decisión de la Justicia nicaragüense como una "farsa y persecución judicial”.

    Los "presos políticos” fueron declarados culpables por delitos considerados "traición a la patria” y otros económicos a inicios de este año, en juicios que el Cenidh y organizaciones similares calificaron de "nulos”, porque fueron celebrados a puertas cerradas dentro de una prisión, sin seguir el debido proceso y sin acceso de los acusados a sus defensas o a las pruebas.

    Entre las sentencias ratificadas figuran las de los periodistas Miguel Mora, exdirector del clausurado canal de televisión 100% Noticias, condenado a 13 años de cárcel, y Miguel Mendoza, cronista deportivo criminalizado por sus publicaciones críticas en las redes sociales, que fue condenado a nueve años de prisión.

    No cesa la persecución en Nicaragua

    Reportan exilio de joven periodista independiente

    La joven periodista nicaragüense Elba Ileana Molina fue obligada a abandonar el país tras recibir amenazas de activistas ligados al gobierno, informaron medios digitales.

    Molina se desempeñaba como corresponsal del Canal 10 (privado) en el departamento de Carazo, al sur de la capital, donde desde hacía meses sufría acoso por su labor informativa.

    En noviembre de 2021, la casa de la reportera fue marcada con las palabras “Estás vigilada” y las siglas FSLN y PLOMO (muerte), según denunció Molina en su momento a través de las redes sociales.

    SIP abordará con congresistas EE.UU. la situación en Nicaragua, Venezuela y Cuba

    Denunciar los casos de “persecución, represión y violencia en Nicaragua, México, Cuba y Venezuela” hacia la prensa es uno de los objetivos de los encuentros entre congresistas de Estados Unidos y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que tendrán lugar en Washington DC esta semana.

    La SIP informó que una delegación estará del 24 al 26 de mayo en la capital estadounidense, donde se reunirá con legisladores para conocer de primera mano su posición frente a la violencia que sufren los periodistas en los países de la región.

    De acuerdo con la SIP, el viaje también servirá para conocer “la posición y compromiso de los congresistas sobre las iniciativas Ley de Competencia y Preservación del periodismo (Journalism Competition and Preservation Act) y la Ley de Sostenibilidad del Periodismo Local Local (Journalism Sustainability Act)”.

    La delegación de SIP, encabezada por su presidente, Jorge Canahuati, también se reunirá con el Grupo de Amigos de la Libertad de Expresión y el Periodismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como con el secretario general de este ente, Luis Almagro, y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca.

    ***EN OTRAS INFORMACIONES***

    Se incrementa acoso y persecución contra Iglesia católica

    El gobierno de Nicaragua a través de la Policía Nacional incrementó esta semana su vigilancia y asedio contra figuras de la Iglesia católica, entre ellas el obispo Rolando Álvarez, férreo crítico del régimen, quien inició un ayuno indefinido en una iglesia de Managua en protesta por la “persecución policial” en su contra, según denunció.

    “Comienzo un ayuno a agua y suero, indefinido, hasta que la Policía Nacional a través del presidente o el vicepresidente de la Conferencia Episcopal me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar”, afirmó el prelado luego de 24 horas continuas de persecución por parte de la policía.

    A la denuncia de Álvarez se sumaron esta semana las de otros sacerdotes católicos. También el padre Harving Padilla, párroco de una iglesia de Masaya, vecina a la capital, denunció que la policía lo vigila permanentemente, mientras que el párroco Uriel Vallejos, de la norteña localidad de Sébaco, dijo estar siendo “acosado”.

    Además, a través del estatal instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) el gobierno ordenó a la empresa telefónica Claro eliminar de su programación al canal 51 o Canal Católico, propiedad de la Iglesia, tras lo cual la televisora quedó de inmediato fuera del aire.

    Listo equipo de expertos ONU para investigar violaciones a DD.HH.

    El Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró a su equipo de expertos que investigará los casos de violaciones de derechos humanos registrados en Nicaragua durante los últimos cuatro años por parte del gobierno de Daniel Ortega.

    "Damos la bienvenida a Jan-Michael Simon, Ángela Buitrago y Alexandro Álvarez, personas expertas en DDHH que investigarán las graves violaciones cometidas desde el año 2018", dijo el abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce.

    También el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), única organización en su tipo que continúa laborando desde Nicaragua, saludó al grupo tripartito, cuya creación fue aprobada en la más reciente sesión del Consejo, en marzo de este año, y que tendrá como misión “recolectar, preservar y analizar información y evidencias" sobre posibles violaciones de derechos humanos desde el estallido de la rebelión social de abril de 2018.

    Cierre de Radio Católica de Bluefields

    El 25 de mayo de 2022 se dio a conocer que la Radio Católica de Bluefields suspendió sus transmisiones debido a las complejas condiciones económicas y de de sobrevivencia para los medios independientes en Nicaragua, aunado al constante asedio por parte de las autoridades.

    Nueva embestida contra ONG, académicos y poetas

    El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el 17 de mayo al Parlamento, dominado por el Frente Sandinista, cancelar la personería jurídica a la Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, organizadora de uno de los principales eventos culturales de América Latina.

    El emblemático festival fue fundado en el 2005 y cada año ha reunido a cientos de poetas de todo el mundo. Su vicepresidenta es la poeta Gioconda Belli, reconocida disidente sandinista y expresidenta de PEN Nicaragua.

    En un comunicado, el Festival Internacional de Poesía de Granada, España, condenó la medida y la calificó de “arbitraria y despótica”.

    Ortega también ordenó el cierre de otras 18 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), incluida una de periodistas y comunicadores ambientales. La medida sigue a la reciente clausura de la Academia de Ciencias de Nicaragua y del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), entre más de 200 entidades civiles ilegalizadas en el país desde 2018.

    “Los periodistas reporteamos prácticamente a escondidas, como si fuéramos delincuentes”

    “En Nicaragua el periodismo resiste haciendo su trabajo”, dijo Lucía Pineda Ubau, directora de 100% Noticias, al debatir en el foro El periodismo de América Latina: resistencia frente al acoso y la censura, organizado por Fundamedios, la Red Leal, la Fundación LED de Argentina y Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela.

    Pineda Ubau afirmó que el gobierno de Nicaragua ha declarado como enemigos a los periodistas independientes, solo por ejercer su labor de documentar las violaciones a los derechos humanos.

    “Los periodistas reporteamos prácticamente a escondidas, como si fuéramos delincuentes. Especialmente los que están en el interior de Nicaragua. Y los que son visibles se autocensuran. Hay una gran autocensura en Nicaragua y el miedo es comprensible por la gran represión. Nadie quiere ir a la cárcel”, expresó Pineda.

    Más de 1.500 ataques a la libertad de prensa en un año

    Asediados en su propio país o refugiados en otros sitios del mundo, los periodistas independientes de Nicaragua conmemoraron el Día Mundial de la Libertad de Prensa, demandando la excarcelación de sus colegas detenidos y el fin de los atropellos del gobierno al derecho ciudadano de difundir y recibir información.

    El 3 de mayo, la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) presentó un informe que dio cuenta de al menos 1.520 agresiones a periodistas y medios de comunicación en Nicaragua, durante 2021, año en el cual se profundizó la crisis de derechos humanos en el país.

    Según el informe, 29 de las 205 denuncias documentadas a lo largo del año (14.14%) ocurrieron en noviembre, en el contexto de las votaciones generales, dirigidas a silenciar las críticas a un proceso electoral repleto de irregularidades, que llevó a la tercera reelección consecutiva del presidente Daniel Ortega tras el encarcelamiento de sus principales rivales políticos.

    Para acceder a la transmisión en vivo del informe, dé clic aquí.

    Orteguismo aprueba la cancelación de 50 nuevas ONGs en Nicaragua

    Con 75 votos a favor, los diputados de la Asamblea Nacional cancelaron el 4 de mayo la personalidad jurídica a 50 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua.

    Según el Ministerio de Gobernación (MIGOB), las 50 ONGs supuestamente “han incumplido con sus obligaciones”, entre ellas que no reportaron sus estados financieros conforme a los períodos fiscales con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final), ni sus juntas directivas.

    Dentro de las afectadas se encuentran organizaciones y fundaciones que abogan por la defensa de derechos humanos, feministas e institutos de historiografía. Las organicSe suman a otras 77 que también padecieron los efectos de la promulgación de la represiva ley de Regulación sancionada en abril pasado. Sucede en un marco donde Managua inició el proceso para salir de la OEA, familiares de presos políticos denuncian condiciones deplorables y Estados Unidos evitó invitar al país a la Cumbre de las Américas.

    Gobierno impone “casa por cárcel” a periodista Pedro Joaquín Chamorro

    El gobierno de Nicaragua excarceló al periodista y exdiputado opositor Pedro Joaquín Chamorro Barrios y lo trasladó a su casa bajo “arresto domiciliario” debido al deterioro de sus condiciones de salud tras permanecer más de 300 días en prisión, informaron sus familiares.

    Chamorro Barrios, de 70 años, es el hijo mayor de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del asesinado director de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Fue detenido en junio de 2021 bajo los cargos de “realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua”, y condenado a nueve años de cárcel junto a su hermana Cristiana Chamorro, exaspirante presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021.

    Proyectan a hijo de Ortega como coordinador de prensa del gobierno

    Daniel Edmundo Ortega, uno de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo que hasta ahora tenía más “bajo perfil” en las esferas del gobierno y en las redes sociales, fue nombrado “Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua”.

    Al participar en una mesa redonda junto a representantes de medios de comunicación rusos, el hijo de la pareja presidencial calificó como “mercenarios” a los periodistas de medios independientes y los acusó de realizar “prácticas delincuenciales” financiadas por Estados Unidos.

