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México: el asesinato del tercer periodista de prensa en Veracruz este año revela el fracaso de los mecanismos de protección

Thursday 28 July 2016 - 1:00am

MEXICO - Pedro-Tamayo-Rosas (veracruzinforma.com.mx)

27 de julio de 2016

Hoy, PEN International ha manifestado que las autoridades federales y estatales deben fortalecer sus programas para salvaguardar la vida de los periodistas en peligro tras el estremecedor asesinato de un periodista, supuestamente bajo la protección del gobierno de Veracruz. Pedro Tamayo Rosas, reportero independiente, es el séptimo periodista de prensa asesinado en México este año, y el tercero del estado de Veracruz.

“Me repulsa el asesinato de otro periodista en Veracruz —con mayor razón aún porque se sabía que Pedro Tamayo estaba en peligro y su seguridad había sido confiada a las autoridades estatales—”, dijo Carles Torner, director ejecutivo de PEN International.

“Esto tiene que cambiar. Las autoridades deben investigar de inmediato esta muerte, y todos los posibles vínculos entre esta y el periodismo de Tamayo. Deben encontrar una forma de hacer que estos programas de protección funcionen.”

Tamayo (43) recibió varios disparos por dos desconocidos frente a su casa en Tierra Blanca, Veracruz, a última hora del 20 de julio y murió de camino al hospital. Su mujer estaba presente cuando lo mataron.

El periodista escribía para el periódico regional El Piñero de la Cuenca y para el sitio web de noticias Al Calor Político, entre otros. Cubría sobre todo delitos, violencia y protestas sociales. Según los informes, también tenía una página de Facebook titulada En la línea del fuego, los riesgos de la noticia, en la que contribuía de forma anónima.

Tamayo se encontraba bajo protección policial después de recibir amenazas de muerte a finales de enero de este año, lo que había ocasionado que él y su familia tuvieran que abandonar temporalmente Veracruz. Se proporcionó protección a través de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas —CEAPP—, organismo creado por el gobierno del estado de Veracruz en 2012, pero, en principio, independiente.

Según los informes, las amenazas se produjeron tras la investigación llevada a cabo por el periodista sobre la desaparición de cinco jóvenes del estado de Veracruz en enero. Se sospechaba que podían haber sido secuestrados y asesinados por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Según consta, la policía fue responsable de entregar a los jóvenes al cartel y de las amenazas contra Tamayo.

Tras las amenazas, Tamayo y su familia salieron de Veracruz el 25 de enero y fueron finalmente reubicados por CEAPP en Tijuana, Baja California. Al cabo de unos meses, Tamayo decidió regresar a Tierra Blanca, donde continuó recibiendo protección de CEAPP por una patrulla de la policía regular. Según una fuente citada por el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la patrulla de la policía no se presentó el día que Tamayo murió, aunque el fiscal general del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo, lo ha negado. El CPJ también ha informado de que es probable que Tamayo trabajara como informante para la policía contra el crimen organizado, así que como periodista.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su consternación porque Tamayo haya sido asesinado a pesar de las medidas de protección que habían sido concedidas y a pesar del sistema de alerta temprana y los planes de emergencia para la protección de periodistas en Veracruz, creados por la Secretaría de Gobernación —SEGOB— en noviembre de 2015.

La Fiscalía General del Estado —FGE— y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en Contra de la Libertad de Expresión —FEADLE—, han abierto una investigación conjunta sobre el asesinato de Tamayo. FEADLE es la autoridad federal responsable de la investigación y persecución de los delitos contra la libertad de expresión, incluido el asesinato de periodistas.

La FGE ha declarado que no excluye ninguna línea de investigación, incluida la consideración de la labor periodística de Tamayo como posible motivo.

En una conferencia de prensa del 25 de julio, Bravo indicó que los presuntos asesinos habían sido identificados. También dijo que fue crucial el testimonio de unos 11 agentes de policía del estado que estaban presentes en la escena del crimen poco después de que Tamayo muriera, pero no hicieron comentarios sobre si había habido complicidad por parte de la policía.

Tamayo es el séptimo periodista de prensa asesinado en México este año, y el tercero en el estado de Veracruz. Anabel Flores Salazar, periodista de sucesos de El Sol de Orizaba, fue encontrada muerta el 9 de febrero, un día después de que fuera secuestrada en su casa en Orizaba, Veracruz. Manuel Torres, periodista independiente con experiencia, fue asesinado a tiros en Poza Rica, Veracruz, el 14 de mayo.

La muerte se produce menos de un año después del notorio asesinato del reportero gráfico de Veracruz Rubén Espinosa, que murió en Ciudad de México el 31 de julio de 2015, después de haber sido reubicado desde su estado debido a amenazas de muerte.

De acuerdo con la investigación de PEN International, al menos 14 periodistas de prensa escrita e internet han sido asesinados en Veracruz desde 2004, más que en cualquier otro estado; 11 de ellos han muerto desde 2010, año en que Javier Duarte se convirtió en gobernador del estado. Veracruz fue el estado con mayor incidencia de ataques a periodistas en los primeros cuatro meses de 2016, según un informe elaborado por Artículo 19.

Al menos 78 periodistas de prensa escrita e internet han sido asesinados en México desde 2004, según un estudio PEN International, mientras que otros 11 han desaparecido. Alrededor del 90 por ciento de estos casos siguen sin resolverse.

PEN International pide a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que reivindique su jurisdicción en el caso de Tamayo, para asegurarse de que se investiga debidamente cualquier posible vínculo entre el asesinato del periodista y su trabajo, así como todas las denuncias de complicidad en el crimen por parte de la policía.

PEN también pide a las autoridades federales y estatales que lleven a cabo una revisión exhaustiva de la eficacia de los mecanismos que han puesto en marcha para proteger a los periodistas, colaborando con los periodistas y los grupos de la sociedad civil. También les pide que aseguren de que estos cuentan con recursos adecuados.