  • Más agresiones contra la libre expresión en Nicaragua

    Nuevas agresiones a la libertad de prensa, el destierro forzoso de artistas nicaragüenses y la deportación de periodistas extranjeros que intentaban ingresar al país, marcaron los hechos de la última semana en Nicaragua, donde el gobierno ordenó además el sorpresivo cierre de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), la expulsión de sus funcionarios y la confiscación de su edificio en Managua.

    La vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega que el inmueble donde se ubicaban las oficinas “de la deplorable OEA, la despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua", para construir en ese sitio un “museo de la infamia”.

    El periodista de origen cubano Camilo Loret de Mola denunció que funcionarios del gobierno de Nicaragua le impidieron el ingreso al país y lo enviaron de regreso a Miami el 24 de abril.

    De Mola fue expulsado sin explicaciones junto a su camarógrafo, César Torero, por supuestos empleados de Migración del aeropuerto “Sandino” de Managua, según relató el periodista a medios digitales nicaragüenses.

    “De nada sirvió que pidiéramos hablar con un jefe o un supervisor, los tipos vestidos de civil y sin identificación alguna nos insistían en que eran los meros jefes. Me ofendieron y les ofendí, me faltaron el respeto y les dije hasta del mal que morirían. Entonces me dijeron que me llevaban preso, pero en realidad nos llevaron a empujones al avión”, explicó el reportero.

    Los periodistas documentaron su expulsión en un video que reprodujeron luego en las redes sociales.

    Ortega manda al destierro a músicos encarcelados

    El productor musical Salvador Espinoza y su esposa Xóchitl Tapia, ambos nicaragüenses dueños de la promotora musical Saxo Producciones y que habían sido detenidos el pasado 12 de abril junto a otros dos artistas, fueron excarcelados y expulsados de Nicaragua el día 21 de este mismo mes.

    Norma Rivera, madre de Salvador Espinoza, relató que el gobierno contactó a familiares de los músicos para decirles que “si tienen un boleto (aéreo) los dejamos ir”. Tras acordar la salida, agentes de la Policía buscaron sus pasaportes. “Los llevaron de la cárcel al aeropuerto y nadie los vio”, dijo Rivera, quien recibió a su hijo, su nuera y su nieto de 5 años en Alemania, donde reside.

    Días antes habían sido expulsados de Nicaragua el músico y cantautor Josué Monroy y el productor Carlos Canales (costarricense). El grupo fue detenido por haber ofrecido un concierto de rock pop en el cual cantaron un tema dedicado las protestas de abril de 2018.

    “Se está desterrando a los artistas de Nicaragua”, protestó la abogada Yonarqui Martínez, defensora de presos políticos durante las protestas de 2018. La jurista recordó que la Constitución establece que a los nicaragüenses no se les puede prohibir la entrada ni la salida de su país, pero no descartó que Ortega pida al Parlamento legalizar el destierro mediante una próxima reforma al Código Penal.

    Nicaragua, un país convertido en cárcel

    Como parte de su estrategia de represión y silencio, el gobierno de Daniel Ortega materializó el miércoles 20 de abril el cierre de otras 25 ONG, incluyendo dos entidades ligadas a figuras cimeras de la cultura en Nicaragua: la Fundación Luisa Mercado, creada por el escritor Sergio Ramírez, y la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada por el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, fallecido en enero de 2020.

    El Parlamento dominado por el Frente Sandinista canceló la personería jurídica de las ONG alegando irregularidades en su situación financiera. La mayoría de las organizaciones clausuradas estaban dirigidas por artistas, empresarios, profesionales y otros representantes de la sociedad civil críticos frente al gobierno.

    La lista incluye a la Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia (Codeni), el Centro de Derechos Constitucionales, la Fundación Cohen, la Asociación Nicaragüense de Cinematografía, el Centro de Comunicación y Educación Popular y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el último organismo defensor de garantías civiles que funcionaba legalmente en el país.

    Desde 2018, Ortega ha cerrado unas 140 ONG que impulsaban proyectos en el país.

    Impiden ingreso al país de músico Carlos Luis Mejía

    Las autoridades migratorias de Nicaragua impidieron el ingreso al país del músico nicaragüense Carlos Luis Mejía Rodríguez, hijo del popular cantautor Carlos Mejía Godoy, cuando regresaba de Estados Unidos tras realizar una visita familiar.

    Según versiones de la prensa confirmadas por el joven artista, Mejía Rodríguez no fue autorizado a abordar un vuelo que había hecho escala en San Salvador y se dirigía hacia Managua el 17 de abril de 2022.

    Los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, de larga trayectoria cultural en Nicaragua, han tenido una posición crítica frente al régimen y desde las protestas de 2018 fueron amenazados y forzados al exilio.

    En los últimos meses, el gobierno ha recurrido a decomisar los pasaportes e impedir la salida del país de una gran cantidad de ciudadanos, acciones que violentan el artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional, y a entrar y salir libremente del país”.

    Deportan a artista costarricense detenido junto a banda musical

    El productor musical de origen costarricense Carlos Canales, arrestado junto a otros tres artistas en una redada policial el pasado 12 de abril, fue deportado a Costa Rica cinco después de su detención.

    El espacio virtual La Antesala, que Canales dirigía, informó en un escueto comunicado que el artista se encuentra bien. Al mismo tiempo, la organización anunció la suspensión de todas sus actividades culturales en Nicaragua.

    Canales fue capturado por agentes policiales junto a Josué Monroy, vocalista de la banda de rock-pop alternativo Monroy & Surmenage, y sus colegas Salvador Espinoza y Xóchitl Tapia, miembros de Saxo Producciones. La captura, que no fue confirmada por el gobierno, ocurrió días después de un concierto en el cual los artistas hicieron un homenaje a los jóvenes asesinados en las protestas de 2018.

    Un país convertido en cárcel cuatro años después de las protestas

    El 18 de abril de 2018 estallaron las protestas sociales en Nicaragua. Desde entonces, el gobierno se ha empeñado en reprimir, silenciar, enviarlos al exilio, encarcelar y a sus ciudadanos, periodistas, creadores, a toda persona que critique sus políticas y gobierno. El camino de estos años convirtió a Nicaragua en una cárcel.

    De acuerdo con el completo reporte del Kight Centre – LatAm Journalist Review, de la periodista Paola Nalvarte, desde 2018, el régimen Ortega-Murillo ha cerrado las sedes de más de 20 medios locales, entre ellos 100% Noticias, Confidencial y La Prensa, según informaciones del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, publicó la agencia EFE; los canales 10 y 12, y la Radio Corporación han recibido presiones económicas recientemente. Más de 120 periodistas nicaragüenses se han visto forzados al exilio desde 2018, por ser perseguidos políticos en su país, de acuerdo con la organización de derechos humanos.

    El Congreso de Nicaragua aprobó en octubre de 2020 la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Con esta ley, el gobierno puede multar, sancionar e intervenir en los bienes y activos de una organización que recibe fondos del extranjero, o hasta cancelar su personalidad jurídica, si determina que sus actividades responden a intereses contrarios a los asuntos de política interna y externa de Nicaragua.

    A causa de esta ley, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia , fundada en 1990, decidió suspender sus operaciones, por no aceptar la imposición de una “ley inconstitucional” que le exigía registrarse como agente extranjero, violando los principios de libertad de organización. En 2021, la prensa independiente enfrentó otra ola de violaciones y hostigamientos. Según un “Informe de Violaciones a la Libertad de Prensa 2021” de Voces del Sur, el año 2021 ha sido el año más peligroso para la libertad de expresión en Nicaragua, desde la represión de 2018. Se registraron 702 casos de abuso de poder y violencia contra la prensa, una cifra que casi iguala los 712 incidentes de 2018, según el reporte.

    Son 181 los presos políticos que ocupan las cárceles de Nicaragua, de acuerdo con la última actualización del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, publicó la agencia española de noticias EFE. Muchos de ellos están presos desde 2018. Los periodistas que están detenidos como presos políticos en la prisión Nuevo Chipote desde mediados de 2021 son Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa; Miguel Mora, exdirector de 100% Noticias y excandidato a la presidencia en 2021, Miguel Mendoza, Jaime Arellano y Pedro Joaquín Chamorro. Entre los periodistas presos también está Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y exprecandidata a la presidencia en 2021, quien tiene arresto domiciliario. Entre febrero y marzo de 2022, los seis periodistas recibieron sentencias de entre 7 y 13 años de prisión y multas millonarias. A Mora (detenido por primera vez en 2018), Mendoza y Arellano les imputaron, entre otros cargos, el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. A Holmann y a los hermanos Chamorro los condenaron por presuntolavado de dinero y otros delitos.

    Lea el reporte completo de la periodista Paola Nalvalte en el siguiente link.

    Cuando faltan pocos días para el cuarto aniversario del estallido de las protestas del 18 de abril, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo incrementó la represión contra opositores, excarcelados políticos y familiares de personas asesinadas durante la rebelión cívica, ordenando el allanamiento y asedio a sus viviendas.

    El punto culminante de la nueva escalada ocurrió la tarde del 12 de abril, cuando cuatro músicos y productores de una banda de rock-pop críticos del régimen fueron arrestados por la Policía en distintos puntos de Managua. Paralelamente, han continuado las amenazas a periodistas y medios de información independientes.

    Arrestan a cuatro miembros de banda musical tras concierto “crítico”

    El popular músico Josué Monroy, miembro de la banda de rock-pop alternativo Monroy & Surmenage, fue detenido por la Policía el 12 de abril junto a otros tres de sus colegas, al parecer por haber entonado una canción alusiva a las protestas de abril de 2018.

    Según medios de prensa locales, Monroy ofreció un concierto en el cual entonó el tema “En el ojo del huracán”, que rinde homenaje a la rebelión cívica de 2018. “No nos vamos a callar” y “Abril no se olvida”, son algunas de las frases contenidas en la canción.

    Simultáneamente al arresto de Josué Monroy fueron detenidos sus colegas Leonardo Canales, Salvador Espinoza y Xóchitl Tapia, los dos últimos miembros de Saxo Producciones. Las detenciones no fueron confirmadas de inmediato por la Policía, pero en las redes sociales circularon fotos y videos sobre el suceso.

    La persecución a los medios y periodistas independientes por parte del gobierno de Nicaragua continúan. Según el más reciente informe de la organización Voces del Sur, durante el pasado mes de marzo se documentaron 103 violaciones a la libertad de prensa: 94 fueron perpetrados contra medios de comunicación (91,2%), 8 contra personas naturales (7,8%) y 1 contra de una organización gremial de periodistas (1%).

    También se registraron ocho alertas y se dio seguimiento a cuatro alertas generadas en meses anteriores. La organización también conoció tres denuncias de víctimas que solicitaron no hacerlas públicas por temor a represalias, precisó el informe.

    Se destacó que, por tercer mes consecutivo, el Estado sigue encabezando la lista de victimarios, seguido por los agresores no identificados y los no estatales. Siete periodistas y comunicadores permanecen encarcelados desde 2021, mientras al menos 72 periodistas y dueños de medios independientes se han visto obligados al exilio entre junio de 2021 y marzo de 2022.

    Revisar el informe aquí.

    Gobierno prohíbe ingreso de catedrático costarricense

    El catedrático costarricense Carlos Sandoval García denunció que el gobierno de Nicaragua le impidió ingresar al país por supuestamente negarse a informar sobre las personas con quienes se entrevistaría durante su estancia en Managua.

    Sandoval dijo que intentó entrar a Nicaragua el 31 de marzo pasado por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, donde fue apartado de la fila de pasajeros por oficiales de Migración que lo interrogaron sobre las reuniones que sostendría en el país.

    “Claro que yo sabía que lo que ellos querían era ir por mis contactos allá y que, si se los hubiera dado, igual me hubieran rechazado el ingreso”, expresó Sandoval, catedrático e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), que actualmente trabaja en un proyecto sobre la coyuntura electoral en los países de Centroamérica.

    Dijo que lo ocurrido “muestra que claramente hay una Policía política y represiva en Nicaragua, que enlista a quienes critican” al régimen con el objetivo de silenciarlos.

    Directivo de SIP augura “más persecución contra el periodismo” en Nicaragua

    Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advirtió que la libertad de prensa “ha naufragado totalmente” en Nicaragua y que esta situación “no va a ser posible de revertir” a corto plazo sino que, por el contrario, vendrá “más represión, menos libertad y más persecución del periodismo”.

    Entrevistado en el programa de televisión Esta Noche, Jornet señaló que la confiscación de las instalaciones del diario La Prensa, ejecutada por la policía el 13 de agosto de 2021, “va en contra de todos los estándares interamericanos en materia de libertad de prensa y a los principios de libertad de expresión”, y también “es una decisión clara de terminar con todo atisbo de periodismo independiente”.

    A juicio de Jornet, la condena de nueve años de prisión contra el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, es “totalmente ilegal y muestra la desesperación del régimen Ortega-Murillo para enfrentar a todo aquel que se anime a expresar una disidencia”.

    El exilio, la persecución, las confiscaciones y el encarcelamiento de periodistas por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua fueron algunas de las denuncias planteadas durante el 15° Coloquio Iberoamericano de Periodismo Digital, en el marco del Simposio Internacional de Periodismo en Línea (ISOJ 2022), realizado en Austin, Texas, el 2 y 3 de abril de 2022.

    En el encuentro participaron Dagmar Thiel, directora de Fundamedios, y los periodistas nicaragüenses Lucía Pineda Ubau, Jennifer Ortiz, Octavio Enríquez y Hans Lawrence, todos forzados al exilio por el simple “delito” de ejercer su oficio y denunciar la represión desatada tras la revuelta social de 2018. En el caso de Pineda Ubau, directora del canal 100% Noticias, estuvo encarcelada durante seis meses entre 2018 y 2019 junto al propietario fundador de la televisora, Miguel Mora, quien fue arrestado por segunda vez en 2021 y aún permanece en prisión.

    “Tenías una redacción, te la confiscaron; tenías un auspiciante, te lo apresaron; tenías un entrevistado o una fuente, te lo echaron preso; tenías un pasaporte para salir del país, te lo quitaron. Sin embargo, hacen periodismo”, afirmó Dagmar Thiel tras destacar la valentía de los comunicadores. Más de 120 periodistas nicaragüenses se encuentran exiliados, según datos del gremio.

    Periodista María Lilly Delgado oficializa su exilio en EE.UU.

    Durante el 15 Coloquio Iberoamericano, tomó la palabra la periodista María Lilly Delgado, excorresponsal de la cadena estadounidense UNIVISION en Nicaragua, quien reveló que fue obligada a abandonar el país hace varios meses, debido a las amenazas y presiones del gobierno.

    “Nicaragua ha vuelto al ‘periodismo de catacumbas’”, aseveró la reportera al comparar la labor que realizan hoy los pocos medios independientes que quedan dentro del país, con el trabajo periodístico clandestino que se desarrolló durante los últimos años de la dictadura militar de Anastasio Somoza (1957-1979).

    Delgado fue una de las decenas de periodistas citados por la Fiscalía en 2021 como parte de una investigación por supuesto lavado de dinero entablada contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). A raíz del cuestionado juicio, la exdirectora de la FVBCH, Cristiana Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín y otros tres exempleados permanecen en prisión y recibieron condenas de entre ocho y 13 años de cárcel.

    Gioconda Belli: Nicaragua, Cuba y Venezuela sufren similar represión

    La poeta nicaragüense Gioconda Belli, expresidenta del centro PEN Nicaragua, clausurado por el gobierno en febrero pasado, afirmó que la falta de libertad y la violación de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela ubican a los gobiernos de los tres países en un patrón de comportamiento similar.

    Belli, exiliada en España, asistió el martes 5 de abril a la actividad “América latina y libertad de expresión”, realizada en el Aula Magna de la Universidad de Filosofía y Letras de la ciudad de Granada.

    La autora de “El país bajo mi piel” y “La mujer habitada”, entre una vasta obra literaria, cuestionó el acoso a la prensa, las amenazas contra los periodistas, la confiscación de medios de comunicación y la persecución desmedida contra la familia Chamorro en los últimos cuatro años.

  • Juan Lorenzo Holmann Chamorro, condenado a 9 años de prisión

    La noche del 31 de marzo, el gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, considerado un "preso político" del Gobierno de Daniel Ortega por organismos humanitarios, fue condenado a nueve años de prisión y pagar una multa económica, informó el periódico, el más antiguo del país.

    El miércoles 23 de marzo, al final de un juicio que duró tres días, una jueza de Managua declaró a Holmann culpable por el presunto delito de lavado de dinero, según La Prensa y otras versiones periodísticas.

    Después de las tres audiencias a puerta cerrada en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, la justicia orteguista lo declaró culpable por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. La jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Managua, también inhabilitó a Holmann a ejercer su profesión, oficio o cargo, mientras dure la pena.

    Holmann fue detenido el 14 de agosto de 2021, un día después que el régimen orteguista mandó a allanar las instalaciones del diario La Prensa, medio de comunicación que permanece ocupado por la Policía Nacional desde hace más de siete meses.

    Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba resolución para establecer un grupo de expertos en Nicaragua

    El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) adoptó durante su sesión 49 y por 20 votos a favor una resolución que establece durante un año un “Grupo de Expertos de Derechos Humanos” con un mandato de investigación y rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Nicaragua.

    Durante la sesión del 31 de marzo, 20 países se abstuvieron, mientras 7 votaron en contra de la resolución presentada por un grupo de países de la región: Costa Rica, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, y Canadá.

    “Desde el Colectivo 46/2, celebramos el establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua. Saludamos el liderazgo de los países de la región que presentaron esta resolución. También saludamos el apoyo de México y Argentina.” dijo Natalia Yaya de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH).

    Ortega ratifica control político partidario sobre las universidades

    Un mes después de haber clausurado 16 universidades privadas mediante un decreto presidencial aprobado en el Parlamento bajo su control, el gobierno de Daniel Ortega anunció el 29 de marzo de 2022 que prepara una reforma a la Ley de Autonomía Universitaria, que busca despojar a los centros de educación superior de la autonomía que gozaban por derecho constitucional. Los perfiles, planes de estudio, programas académicos y toda la administración universitaria pasarán bajo control del Consejo Nacional de Universidades (CNU), estructura manejada por activistas y militantes del partido de gobierno.

    En su artículo 12, la iniciativa de reforma plantea que “las Instituciones de Educación Superior someterán a la aprobación del CNU los perfiles y planes de estudio de las carreras o programas académicos de pregrado, grado y posgrado”. Lo anterior deja sin validez el artículo 8 de la misma Ley, que otorgaba a las universidades privadas total autonomía en su funcionamiento.

    Abogado de Ortega en La Haya renuncia y fustiga al régimen

    Por segunda vez en menos de una semana, un alto funcionario del gobierno de Daniel Ortega renunció públicamente a su cargo tras acusar al gobernante sandinista de haber instaurado “una dictadura” en Nicaragua.

    Se trata del abogado Paul Reichler, representante legal del Estado nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y que ejerció la defensa del país en litigios territoriales con Colombia y con Costa Rica en las últimas décadas. Richter también trabajó de cerca con Ortega y otros dirigentes sandinistas durante la revolución (1979-1990).

    “Mi conciencia moral me exige que debo cortar mis lazos (...) y negarme a servirle”, dijo Reichler a Ortega en una extensa carta, en la que formuló duras críticas a su forma de dirigir el país. “Es inconcebible para mí que el Daniel Ortega, a quien orgullosamente serví, hubiera destruido la democracia, en cuya construcción él participó decisivamente, y hubiera establecido una nueva dictadura, no muy diferente a la que él mismo ayudó a derrocar”, aseveró.

    La renuncia de Reichler el 28 de marzo se produjo días después de que el embajador de Nicaragua ante la OEA, el periodista Arturo McFields, tomara la palabra durante una sesión del Consejo Permanente para denunciar al régimen de Ortega por crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018.

    Organizaciones rechazan condenas contra la prensa en Nicaragua

    Un grupo de 18 organizaciones periodísticas y de derechos humanos de Latinoamérica e internacionales rechazaron los juicios entablados contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación en Nicaragua, condenados de 8 a 13 años de prisión, y pidieron a la comunidad internacional emitir “su más severa condena” a estos hechos.

    “Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la farsa jurídica por la cual la Justicia nicaragüense ha sentenciado a entre siete y trece años de prisión a las personas extrabajadoras de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), al gerente general de La Prensa y a periodistas independientes de Nicaragua”, indicaron las agrupaciones.

    Entre las organizaciones firmantes destacan Fundamedios, Artículo 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Asociación Nacional de la Prensa Bolivia, Asociación de Periodistas de El Salvador, Comité por la Libre Expresión, Centro de Archivos y Acceso a la Información, Espacio Público, Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, e Instituto de Prensa y Libertad de Expresión.

    Además, figuran el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Instituto Demos, PEN Internacional, Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Instituto Prensa y Sociedad de Perú, Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Foro de Periodismo Argentino y Voces del Sur.

    Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales rechazaron la sentencia condenatoria contra Cristiana Chamorro Barrios y otras personas vinculadas a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Asimismo, condenan el acelerado cierre del espacio público en Nicaragua, que incluye la reciente decisión de cancelar la personalidad jurídica a 25 organizaciones de la sociedad civil.

    En medio de la censura, embajador ante la OEA denuncia a Ortega

    Embajador de Nicaragua ante la OEA denuncia públicamente a Ortega

    En un inesperado discurso, el embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo McFields denunció el miércoles 23 de marzo de 2022, a su propio gobierno, al que calificó de “dictadura”.

    Arturo McFields fue designado por Ortega como representante del país centroamericano ante el organismo en octubre de 2021. Durante su participación en una reunión virtual del Consejo Permanente, el también periodista dijo que hablaba para defender a “más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde 2018” y que también lo hacía en nombre de funcionarios obligados a “fingir, llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen pierden su empleo”.

    McFields dijo que tiene miedo, pero “tengo que hablar aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos (…) Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. (…) Desde el año 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tuit, un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos. No hay uno solo. No existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes, sino poderes fácticos", sostuvo McFields.

    Condenan a periodistas Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios

    Los periodistas Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijos de la expresidenta Violeta Chamorro (1990-1997), fueron condenados el lunes 21 de marzo a ocho y nueve años de cárcel, respectivamente, tras ser acusados por lavado de dinero y otros delitos.

    En la misma causa fueron condenados a 13 años de prisión Walter Gómez y Marcos Fletes, administrador y contador de la clausurada Fundación Violeta Chamorro (FVBCH), mientras que al chofer Pedro Vásquez le impusieron siete años de cárcel. Los tres exempleados de la ONG también fueron sentenciados a pagar multas con montos superiores al millón de dólares.

    Cristiana Chamorro, de 68 años, era considerada la favorita para disputarle el poder a Daniel Ortega en las elecciones de noviembre pasado, donde el mandatario se reeligió por tercera vez para un cuarto mandato consecutivo. Fue arrestada el 2 de junio de 2021, en plena campaña electoral, como parte de una ola de arrestos de 46 opositores, incluidos siete aspirantes a la Presidencia.

    Inicia juicio contra el gerente del diario La Prensa

    El lunes 21 de marzo inició el juicio contra el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, quien permanece detenido desde el 14 de agosto de 2021, un día después de que el gobierno de Daniel Ortega abriera una supuesta investigación contra el periódico por supuesto lavado de dinero.

    Desde entonces el empresario se encuentra en las celdas de El Chipote, en Managua, y el periódico permanece bajo control de la Policía nicaragüense, al igual que otros dos medios de comunicación privados.

    El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) demandó la libertad inmediata de Holmann y advirtió que se encuentra “gravemente enfermo”, su salud se ha deteriorado desde su detención y ha perdido unas 24 libras de peso. Además tiene hongos en la piel y recientemente mostró síntomas asociados al COVID-19.

    La SIP debatirá un “plan de acción” frente a la “dictadura Ortega-Murillo”

    La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llamó el 22 de marzo a “cerrar filas” contra “la dictadura Ortega-Murillo” de Nicaragua por las recientes sentencias impuestas a periodistas y opositores, y anunció que delineará un plan de acción con medidas concretas para impedir que siga el “avasallamiento” de las libertades en ese país.

    “Estamos enfrentando a una de las dictaduras más feroces de la historia latinoamericana”, señaló en un comunicado Jorge Canahuati, presidente de la organización regional con sede en Miami. “Debemos cerrar filas para evitar que el régimen nicaragüense siga coartando las libertades de los ciudadanos y destruyendo el Estado de derecho”, añadió.

    Por su parte Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, anunció que en la próxima reunión del organismo, que se celebrará del 19 al 21 de abril próximos, se debatirá un “plan de acción con medidas concretas” sobre la situación de Nicaragua.

    Declaran culpables a Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios

    Los periodistas Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijos de la expresidenta Violeta Barrios y del asesinado director de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (1924-1978), fueron declarados culpables de supuesto lavado de dinero y otros delitos el pasado 11 de marzo de 2022, tras un juicio de siete días que fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

    Cristiana Chamorro, de 68 años que guarda arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, era considerada la favorita para desafiar al presidente Daniel Ortega en los comicios del pasado noviembre, en los que el mandatario fue reelegido para un cuarto mandato tras encarcelar a otros seis aspirantes al puesto.

    En el mismo juicio fueron encontrados culpables tres antiguos empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que la periodista dirigió hasta enero de 2021. Se espera que las condenas sean notificadas en los próximos días, pero la Fiscalía pidió aplicar penas de hasta 13 años de prisión a los cinco procesados.

    Tras escuchar el fallo de culpabilidad, Cristiana Chamorro le respondió al juez: “Usted está violentando mi derecho a la libertad de expresión (…) y yo estoy en la obligación de seguir defendiendo ese legado que dejó mi padre, el Mártir de las Libertades Públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y mi madre la expresidenta Violeta Barrios”.

    Además, la Fiscalía solicita 13 años de cárcel dos extrabajadores de la FVBCH: Walter Gómez, administrador financiero de la Fundación y Marcos Fletes, contador general de la organización. También el conductor de Cristiana, Pedro Vásquez, será condenado a siete años a la cárcel en el marco de este juicio en el cual la defensa presentó más de 1000 pruebas que no fueron consideradas.

    Voces del Sur condenó la declaración de culpabilidad y el pedido de cárcel para los exdirectivos y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Lea su comunicado aquí.

    El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, comentó en sus redes sociales: "Es francamente perturbador registrar que actividades especialmente protegidas como lo son la defensa de la libertad de expresión y la capacitación de periodistas sean criminalizadas en #Nicaragua Solidaridad con todas las personas de la @FundVioleta"

    Reportan 104 agresiones a la libertad de prensa en febrero

    Al menos 104 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua ocurrieron en Nicaragua durante el mes de febrero de 2022, de los cuales 85 fueron perpetrados contra medios de comunicación y 19 contra personas, informó la organización independiente Voces del Sur.

    “Los agentes estatales continúan liderando la lista de agresores, seguido de los paraestatales, que según el propio testimonio de las víctimas actúan en total impunidad y al amparo de las fuerzas del orden público, entidades y funcionarios de gobierno de todas las instancias de la gestión pública”, indicó un informe del organismo.

    Voces del Sur identificó a directores de medios y reporteros independientes como las principales víctimas de las continuas agresiones. También en febrero la organización documentó el exilio de al menos seis periodistas nicaragüenses que se vieron forzados al destierro debido al asedio la persecución gubernamental en su contra.

    Asimismo, permanecen en prisión seis periodistas y comunicadores, como parte de la política represiva institucional que utiliza al Poder Judicial para castigar a quienes intentan ejercer su derecho a la libertad de pensamiento.

    Acceda al informe completo dando clic aquí.

    Asesinan a joven comunicadora en el norte de Nicaragua El 13 de marzo de 2022, la estudiante Britney Olivas, quien dirigía un programa comunitario en la radio Estéreo Libre, del norteño departamento de Jinotega, fue asesinada por desconocidos. Olivas, de 17 años, había sido reportada como desaparecida el 11 de marzo por sus familiares. Su cuerpo presentaba múltiples golpes, según dijeron vecinos del lugar. La joven comunicadora se dedicaba a reportar temas de niñez y adolescencia para la emisora independiente. Las autoridades investigan a la pareja de Olivas pero no han brindado información sobre las pesquisas.

    Bachelet reitera preocupación por falta de libertad en Nicaragua

    El 7 de marzo de 2022, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró su preocupación por la violación de las garantías fundamentales en Nicaragua y exigió al gobierno de Daniel Ortega la derogación de controvertidas leyes que restringen la libertad de expresión y el pensamiento crítico.

    "La construcción de una sociedad pacífica, tolerante, justa y basada en el respeto de los derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente para Nicaragua", dijo la expresidenta chilena durante un debate sobre el país celebrado durante la 49 Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

    Tras expresar su preocupación por la detención arbitraria de al menos 30 periodistas y activistas de derechos humanos, demandó la liberación de estos detenidos y la derogación de tres leyes aprobadas a fines de 2020: la Ley Especial de Ciberdelitos, la de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo.

    Estas leyes "restringen indebidamente el espacio cívico y democrático", aseguró Bachelet, quien recomendó armonizar la legislación penal y electoral "en línea con las normas y estándares internacionales y de derechos humanos".

    Sergio Ramírez gana premio Erasmo de Rotterdam

    El novelista, ensayista, periodista, abogado y exvicepresidente de Nicaragua (1984-1990), Sergio Ramírez, obtuvo el VII Premio Internacional Humanismo Solidario Erasmo de Rotterdam por “su labor de compromiso social y humanista”.

    Según el jurado, el premiado representa en su obra los principios éticos de solidaridad, interculturalidad, humanidad, dignidad y valores del ser humano.

    La entidad destaca que, durante muchos años, Ramírez lleva denunciando la corrupción, la violencia y el ejercicio brutal del poder, como describe en sus novelas, donde la condición humana está muy presente.

    Ramírez, que actualmente se encuentra en el exilio acusado por presuntos delitos por la Fiscalía controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que dictó una orden de detención y allanamiento en su contra, expresó su agradecimiento por el galardón y dijo “honrado” por la distinción otorgada por la Asociación Erasmo de Rotterdam.

    Premian en España a periodista Patricia Orozco

    El Sindicato de Periodistas de Andalucía, España, concedió el XV Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado a Patricia Orozco, periodista nicaragüense exiliada, se anunció este 5 de marzo de 2022. Orozco, con más de 40 años de ejercicio profesional, fue fundadora del programa radial Onda Local y del portal de noticias Agenda Propia.

    En una decisión unánime, el jurado del premio valoró “su amplia trayectoria profesional, en la que siempre ha apostado por un periodismo comprometido y valiente, con perspectiva de género, en defensa de los derechos humanos, la justicia social y la igualdad”.

    Pese a las amenazas -señala el acta del jurado- Patricia Orozco, de 65 años y que perteneció al Frente Sandinista, no ha dejado de realizar su trabajo crítico y firme con los valores de la democracia, tanto a través del medio radiofónico Onda Local, de absoluta referencia en el país, como posteriormente a través del medio digital Agenda Propia Nicaragua.

    El galardón está patrocinado por el Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba, la Escuela de Joyería-Servicio Andaluz de Empleo y el Parque Joyero de Córdoba.

    La SIP exige la liberación de periodistas en Nicaragua

    La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió en un comunicado el pasado 2 de marzo, “la liberación inmediata” de tres directivos del diario La Prensa y de dos periodistas condenados por su defensa de las libertades de expresión y de prensa en Nicaragua.

    El organismo considera “presos de conciencia” a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Cristiana Chamorro, Miguel Mora y Miguel Mendoza. Todos apresados por el gobierno de Daniel Ortega y para quienes pide “liberación inmediata”.

    Tanto Mora como Mendoza, en febrero pasado a 13 y 9 años de prisión, respectivamente, por supuesta conspiración contra la integridad nacional.

    “Exigimos al gobierno de Daniel Ortega el debido proceso”, apuntaron el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet y el presidente del organismo, Jorge Canahuati, en un comunicado de prensa.

  • Día del periodista nicaragüense, entre la persecución y el destierro

    Como cada año, los periodistas de Nicaragua conmemoran su día nacional este 1 de marzo. Pero esta vez lo hacen en medio de un escalamiento de la censura, el acoso y la persecución, con más de un centenar de comunicadores en el exilio y otros seis conocidos periodistas y comunicadores encarcelados por el gobierno de Daniel Ortega. Ellos son Miguel Mora, Miguel Mendoza, Juan Lorenzo Holmann, Pedro Joaquín Chamorro, Cristiana Chamorro y el presentador de televisión Jaime Arellano, estos dos últimos bajo arresto domiciliario.

    Se exilia periodista de canal independiente NOTIMATV

    El 28 de febrero de 2022, se dio a conocer que la periodista María Flordeliz Ordóñez, colaboradora del canal NOTIMATV, un medio comunicación independiente que funciona de forma digital en el departamento de Matagalpa (norte) se vio obligada a abandonar Nicaragua tras agresiones y ataques de parte de la policía y un paramilitar de esa ciudad.

    Ordóñez relató que la persecución se inició el 11 de febrero del corriente, cuando un paramilitar sandinista le robó su teléfono móvil y dinero, y la amenazó diciéndole que eso era solo el comienzo. Luego, una patrulla policial allanó su vivienda, donde golpearon a su esposo y la sometieron a un interrogatorio sin ninguna orden judicial.

    Eduardo Montenegro, director de NOTIMATV y también forzado al exilio, dijo que con la salida de Ordóñez suman ocho los periodistas de ese medio informativo que se han visto obligados a salir del país en los últimos tres meses.

    Suman 16 las universidades privadas clausuradas en Nicaragua

    Otras dos universidades privadas fueron cerradas en Nicaragua por un decreto aprobado el 23 de febrero de 2022 en el Parlamento, dominado por el gobernante partido Frente Sandinista. Con esto suman 16 los centros de estudios superiores ilegalizados desde diciembre de 2021, como parte de la campaña del gobierno para cercenar la libertad de pensamiento en el país.

    Las dos nuevas entidades clausuradas son la Universidad Tecnológica Nicaragüense (UTN), que operaba en Managua, y la Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía USTON-Granada, ambas inscritas como asociaciones ante el Ministerio de Gobernación (Mingob).

    Según el Mingob, ambas universidades incumplieron con su obligación de presentar sus estados financieros conforme a los períodos fiscales, argumento aplicado a la mayoría de los centros superiores a los que el Legislativo les canceló su personería jurídica en las últimas semanas.

    Conocidos catedráticos aseguran que la administración Ortega Murillo busca controlar en detalle la estructura académica en Nicaragua, sus planes y proyectos, colocando al frente de las universidades confiscadas a funcionarios y empleados leales, a fin de evitar otra revuelta estudiantil como la que estremeció al país en abril de 2018, reprimida a sangre y fuego por la policía y paramilitares al servicio del régimen.

    Situación en Nicaragua es “dramática"

    El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, calificó la situación de represión en Nicaragua como “dramática” y expresó “extrema preocupación” por los mecanismos de censura y las sentencias de un Poder Judicial “que no tiene credenciales de autonomía e independencia”.

    “La comunidad internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en particular se ha referido a la preocupación sobre las garantías en estos juicios, sobre la instrumentalización del derecho penal y en el llamado enfático a la liberación de todas las personas que están siendo arbitrariamente procesadas”, dijo Vaca en declaraciones a La Voz de América (VOA)

    Señaló que la prensa nicaragüense ha cambiado drásticamente en este marco. “Muchos y muchas periodistas están fuera”, dijo. También resaltó que otra parte sigue en Nicaragua “asumiendo unos riesgos altísimos, sigue transmitiendo información de alto interés público”.

    Condenan a 9 años de cárcel a cronista deportivo Miguel Mendoza

    El popular cronista deportivo Miguel Mendoza fue condenado a una pena de nueve años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ese período, según una sentencia emitida el 16 de febrero de 2022 por un juez de Managua, que lo halló culpable de “conspiración para menoscabar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.

    “Todo el proceso penal contra el periodista nicaragüense Miguel Mendoza no ha sido más que un claro intento de las autoridades por silenciar a toda persona que se atreva a cuestionarlas”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

    “Mendoza nunca debió haber sido arrestado, ni pasar siquiera un solo día en la cárcel. Esta dura sentencia demuestra con más claridad que nunca que el gobierno de Daniel Ortega considera a los periodistas críticos como opositores políticos que deben ser reprimidos”, agregó.

    Miguel Mendoza es el segundo periodista condenado a prisión como parte de los juicios que el gobierno inició el pasado 1 de febrero. El 11 de febrero una jueza local aplicó la pena de 13 años de cárcel al exdirector del canal 100% Noticias y aspirante presidencial Miguel Mora, también recluido en el centro penitenciario “El Chipote” y arrestado por segunda vez desde 2018.

    Lea aquí el reporte de Fundamedios “Régimen de Daniel Ortega sentenció a 9 años de cárcel al periodista Miguel Mendoza”.

    Carlos F. Chamorro: “Falta una acción coordinada internacional”

    El reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro advirtió que la comunidad internacional debe unir su voz frente al régimen de Nicaragua, ante la escalada de represión y censura que vive el país, sumado al encarcelamiento de líderes de la oposición que han comenzado a ser condenados en juicios políticos arbitrarios, con testigos falsos y delitos fabricados.

    El papa Francisco y los gobiernos de México y de Argentina siguen manteniendo silencio y evitando condenar la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Ortega, comentó Chamorro en una entrevista con la televisora alemana Deutsche Welle.

    “Ha habido un pronunciamiento de la UE, pero falta una acción coordinada de muchas voluntades de gobiernos y liderazgos morales para llamar la atención sobre la crisis en Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo no van a ceder si realmente no están sometidos a una presión extrema”, advirtió.

    “En Nicaragua se están violando las llamadas ‘normas Mandela’ elementales de derecho humanitario de prisioneros. Los nicaragüenses queremos salir de la dictadura, queremos que se vayan Ortega y Murillo, queremos que se sometan a la justicia, queremos que haya una transición democrática. Pero primero queremos salvar a los presos políticos”, acotó Chamorro, quien está exiliado y tiene en prisión a sus hermanos Cristiana (arresto domiciliario) y Pedro Joaquín Chamorro, así como también a sus primos Juan Sebastián Chamorro y Lorenzo Holmann.

    Daniel Ortega consuma injustificado cierre de PEN Nicaragua

    El día 15 de febrero de 2022, el Parlamento nicaragüense controlado por el oficialismo aprobó el cierre de PEN Internacional-Nicaragua, junto a cinco asociaciones no gubernamentales que también fueron clausuradas bajo el argumento de que no cumplían con la presentación de soportes financieros ni actualización de directivas.

    Con el retiro de la personería jurídica a PEN Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ratifica su estrategia de represión y silencio contra una organización que ha defendido la libertad de expresión en el país y ha condenado la persecución a más de 100 periodistas y escritores nicaragüenses obligados al exilio en los últimos cuatro años.

    PEN Nicaragua había anunciado hace un año la suspensión de sus labores en el país, en rechazo a la llamada Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en diciembre de 2020 con el fin de restringir la actuación de las ONG mediante la fiscalización de sus recursos externos.

    Voces del sur documenta 114 ataques a la libertad de prensa en enero de 2022

    La red Voces del sur, en su informe correspondiente al mes de enero de 2022, documentó 114 violaciones a la Libertad de Prensa; 101 fueron perpetrados contra medios de comunicación lo que representa y 13 contra personas.

    Dentro de los casos que se documentan se encuentra el de la periodista Kalúa Salazar, víctima de asedio policial en 7 ocasiones. Asimismo, se registró que 2 comunicadores se vieron obligados a exiliarse ante el clima hostil e inseguro que enfrentan los medios y periodistas independientes en el país. Voces del Sur lamenta que la labor informativa continúe siendo criminalizada por parte del gobierno de Nicaragua.

    Lea el informe completo en el siguiente link.

    Gobierno impide ingreso aperiodista cubana Yailén Insúa

    Yailén Insúa Alarcón, ex directora del Sistema Informativo de Televisión Cubana y de la revista Buenos Días, pidió asilo al gobierno de Colombia después de que el de Nicaragua le negara su ingreso al país.

    La periodista salió de Cuba junto a su esposo hacia Colombia el pasado 5 de febrero, con la intención de ingresar a Nicaragua, pero en el aeropuerto de Bogotá le informaron que las autoridades de Managua no autorizaban su entrada por estar regulada, una disposición del Ministerio del Interior cubano que prohíbe la salida del territorio nacional.

    "Le pedí asilo al gobierno colombiano, porque no voy a regresar a Cuba porque mi vida peligra", dijo Insúa Alarcón tras revelar que en su país enfrentaba amenazas de seis meses de cárcel por haber difundido en televisión imágenes de la fallecida cantante Celia Cruz, conocida por sus posiciones críticas al régimen de la isla.

    Daniel Ortega se aferra a la censura

    Declaran culpable de “conspiración” a periodista Miguel Mora

    Una jueza de Nicaragua declaró culpable el 4 de febrero de 2022 por el delito de “conspiración” al periodista Miguel Mora, uno de los siete aspirantes a la Presidencia encarcelados en el país desde hace ocho meses tras anunciar su intención de disputarle el poder al presidente Daniel Ortega, reelegido en noviembre para un cuarto mandato consecutivo.

    El exdirector del canal 100% Noticias, ocupado y confiscado por el gobierno a fines de 2018, fue declarado culpable del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” por la jueza Nadia Tardencilla, dijo la periodista Lucía Pineda Ubau, quien dirige actualmente la televisora desde su exilio en Costa Rica.

    Mora, quien ya había sido encarcelado en 2018-2019, es el primero de los siete precandidatos opositores presos que resulta culpado por el gobierno de Ortega. Fue enviado a prisión el 20 de junio, como parte de una ola de arrestos que afectó a otros 45 líderes políticos, profesionales, empresarios, exguerrilleros y exdiplomáticos opositores al veterano mandatario sandinista.

    Pineda Ubau indicó que la Fiscalía pidió 15 años de cárcel para Mora y su inhabilitación para ocupar cargos públicos, y que durante el juicio presentó como “testigos” a tres policías, uno de los cuales intervino en el allanamiento del domicilio del aspirante a la presidencia tras su detención el pasado 20 de junio.

    Ortega impide entrada a escritor hondureño Oscar Estrada

    El gobierno de Nicaragua impidió el ingreso al país al escritor y guionista hondureño Oscar Estrada, según denunció el también editor y periodista en sus redes sociales el pasado 5 de febrero.

    “Me acaban de impedir la entrada a Nicaragua. Sin razones, solamente porque sí. ‘Ustedes no pueden entrar’, me dijeron. Muchas veces he entrado a Nicaragua y nunca me había pasado algo así. Increíble”, escribió Estrada en su cuenta de Twitter.

    Oscar Estrada es fundador y editor en jefe de la editorial Casasola LLC. Ha participado como guionista en largometrajes, cortometrajes y series de televisión. En sus temas aborda temas de política, migración, crimen organizado, cultura y la relación entre Centroamérica y Estados Unidos.

    En los últimos meses, Ortega ha impedido la entrada de numerosos escritores y periodistas a Nicaragua, entre ellos conocidos corresponsales de medios de comunicación internacionales que intentaron sin éxito cubrir los comicios del pasado 7 de noviembre, en los que el gobernante sandinista se reeligió para un cuarto mandato consecutivo, tras haber encarcelado a sus principales rivales políticos.

  • El gobierno nicaragüense aniquila todo pensamiento crítico con la estatización de la educación universitaria

    La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el gobernante partido Frente Sandinista, canceló la personería jurídica de las principales universidades privadas del país y creó de manera urgente tres instituciones estatales para reemplazarlas, reportó la publicación Confidencial.

    Preocupa de manera fundamental la falta de alternativas para el pensamiento crítico y el cierre de espacios para miles de jóvenes nicaragüenses. La cooptación de centros educativos y el establecimiento de líneas doctrinarias de pensamiento en todos los espacios atenta gravemente contra la libertad de expresión.

    Seis son los centros de estudios ilegalizados y cuyos bienes han sido confiscados con la aprobación expresa de una ley para este fin. Se trata de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) y la Universidad Paulo Freire (UPF). Dos meses antes había sido cancelada la Universidad Hispanoamericana (Uhispam).

    El Consejo Nacional de Universidades (CNU), también bajo control del gobierno, ocupó sus instalaciones y dio paso a la creación exprés de tres nuevas universidades estatales, a las cuales trasladará los bienes confiscados hace menos de una semana y sin el debido proceso

    Acoso legal, penal y cibernético intentan silenciar a toda Nicaragua

    Hackean cuenta de Twitter de medio independiente 100% Noticias

    La cuenta de Twitter del medio independiente 100% Noticias, con más de 185 mil seguidores, fue hackeada el 29 de enero de 2022 por presuntos activistas del gobierno de Nicaragua. Su directora, la periodista Lucía Pineda Ubau, dijo que el hacker se identificó inicialmente como Elon Musk. La dirección del medio gestionó inmediatamente la recuperación de la cuenta y logró restablecerla 48 horas después.

    100% Noticias ha sido fuertemente golpeado por el régimen de Daniel Ortega. A fines del año 2018 la sede de la televisora fue asaltada y confiscada por fuerzas del gobierno. El periodista Miguel Mora, entonces director del medio, y Lucía Pineda Ubau, su jefa de prensa, fueron encarcelados durante seis meses. Mora fue recapturado en junio pasado y permanece aún en prisión, por haber anunciado su intención de postularse a la presidencia para disputarle el poder a Ortega en las cuestionadas elecciones de noviembre último.

    Por medidas de seguridad, parte del personal de 100% Noticias se encuentra laborando desde el exilio en Costa Rica y otros lo hacen bajo resguardo dentro de Nicaragua.

    Condenan a dos opositores bajo la Ley de Ciberdelitos

    Entre el 13 y 27 de enero de 2022 dos ciudadanos nicaragüenses, opositores a Daniel Ortega, Douglas Alfredo Cerros Lanzas y Donald Margarito Alvarenga Mendoza, fueron sentenciados a 12 años de cárcel con el fundamento penal de la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza” y la Ley 1055 o “Ley de Soberanía” en Nicaragua.

    Dichas legislaciones, aprobadas a fines de 2020 como parte de un paquete de leyes dirigidas a silenciar y castigar a las voces críticas al gobierno, empiezan a rendir frutos devastadores para la libertad de expresión.

    La Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz buscan sancionar la difusión de supuestas “noticias falsas” con cárcel, así como silenciar a las y los disidentes desde lo penal y mediante el uso progresivo y abusivo del poder estatal.

    Donald Alvarenga, opositor de Chichigalpa, fue detenido arbitrariamente el 6 de noviembre de 2021, un día antes de las elecciones presidenciales de Nicaragua. Según el diario La Prensa, siete oficiales de la policía declararon en contra del opositor durante el juicio. En el expediente, la víctima había sido objeto de espionaje y vigilancia desde 2019.

    Según el medio Confidencial de Nicaragua, Alvarenga fue condenado “por delito de menoscabo a la integridad nacional (conspiración) y por delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación” en redes sociales.

    Por su parte, el nicaragüense Douglas Alfredo Cerros Lanzas, de 53 años, fue condenado el 27 de enero de 2022 bajo la Ley de Ciberdelitos. Cerros, padre de la reina de belleza Miss Mundo Nicaragua, Mariela Alexandra Cerros, fue detenido por la Policía en la norteña ciudad de Ocotal, su domicilio de residencia, la noche del 6 de noviembre de 2021, en vísperas de los cuestionados comicios que llevaron a la reelección de Ortega y su esposa Rosario Murillo.

    El juicio se llevó a cabo durante una audiencia de más de 10 horas y la acusación principal contra el detenido fue presentada por uno de los jefes de la Policía en la ciudad de Ocotal. El acusador alegó que Cerros había participado en las protestas de 2018 y que más recientemente había realizado actividades “subversivas” como llamar a la población a no votar.

    El 31 de enero 2022, el Ministerio Público de Nicaragua anunció, además, que a partir del 1 de febrero se iniciarán los juicios contra los “criminales y delincuentes que han atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense”, vulnerando desde un inicio la presunción de inocencia de los detenidos.

    Las dos primeras sentencias condenatorias emitidas contra Cerros y Alvarenga, seguidas por el anuncio gubernamental permiten presagiar a lo que estarán expuestos los 170 presos de conciencia detenidos arbitrariamente en Nicaragua. Entre ellos se encuentran varios periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

    Encuentre aquí la información y el posicionamiento de Fundamedios.

    Acoso legal, agresiones y autocensura en el periodismo latinoamericano

    Primer opositor condenado bajo la Ley de Ciberdelitos

    El opositor Donald Margarito Alvarenga Mendoza, de 56 años, se convirtió en el primer nicaragüense en ser condenado bajo la llamada Ley Especial de Ciberdelitos. Tras un juicio de 15 horas, el pasado 13 de enero, la jueza del Distrito Penal de Juicio de Chinandega, Rosa Velia Baca Cardoza, lo declaró culpable de “subversión, desobediencia y rebeldía al nivel de la conspiración para afectar la integridad nacional”. La sentencia leída el 18 de enero lo condena a siete años y medio de cárcel.

    Alvarenga fue detenido el pasado 6 de noviembre, en vísperas de las cuestionadas elecciones presidenciales. Como pruebas para incriminarlo, la Fiscalía presentó un teléfono celular propiedad del acusado, en el que supuestamente encontraron mensajes de Whatsapp con “noticias falsas” y/o contenido “subversivo”. Todos los “testigos” del proceso eran policías y no se le permitió a Alvarenga tener una entrevista privada con su abogado.

    La pandemia de COVID-19 precarizó el trabajo periodístico en América Latina

    El martes 25 de enero de 2022, la Red de Defensores de la Libertad de Expresión en América Latina (Red LEAL) presentó el ‘Informe de situación de libertad de expresión de la Red Leal’. La Red es una comunidad de solidaridad, apoyo y protección que monitorea y visibiliza las agresiones de la libertad de expresión en contra de las y los comunicadores que trabajan en diversos países latinoamericanos, especialmente con medios de comunicación locales, comunitarios y organizaciones de la sociedad civil al servicio de comunidades tradicionalmente excluidas, con el propósito de proteger a quienes ejercen la libertad de expresión.

    El foro fue moderado por Alexis Serrano Carmona, periodista y editor del portal Ecuador Chequea y contó con la participación de las panelistas: Lourdes Ramírez, directora del Diario Digital en Alta Voz, Zoila Antonio Benito, periodista especializada en género, fundadora y directora de La Antígona y Mariela Castañón, periodista, docente universitaria y fundadora del medio Nuestras Historias Guatemala. En el conversatorio se reportaron agresiones, autocensura, criminalización y falta de acceso a la información, y se habló de cómo la pandemia de COVID-19 precarizó el trabajo periodístico, lo que se ha traducido en despidos, baja de salarios y disminución de los segmentos noticiosos. Las principales agresiones reportadas se relacionan con acceso a la información, agresiones físicas y restricciones al acceso a internet. El Estado se configura como el principal agresor.El informe también revela las falencias y trabas interinstitucionales que existen en América Latina respecto a los mecanismos de protección de periodistas que muchos no tienen reglamentos claros o carecen de voluntad política para ponerlos en marcha.

    La situación de la libertad de expresión en Nicaragua es muy preocupante

    Voces del Sur: 2021 fue un año funesto para la prensa independiente en Nicaragua

    El 13 de enero de 2022, la organización Voces del Sur presentó su informe “Situación de la libertad de prensa en Nicaragua en el año 2021”, el cual registra una cifra alta de casos de acoso y agresiones contra los periodistas y los medios en el país durante los pasados 12 meses.

    El hostigamiento contra los periodistas independientes en Nicaragua se intensificó, así como el temor fundamentado en la persecución a la libertad de expresión y la retención migratoria a periodistas y activistas.

    En un año electoral con los principales candidatos de la oposición encarcelados, hubo 702 incidentes contra el periodismo independiente, casi el doble de la cifra reportada en 2020, según el informe.

    Al menos 120 periodistas nicaragüenses se han marchado al exilio desde 2018

    Al menos 120 periodistas nicaragüenses se han marchado al exilio desde abril de 2018, cuando estallaron manifestaciones contra el Gobierno que preside Daniel Ortega, según un informe divulgado el miércoles 12 de enero de 2022 por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

    "A la fecha se contabilizan más de 120 periodistas nicaragüenses solicitando refugio en Costa Rica, Estados Unidos, España y otros destinos. La cifra sigue aumentando", señaló la entidad, formada en Costa Rica por defensores de derechos humanos también exiliados.

    Asimismo, según ese organismo, las autoridades mantienen ocupadas las redacciones del canal de televisión 100 % Noticias, el periódico digital Confidencial y del diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua y que ahora circula vía internet.

    Denuncian que la prensa china goza de más privilegios que los periodistas nicaragüenses

    Periodistas y organizaciones que defienden la libertad de expresión en Nicaragua denunciaron el 11 de enero que el gobierno de Daniel Ortega tiene un plan para reducir a la mínima expresión a la prensa independiente y darle mayor apoyo a la prensa china, iraní y rusa.

    Previo a la reciente investidura de Ortega para su cuarto mandato consecutivo, y tras la reanudación de relaciones diplomáticas del gobierno sandinista con China, se inauguró en Managua la corresponsalía del Grupo de Medios de China (CMG, siglas en inglés), que capacitará a periodistas nicaragüenses de medios oficialistas. “Así lo ha hecho Venezuela, así lo ha hecho el régimen de Cuba, el régimen de Putin, evaluando a periodistas oficialistas que están al servicio de ellos”, dijo David Quintana, reportero nicaragüense exiliado.

2021

  • “Marcan” con amenazas la vivienda de periodista independiente

    23 de noviembre de 2021

    El 18 de noviembre de 2021, se denunció que la vivienda de la periodista Elba Ileana Molina, corresponsal del Canal 10 en la ciudad de Jinotepe, al sur de Managua, fue marcada con leyendas amenazantes por presuntos activistas del gobierno que dos semanas antes habían empezado a vigilar sus movimientos.

    Molina denunció en su cuenta de Facebook que sus perseguidores marcaron las paredes de su casa de habitación con lemas intimidatorios como “PLOMO” (acrónimo de la consigna sandinista “Patria Libre o Morir, pero que también significa “balas”), “Estás vigilada” y “Te sorprenderemos”. Fotografías de la vivienda acompañaron su denuncia pública.

    Su colega Wilith Narváez, un conocido presentador de noticias del Canal 10, dijo que en los últimos tres años se ha acostumbrado al asedio, la vigilancia y las amenazas por parte de simpatizantes del gobierno y oficiales de la policía. El objetivo es forzarlos a renunciar a su oficio o abandonar el país, aseguran dirigentes del gremio.

    “Periodistas en los territorios, en los municipios, también sus casas, sus vehículos han sido manchados (con amenazas) para amedrentar, para generar miedo, para tratar de promover la autocensura”, dijo en entrevista a la cadena Voz de América Cristopher Mendoza, periodista del portal Onda Local y que recientemente marchó al exilio.

    Diario La Prensa cumplió 100 días bajo ocupación policial

    El 21 de noviembre se cumplieron 100 días del asalto, ocupación policial y confiscación de facto de las instalaciones del diario La Prensa, fundado hace 96 años y erigido desde entonces en un símbolo de la libertad de información en Nicaragua.

    El 13 de agosto del corriente año, fuerzas antimotines de la Policía Nacional irrumpieron en la sede de La Prensa, cuyos directivos habían denunciado días antes el bloqueo de papel e insumos por parte de las autoridades de Aduanas, en un nuevo intento de censura por parte del gobierno de Daniel Ortega.

    Como parte de su ilegal y arbitraria acción, la policía arrestó al periodista y gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, quien desde entonces permanece recluido en las celdas de la cárcel de El Chipote, junto a otros 38 opositores detenidos en el marco del reciente proceso electoral que llevó a la tercera reelección consecutiva de Ortega.

    Sanciones a Nicaragua por represión

    16 de noviembre de 2021

    El lunes 15 de noviembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones al Ministerio Público de Nicaragua, así como a nueve altos cargos nicaragüenses, por su papel en la "represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales" y como consecuencia de las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre, que calificaron como “farsa”. Las nuevas medidas implican el bloqueo de todas las propiedades y posibles haberes de estas personas en Estados Unidos. Mientras que Canadá siguió los pasos de Estados Unidos al anunciar sanciones contra una docena de altos cargos vinculados a violaciones a los derechos humanos. "Canadá da la bienvenida a las acciones decisivas tomadas por sus socios internacionales, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, y continuará trabajando con ellos para obtener apoyo y presionar al régimen", afirmó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense.

    El mismo día, Reino Unido anunció sanciones contra ocho altos cargos del gobierno nicaragüense, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo, incluida la Vicepresidente de la República, tras la elección presidencial del 7 de noviembre. “La elección fue fuertemente criticada por el Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países, debido a los arbitrarios arrestos y detenciones de oponentes políticos, represión a los medios de comunicación independiente, y la forzada disolución de partidos opositores. Estas sanciones imponen prohibición de viaje y congelamiento de activos para aquellos particularmente responsables de socavar los principios democráticos y las instituciones nicaragüenses, cometiendo violaciones severas a los derechos humanos y promoviendo la represión contra la sociedad civil”, se lee en el comunicado oficial.

    Canal 21 y Radio Nexus, afectados tras elecciones

    El gobierno de Daniel Ortega canceló la licencia de operaciones a Enlace Canal 21 y a Radio Nexus, 89.5 FM, propiedad del reverendo Guillermo Osorno, excandidato presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), un día después de que el líder evangélico cuestionara los resultados electorales del 7 de noviembre y pidiera al gobierno celebrar nuevos comicios. Enlace Canal 21 funcionaba en el país desde 1991, junto a Radio Nexus, y era el único canal de televisión de la iglesia evangélica y sus distintas denominaciones. Tras el anuncio de la cancelación de la licencia, patrullas de la policía mantuvieron un asedio frente al edificio de la televisora.

    Al menos 70 periodistas nicaragüenses en el exilio

    Desde la revuelta social que sacudió al país en abril de 2018, al menos 70 periodistas nicaragüenses se han marchado al exilio, según un informe divulgado por el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien se ha exiliado en dos ocasiones en los últimos tres años. "Más de 70 periodistas, desde 2018 y en esta nueva ola (de arrestos contra dirigentes opositores y profesionales independientes) de 2021, han tenido que salir al exilio para poder seguir haciendo periodismo desde Costa Rica, Estados Unidos y España", puntualizó Chamorro, director del diario Confidencial y de los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche. "A pesar de la supresión de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, se sigue haciendo periodismo e informando con veracidad, aunque ahora los periodistas no tenemos fuentes, porque casi nadie o nadie puede atribuir la información que brinda o sus opiniones, y tenemos que cubrir sus identidades por temor a represalias", explicó.

    Asedio, allanamiento y detenciones en el marco de las elecciones en Nicaragua

    9 de noviembre de 2021

    Al menos 45 violaciones a la libertad de prensa, expresión y movilización se registraron durante el desarrollo de los comicios generales del 7 de noviembre, en los que, como se esperaba y de acuerdo a un cómputo oficial preliminar, Daniel Ortega y Rosario Murillo resultaron elegidos para gobernar el país por cinco años más a partir del 10 de enero de 2022.

    Las víctimas de las agresiones fueron, nuevamente, hombres y mujeres de prensa que cumplían con su trabajo y su derecho de recibir y transmitir información a la sociedad.

    Dos periodistas detenidos durante cobertura electoral

    Los periodistas Mileydi Trujillo y Elvin Daniel Martínez, del medio digital Masaya al Día, fueron detenidos por efectivos de la policía cuando se movilizaban para cubrir la jornada de votaciones en esa ciudad vecina a Managua, el 7 de noviembre.

    Los comunicadores fueron llevados a la estación policial de Masaya donde fueron interrogados y permanecieron por espacio de dos horas. Martínez dijo que efectivos policiales lo obligaron a vestirse con uniforme azul (de preso) y le tomaron fotografías.

    Asedio de paramilitares a periodistas frente a juntas

    Periodistas de diversos medios de comunicación y activistas de derechos humanos denunciaron que el gobierno utilizó a agentes de la policía y a elementos paramilitares para amedrentar e intimidar a los redactores y fotógrafos independientes que intentaban acercarse a los centros de votación el 7 de noviembre.

    El gobierno aseguró que junto a sus 232 “acompañantes electorales” (en su mayoría enviados por partidos y gobiernos afines al Frente Sandinista para refrendar los resultados de la elección), acreditó a 600 periodistas locales y extranjeros. Sin embargo, a los corresponsales de las principales agencias de noticias, televisoras y medios de Europa y de Estados Unidos, como Le Monde, CNN, The Washington Post y The New York Times, se les impidió ingresar al país.

    SIP pidió garantías a cobertura electoral

    Previo a los comicios, el 6 de noviembre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había pedido al gobierno de Nicaragua ofrecer garantías para la cobertura periodística de la jornada electoral.

    En un comunicado, la SIP advirtió que la represión en Nicaragua representa una amenaza para la actividad periodística, ante la negativa de admitir el ingreso al país de varios representantes de la prensa internacional.

    “Nos vemos obligados a responsabilizar a las autoridades nicaragüenses por cualquier incidente que pudiera ocurrir en detrimento de los periodistas y los medios de comunicación nacionales e internacionales durante el proceso electoral”, dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, en el mismo comunicado.

    Allanamiento a sede de empresa encuestadora

    Las oficinas de la consultora centroamericana Mercaplan en Nicaragua fueron allanadas la noche del 6 de noviembre por la policía, que detuvo a varios de sus empleados a quienes les decomisó computadoras, libretas y teléfonos móviles.

    Mercaplan es una firma consultora que trabaja en Centroamérica y el Caribe, y fue contratada para realizar un estudio de campo sobre el clima político preelectoral en distintas zonas de Nicaragua. Según denunciaron sus directivos, también fueron allanadas las casas de sus empleados, a quienes se amenazó con el cierre de la compañía.

  • La maquinaria del silencio a dos semanas de las elecciones en Nicaragua

    26 de octubre de 2021

    Premio Gabo 2021 al caricaturista nicaragüense Pedro X Molina

    El caricaturista e ilustrador Pedro X. Molina fue galardonado con el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2021, entregado por el Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez que lo consideró “uno de los comentaristas más persistentes e incisivos de los procesos contemporáneos de corrupción, avance del autoritarismo, retroceso de las libertades civiles y abusos contra los derechos humanos”. El acta del premio, que se dio a conocer el 21 de octubre, destaca que el trabajo de Molina, caricaturista de la publicación Confidencial, “se distingue por su delicadeza visual, por llevar aparejada una profunda reflexión sobre hechos que acontecen en Nicaragua, Centroamérica y otras partes, y al mismo tiempo por su hilarante irreverencia”.

    Prohíben ingreso a periodista de Le Monde

    El 20 de octubre se dio a conocer que autoridades nicaragüenses negaron la entrada al país al periodista Frédéric Saliba, corresponsal en México del diario francés Le Monde, apenas dos semanas antes de las elecciones del 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección y cuarto mandato consecutivo. Saliba, que tenía previsto volar a Managua el 18 de octubre, fue notificado un día antes que su boleto había sido cancelado por la aerolínea, justificando una decisión de las autoridades nicaragüenses por supuestas “razones migratorias”, según denunció Le Monde.

    Se exilia popular influencer que parodiaba a Rosario Murillo

    El joven comediante Denis Castellón, conocido en las redes sociales por el alias de “Locuín”, informó que se vio obligado a marchar al exilio tras conocer que enfrentaba amenazas de encarcelamiento por parte del gobierno. Castellón dijo que abandonó Nicaragua hace tres meses, luego de saber que su nombre se encontraba en una lista de las próximas personas que iban a ser detenidas. “Locuín” es conocido por sus videos virales en los que imita y ridiculiza a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.

    SIP condena acoso brutal a reporteros y medios en Nicaragua, Cuba y Venezuela

    La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó el 22 de octubre las resoluciones de su 77 Asamblea General sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela, en las que condena "la persecución policial y judicial" y el "encarcelamiento" de reporteros, así como los "ataques desmedidos" contra la libertad de prensa y de expresión en estos países. En el caso de Nicaragua, la Asamblea General de la SIP resuelve condenar al gobierno de Daniel Ortega por sus "ataque desmedidos contra la sociedad civil nicaragüense" y la libertad de prensa, a la vez que exige la devolución inmediata de las instalaciones del diario La Prensa, el más antiguo del país, "injustamente intervenido y saqueado por la Policía", así como la liberación de Juan Lorenzo Holmann, gerente general del rotativo.

    Nicaragua sufre “cóctel de la censura”

    Se deteriora la salud de Juan Lorenzo Holmann

    Tras 64 días de reclusión en la cárcel de El Chipote, el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, presenta serios problemas de la vista sin que hasta ahora las autoridades le hayan proporcionado la atención médica requerida, denunció su esposa, Chrystal Munguía.

    Munguía, que visitó a su esposo por segunda vez el 13 de octubre, dijo que Holmann ha sufrido desmayos y desde hace algunas semanas presenta una mancha oscura en su ojo derecho. Agregó que antes de ser encarcelado, el periodista había sido operado de cataratas y sufrió desprendimiento de retina, situación que se ha agravado debido al encierro en total oscuridad y en condiciones de higiene muy precarias.

    Reporteros Sin Fronteras sobre la prensa nicaragüense

    El director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, Emmanuel Colombié, declaró que en Nicaragua se ha instaurado un “cóctel de censura” contra los medios de comunicación independientes, e instó a la comunidad internacional a darle mayor visibilidad a la situación.

    “Observamos en Nicaragua un cóctel de censura organizado desde el gobierno, desde la propia Presidencia, y seguir informando en ese ambiente tóxico es extremadamente difícil”, dijo Colombié a la agencia española Efe durante una visita de tres días a Costa Rica, en la que se reunió con periodistas nicaragüenses en el exilio.

    Comentó que Nicaragua se ha convertido en “un campo minado” para el ejercicio del periodismo, especialmente desde la crisis política que comenzó en 2018. Esta situación se ha agravado en el marco del proceso que culminará con los comicios del 7 de noviembre, en los que Daniel Ortega buscará su tercera reelección consecutiva.

    Un país donde la gente tiene miedo de opinar

    Según la más reciente encuesta de la consultora chilena Latinobarómetro, los nicaragüenses son los latinoamericanos que demuestran más temor a expresar públicamente lo que piensan.

    Entre los ciudadanos de 18 países de América Latina, los nicaragüenses están menos dispuestos a expresar sus opiniones en público, incluso en la intimidad familiar. Un 67% de los encuestados afirmó que no suelen opinar públicamente sobre los problemas del país.

    Un 63% de consultados por Latinobarómetro consideró que expresar sus opiniones sobre los problemas del país podría traerles “consecuencias negativas. Esta autocensura es mucho mayor que en otros países autoritarios como Venezuela (45%), y supera el silencio de los ecuatorianos (62%), brasileños (61%), hondureños (61%) y guatemaltecos (57%), de acuerdo con el mismo sondeo.

    Reportan más de 100 nuevas agresiones a la libertad de prensa

    El diario La Prensa, ocupado por la Policía desde mediados de agosto pasado, reportó 104 casos de violaciones a la libertad de prensa en el mes de septiembre, hechos que han afectado a periodistas y medios de comunicación independientes.

    El total de casos documentados incluye a 15 víctimas (12 personas naturales y 3 medios de comunicación). Por noveno mes consecutivo y manteniendo la tendencia desde que inició la crisis sociopolítica de abril del 2018, en la mayoría de los casos (93,3%) los agresores son agentes estatales.

    Según el monitoreo y seguimiento de La Prensa, en lo que va del año 2021 se contabilizan 362 casos de violaciones a la Libertad de Prensa, cifra equivalente a 1,32 agresiones por día

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